Por: Marcelo Trivelli. 10/01/2026
En Chile, el principal obstáculo para acceder a menores precios de la electricidad ya no es técnico. Es político y regulatorio. Nuestro mercado eléctrico sigue estructurado para proteger a los grandes generadores, no para beneficiar al consumidor ni para aprovechar plenamente una transformación energética que ya es irreversible.
Durante décadas, el sistema ha estado de facto capturado por tres grandes actores de la generación: ENEL, Colbún y AES Andes. Estas empresas dominaron la generación convencional con tecnologías altamente contaminantes y frenaron por años la entrada masiva de las energías renovables no convencionales, advirtiendo supuestos riesgos para la seguridad del sistema que la evidencia internacional terminó desmintiendo. Hoy, cuando la solar y la eólica son las fuentes más baratas de generación y Chile posee condiciones excepcionales, esos mismos actores se oponen a abrir el mercado eléctrico al consumidor final. El libreto es el mismo: antes era “peligroso” incorporar renovables; ahora es “riesgoso” permitir la competencia. Las consecuencias, dicen, afectarían el empleo y no permitirían recuperar inversiones. En rigor, lo que está en juego es la pérdida de rentas protegidas.
El cierre progresivo de las centrales a carbón —finalmente inevitable por razones ambientales, económicas y sanitarias— marca el fin de una era. A ello se suma que las centrales a gas, que durante años fueron presentadas como “energía limpia” o “de transición”, comienzan también a perder sentido económico y ambiental frente a renovables más baratas y a sistemas de almacenamiento cada vez más competitivos. Incluso las grandes centrales hidroeléctricas, históricamente el pilar del sistema, han ido perdiendo vigencia: su alto impacto ambiental, los largos plazos de construcción y la creciente incertidumbre climática las vuelven menos atractivas frente a soluciones modulares, distribuidas y flexibles. El abandono de grandes proyectos hidroeléctricos es prueba palpable de ese cambio de paradigma.
Pese a esta transformación estructural, el consumidor chileno sigue siendo un rehén. No puede elegir quién genera la electricidad que consume, no puede optar por energía 100 % renovable ni cambiar de proveedor por precio o calidad. Está atrapado en un esquema heredado del siglo pasado, cuando la concentración parecía sinónimo de estabilidad. En contraste, en países como Australia y en otros mercados desarrollados, los hogares eligen su proveedor eléctrico del mismo modo que hoy eligen una compañía telefónica. La competencia redujo precios, aceleró la innovación y multiplicó las ofertas de energía limpia.
Australia ofrece además una señal reveladora del futuro: en horas de alta radiación solar, algunas comercializadoras entregan electricidad gratuita para maximizar el uso de la generación renovable y evitar vertimientos. Cuando la energía sobra y su costo marginal se acerca a cero, el sistema eficiente no la restringe: la usa. En Chile, en cambio, seguimos discutiendo cómo “contener” a las renovables cuando producen demasiado, protegiendo contratos rígidos y estructuras diseñadas para otro tiempo.
Desde la teoría económica y la experiencia comparada, solo hay dos segmentos donde el monopolio se justifica: transmisión y distribución. Son monopolios naturales, intensivos en infraestructura. La generación ya no lo es. Hoy es diversa, descentralizada y competitiva. Protegerla como si fuera un monopolio natural no garantiza seguridad: garantiza concentración.
Un mercado eléctrico abierto y competitivo traería más innovación, presionaría a la baja las tarifas y permitiría a Chile atraer inversiones intensivas en uso de electricidad: data centers, hidrógeno verde, electromovilidad e industria digital. La energía barata y limpia puede ser una ventaja estratégica, pero solo si dejamos de administrarla como un privilegio de pocos.
La disyuntiva es clara: seguir protegiendo a las generadoras tradicionales o habilitar un futuro centrado en el consumidor. Para quienes decimos creer en el mercado, el desafío es evidente: enfrentar el lobby regulatorio, reducir la captura, enfrentar la corrupción y devolverles a las personas el poder de elegir.
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