Por: José Luis Ortega Vidal. Columna: CLAROSCUROS. 03/12/2025
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La “renuncia” o salida forzada de Alejandro Gertz Manero de la FGR también se vincula con la reforma legal impulsada en el Congreso de Veracruz –donde el titular de la Junta de Coordinación Política es el profesor y diputado Esteban Bautista Hernández-, para que el gobernador (a) en turno pueda hacer cambios a su criterio en la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
El próximo año, una vez cubierto el protocolo jurídico, la gobernadora Rocío Nahle pedirá la renuncia de Verónica Hernández Giadans y propondrá su relevo; lo cual ocurrirá sin problema alguno pero bajo la supervisión y –de ser necesario- la autorización de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El visto bueno desde la ciudad de México no obedecerá a normas legales sino a razones políticas, desde el nuevo escenario de poder…
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Las fiscalías independientes se terminaron y la salida nada decorosa de Alejandro Gertz Manero marca la pauta aunque tal condición ya venía ocurriendo en varios estados; antaño a los políticos defenestrados les decían te me vas a “la chingada” y ahora les dicen te me vas a “la embajada”…
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El asunto, no obstante, va más allá de la intervención directa del poder ejecutivo en la procuración de justicia y nos remite a un nuevo modelo que se impondrá el resto del sexenio: la coordinación central del combate al crimen organizado desde la capital del país bajo un esquema de comunicación y estrategia que sume todas las fuerzas del Estado; las militares, las civiles, a las fiscalías federal y estatales.
Al frente del plan queda la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confía totalmente en su brazo derecho Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
Desde las mesas de seguridad que operan desde hace varios años, se aplicarán las nuevas reglas del juego que más allá del derecho son y serán impulsadas de hecho.
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La política de abrazos no balazos escuchó su réquiem en el momento que se transmitió el video de las gallinas y el pavorreal de la chingada -allá en Palenque- el domingo pasado.
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La nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, llega con la orden de vincular planes de trabajo y estrategias de procuración de justicia con las fiscalías de las treinta y dos entidades federativas.
Otro punto clave de la nueva ecuación para combatir delitos federales bajo responsabilidad de la FGR, así como delitos del fuero común a cargo de fiscalías estatales pero con una misma red de inteligencia de seguridad, lo constituye la incorporación al equipo de Godoy de personajes propuestos por Omar García Harfuch.
César Oliveros Aparicio, Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), así como Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), forman parte del equipo cercano al titular de la SSPC y están adscritos a la FGR.
El pasado cuatro de agosto fue nombrado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares.
La UIF forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que Reyes Colmenares es parte del equipo del cada día más poderoso García Harfuch.
Durante los primeros diez meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP estuvo Pablo Gómez Álvarez, uno de los muchos alfiles heredados por Andrés Manuel López Obrador.
Desde agosto a Gómez Álvarez se le envió a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
De modo que entre agosto y noviembre fueron removidos dos alfiles clave de AMLO -uno en la UIF de la SHCP y otro en la FGR- para colocar operadores de toda la confianza de la presidenta Sheinbaum y de García Harfuch.
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En el sur de Veracruz la mano de Omar García Harfuch ha formado parte de acciones policiacas destacadas bajo contextos de combate a la delincuencia y escenarios de violencia, así como crímenes políticos que escalaron a nivel nacional e internacional.
La ubicación y clausura de una mini refinería clandestina en Coatzacoalcos –durante junio del 2025-, es un ejemplo de ello.
El 29 de enero de este año, en el rancho “El Capricho” ubicado en la comunidad Nazareno, municipio de Santiago Sochiapa, Veracruz, ocurrió un enfrentamiento a balazos con saldo de tres civiles y un policía muertos.
El dueño del lugar y dos acompañantes murieron bajo las balas oficiales y por parte del gobierno cayó un guardia adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Aquel operativo mortal fue parte de las investigaciones por la desaparición de la activista y defensora de los derechos humanos de origen mixe, Sandra Estefanía Domínguez Rodríguez, así como su esposo Alexander Hernández, ocurrida el ocho de octubre del 2024 en María de Caso Lombardo, municipio de Oaxaca.
Las pesquisas condujeron a territorio veracruzano y el 24 de abril del 2025 los cuerpos sin vida de la pareja fueron encontrados en una fosa clandestina en el camino de terracería que conduce de La Ceiba a Unión Progreso, municipio de Santiago Sochiapa.
La noche del domingo once de mayo, en la población de Texistepec –en el istmo veracruzano- ocurrió una masacre donde asesinaron a la candidata de MORENA por la alcaldía, Yesenia Lara Gutiérrez, así como a cuatro seguidores e integrantes de su equipo de campaña.
El gobierno federal intervino, la SSPC envío policías, la FGR canalizó fiscales y el martes trece de mayo se detuvo a Domingo Flores Álvarez –líder político local- como presunto autor intelectual del quíntuple crimen.
Jurídicamente este caso no ha concluido, pero la huella de Omar García Harfuch quedó fija en la memoria política y de poder en Veracruz.
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La mano de Claudia Sheinbaum se extiende hasta Palenque y pasa por Veracruz; su poder mezcla decisiones del ámbito político cuyo aterrizaje sacude escenarios diversos, incluidos los de seguridad en los niveles municipal, estatal y federal.
Fotografía: Proporcionada por el Autor del Artículo