Por: Juan Francisco Torres. 22/01/2026
«La desconexión permanente entre el Ejecutivo y el mundo popular se profundizó a medida que el gobierno se rodeó de operadores de la clase política, tecnócratas y figuras más preocupadas de sostener equilibrios internos que de empujar cambios reales. El resultado ha sido una administración ensimismada, incapaz de leer el malestar persistente que atraviesa a amplios sectores de la sociedad chilena.»
La irrupción de la ultraderecha en Chile no es un accidente ni una sorpresa histórica. Como señala Juan Francisco Torres, es el resultado directo de un gobierno que llegó con un mandato de transformación y optó por administrar el modelo heredado. La administración de Gabriel Boric desperdició una oportunidad única al subordinar su acción política al consenso, al miedo a incomodar a los poderes económicos y a una moderación permanente que vació de contenido el proyecto que prometía cambios estructurales.
En el plano internacional, Torres advierte que el balance es igualmente preocupante: una alineación acrítica con la agenda de Estados Unidos, la OTAN y Occidente, junto a un silencio cómplice frente a las agresiones permanentes en el Caribe y la falta de una defensa clara de la soberanía regional. Esta debilidad se expresa también en la incapacidad del Ejecutivo para respaldar con firmeza a gobiernos latinoamericanos que buscan caminos autónomos, como el de Gustavo Petro, sometido a presiones externas por impulsar un proyecto propio de izquierda.
Cuando un gobierno renuncia a responder a demandas básicas como pensiones dignas, salud pública, vivienda y derechos laborales, el vacío político es ocupado por la derecha dura. Torres subraya que incluso las pocas medidas relevantes del período, como la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio, no surgieron de una convicción transformadora del Ejecutivo, sino de la presión sostenida del pueblo organizado. La lección es clara: las medias tintas no frenan a la ultraderecha, la fortalecen, y cuando la izquierda institucional abandona la disputa política, otros avanzan sin obstáculos.
La irrupción de la ultraderecha en el escenario político chileno no es un fenómeno espontáneo ni producto exclusivo de su propia fuerza. Es, ante todo, la consecuencia directa de un gobierno que desperdició una oportunidad histórica. La administración de Gabriel Boric no solo falló en cumplir las expectativas populares, sino que terminó facilitando el avance de los sectores más reaccionarios del país.
El proyecto que llegó a La Moneda prometiendo transformaciones profundas terminó, con el paso del tiempo, administrando sin pudor el mismo modelo que decía querer superar. La moderación permanente, el temor a incomodar a los poderes económicos y la obsesión por el consenso vaciaron de contenido político a un gobierno que nació al calor de la movilización social y de una esperanza colectiva largamente postergada.
En el plano internacional, el balance es igualmente desolador, una vergonzosa subordinación a la agenda de la OTAN, EEUU y Occidente, acompañado de un silencio cómplice frente al permanente asedio militar y político en el Caribe. A ello se suma la incapacidad del Presidente Boric para asumir una posición clara en defensa de la soberanía regional, incluso cuando permanentemente se ataca un líder latinoamericano como Gustavo Petro, que ha enfrentado presiones externas de EEUU por impulsar un proyecto político propio, autónomo y de izquierda.
Cuando un gobierno renuncia a responder a las demandas estructurales de las grandes mayorías como pensiones dignas, salud pública robusta, vivienda, seguridad social y derechos laborales, se abre inevitablemente un espacio que la derecha dura sabe ocupar con eficacia. No con soluciones reales, sino con discursos autoritarios, simplistas y cargados de resentimiento social. Lo más relevante de este gobierno fue, sin duda, la expropiación de los terrenos de la megatoma de San Antonio, una decisión que puede considerarse la acción más significativa de toda la administración. Sin embargo, no fue el resultado de una convicción política profunda del Ejecutivo, sino producto directo de la presión sostenida de las y los pobladores, de la organización territorial y de la movilización social a lo largo del país. Fue el pueblo organizado el que obligó al Estado a actuar, empujando al gobierno a tomar una decisión que, de otro modo, difícilmente habría adoptado.
La desconexión permanente entre el Ejecutivo y el mundo popular se profundizó a medida que el gobierno se rodeó de operadores de la clase política, tecnócratas y figuras más preocupadas de sostener equilibrios internos que de empujar cambios reales. El resultado ha sido una administración ensimismada, incapaz de leer el malestar persistente que atraviesa a amplios sectores de la sociedad chilena.
En política, los vacíos no existen. Cuando la izquierda institucional renuncia a disputar el sentido común, cuando abandona la pedagogía política y la confrontación democrática con el poder económico, ese espacio es rápidamente colonizado por la ultraderecha. Así se explica el reposicionamiento de figuras como José Antonio Kast, cuyo proyecto autoritario y antipopular se alimenta del desencanto y la frustración acumulada.
La historia reciente demuestra que las medias tintas no contienen a la ultraderecha, la fortalecen. Gobernar sin convicción transformadora no neutraliza a los sectores reaccionarios, sino que los legitima como alternativa ante una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.
Chile enfrenta hoy un escenario complejo, donde el retroceso no es una amenaza abstracta, sino una posibilidad concreta. La responsabilidad política de este momento no puede eludirse. La ultraderecha no llega sola, se le abre la puerta cuando quienes gobiernan deciden no cumplir el mandato popular que los llevó al poder.
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Fotografía: Revista de frente