Por: Cristina Bazán. 08/02/2026
El crecimiento de la criminalidad representa un riesgo particular para las mujeres, que son asesinadas en medio de la disputa entre bandas del crimen organizado, unos feminicidios que quedan invisibilizados en las cifras oficiales de muchos países de América Latina.
Uno de los casos más evidentes está en Ecuador, que en este 2025 vive su año más violento. Según datos de la Fiscalía, entre enero y el 16 de noviembre fueron asesinadas 678 mujeres, la cifra más alta desde que se tienen registros. Sin embargo, solo 49 de esos casos fueron catalogados como femicidios.
La cifra dista mucho de la recopilada por la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, que señala que hasta el 15 de noviembre se registraron 349 asesinatos de mujeres por violencia machista, 112 de ellos fueron íntimos o sexuales y al menos otros 224 asociados a hechos criminales.
«Para entender estos femicidios hay que analizar cada caso y eso no lo está haciendo el sistema de justicia y la Policía», dice a Efeminista Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, que lidera el monitoreo.
«En el momento en que levantan un cuerpo les llaman muertes colaterales o por sicariato (asesinato por encargo), pero creo que ahí se empieza a entretejer este discurso de que no importan esas muertes, porque se meten en un solo costal (saco), que es el costal de la violencia en general, pero como organizaciones decimos que esto es distinto», añade la activista.
Guerra afirma que los cuerpos de estas mujeres son usados «para marcar territorios, para dejar un mensaje clarísimo y aleccionador» en esas zonas que están en disputa entre los grupos delincuenciales.
Feminicidios ligados al crimen organizado
Un estudio de la ONU de 2024 sobre el impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes en Ecuador, ya alertaba que los casos de muertes violentas de mujeres que se tipifican como femicidios en el país andino son aquellos los perpetran las parejas o exparejas de las víctimas.
«De esta forma, se invisibilizan los femicidios no íntimos que suelen ocurrir en el contexto del crimen organizado y ejecutarse por un tercero ya sea que exista vínculo afectivo o no», señala el documento.
Estos feminicidios suelen ejecutarse como sicariato, perpetrados con particular saña y violencia contra los cuerpos, y entre los detonantes se encuentran los vínculos de las víctimas con miembros de organizaciones delictivas, los problemas internos de dichas estructuras o al tráfico de drogas, entre otros.
El estudio también revela que algunas mujeres son asesinadas a petición de sus parejas que están en prisión. «Los femicidas quieren hacer pasar el crimen como robo, como secuestro con muerte, como sicariato y son ellos mismos los que están pagando», denuncia Guerra.
Uno de los feminicidios relacionados al crimen organizado más estremecedores del último año en la región se dio el pasado 19 de septiembre en Argentina, donde fueron asesinadas Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15.
Las víctimas fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo para un grupo de hombres vinculados al narcotráfico, un crimen que desató protestas en varias ciudades.
En este país, las autoridades también hablan de una reducción de los feminicidios, algo que contrasta con los datos de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que denuncia un incremento de estos crímenes vinculados al narcotráfico y el crimen organizado (del 6 al 8 % respecto de 2024), lo que ha hecho más vulnerables a las jóvenes en contextos de desigualdad.
Feminicidios invisibilizados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en 2023 en un informe sobre el impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes de Honduras, El Salvador y Guatemala que los criterios para calificar la muerte violenta de mujeres como un feminicidio/femicidio requieren de información adicional que no todos los sistemas de registros recogen, como, por ejemplo, el carácter misógino del asesinato o la relación entre víctima y victimario.
«La CIDH ha observado que muchos de estos casos no son debidamente investigados en términos de establecer la identidad de los perpetradores y el móvil del delito, aunque muchos puedan parecer estar asociados al crimen organizado», mencionó.
En un informe similar pero centrado en Centroamérica, Colombia, México y República Dominicana, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que hasta el momento «no se trabajó el tema colateral del crimen organizado y muchos de estos feminicidios se están invisibilizando, y se ven como homicidios».
«No hay estudios detallados que permitan identificar el por qué del femicidio. Hace falta retomar datos de homicidios y determinar la diferencia entre el homicidio y un femicidio relacionando con el crimen organizado. No existen estudios de este tipo. No existen criterios claros», indicó el organismo.
Investigaciones por feminicidio
Por lo anterior, para la presidenta de la Fundación Aldea es vital que todos los asesinatos de mujeres se investiguen como femicidios desde el inicio y que no se descarte esta motivación durante el proceso penal.
Elizabeth Sandoval, quien hace parte del Equipo de Género de la dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía ecuatoriana, señala a Efeminista que en el país andino las investigaciones sí se realizan con perspectiva de género, pero que a veces no se logra «recabar la información suficiente para poder tener el tipo penal de femicidio».
La funcionaria afirma que en estos contextos existen dificultades con la colaboración de testigos o hay destrucción de información, pero que la Fiscalía busca judicializar los casos y tener una sentencia favorable, aunque no sea bajo la figura de femicidio.
Este no es solo un problema de Ecuador, ya que la CIDH asegura en su estudio que en los países del norte de Centroamérica más de la mitad de las muertes violentas de mujeres están registradas como con «motivo desconocido», llegando a representar el 85 % específicamente en El Salvador.
«En estos casos, se trata de muertes donde no hay suficiente información sobre el contexto, las circunstancias o móviles de las muertes, y en las que hay una intención deliberada de no dejar pistas o rastros de los asesinatos, una característica de algunos femicidios en contexto de crimen organizado», detalla la Comisión.
Por su parte, el PNUD señala que no todos los sistemas de registro de muertes violentas recogen los datos necesarios para clasificar un femicidio/feminicidio, por lo que «sin entrenamiento apropiado ni mejoras en la coordinación y homologación para tener un sistema estándar -al menos a nivel nacional entre las distintas instituciones de gobierno- resultará difícil mejorar estos registros, especialmente cuando el motivo es poco claro y se presta a interpretaciones subjetivas».
Guerra afirma que con esta situación, la Justicia está «simplificando» una realidad «que es compleja», lo que deja desprotegidas y sin una reparación adecuada a las familias de las víctimas.
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Fotografía: Efeminista