Por: Isabel Ortega. La Silla Rota. 03/12/2025
En sesión nocturna, diputados locales validaron la reforma a la Constitución de Veracruz, mediante la cual se modificó el proceso de designación y el periodo de la o el fiscal del Estado, devolviendo a la gobernadora Rocío Nahle la atribución de nombrar al próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La reunión de trabajo inició con media hora de retraso y, tras una hora de posicionamientos a favor y en contra, se aprobó la reforma con 42 votos de diputados de Morena, Verde, Partido del Trabajo y Adrián Ávila de MC y cinco en contra.
Desde tribuna, el partido oficial y sus aliados defendieron que la reforma no representa un retroceso. Argumentaron que otorgar al Ejecutivo la posibilidad de proponer al fiscal evita que la FGE quede acéfala y que, al reducir el periodo, las personas titulares estarán obligadas a entregar resultados a corto plazo, con la idea de ser ratificado en el cargo.
En la sesión nocturna se ausentaron los diputados Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez y Enrique Cambranis Torres.
Diputada de Morena reconoce que la reforma es “un traje a la medida”
Al anunciar su voto a favor, la diputada Ingrid Calderón afirmó que la Cuarta Transformación requiere una Fiscalía que no solo persiga delitos de oficio y ofrezca cifras, sino que también comprenda el contexto social, procure justicia y aplique perspectiva de género.
“Estamos eliminando los vicios pasados, simplificando los procesos que eran inoperantes y burocráticos para asegurar la continuidad inmediata de la procuración de justicia en Veracruz. Veracruz merece un sistema justo, digno, imparcial, capaz y que entregue resultados efectivos, en un tiempo concreto y menor”.
Señaló que, al involucrar al Ejecutivo y al Legislativo en la renovación del Fiscal, se garantiza que el perfil designado comparta la visión de cultura de paz respaldada en las urnas. Añadió que este dictamen busca fortalecer la estrategia de seguridad del gobierno estatal.
“Este dictamen es una herramienta para que la estrategia de paz de nuestra gobernadora sea una realidad tangible en cada rincón de Veracruz, desde el norte y hasta el sur, para que todos los veracruzanos nos sintamos seguros”.
Diputados de MC se contradicen en su postura
El primer legislador en subir a tribuna fue Adrián Ávila Estrada, de MC, quien aseguró que la reforma constitucional es viable y recordó que, desde diciembre, cuando se planteó modificar el plazo de permanencia del fiscal, su bancada adelantó su voto a favor.
“El modelo propuesto no solo es viable, sino que representa un avance en la procuración de justicia en Veracruz, replicando el modelo federal y el de entidades como la Ciudad de México”, señaló.
Dijo que una “novedad” es que la gobernadora podrá enviar hasta dos propuestas al Congreso, que podrá aprobarlas o rechazarlas por mayoría como mecanismo de control. Si ninguna es aprobada, la titular del Ejecutivo podrá designar de manera directa al próximo fiscal para “desbloquear cualquier freno político”.
Aunque Ávila Estrada manifestó su respaldo, su compañera de bancada, Elena Córdova, se pronunció en contra. Consideró que, al igual que ocurrió con el Poder Judicial, ahora se pretende modificar de fondo a la Fiscalía.
Señaló que la propuesta original buscaba corregir deficiencias, pero que las comisiones dictaminadoras retiraron requisitos relevantes, como no haber ocupado un cargo de representación popular o un puesto en una dirigencia partidista en el año previo.
“Por arte de magia las comisiones dictaminadoras quitaron requisitos importantes, como no haber ocupado un cargo de representación popular o un cargo en una dirigencia, un año antes. Generando la percepción que es un traje a la medida”.
Cuestionó que se establezca como requisito cinco años de experiencia profesional, cuando a nivel nacional se exigen diez. Indicó que la reforma otorga al Ejecutivo un amplio margen de decisión, “se le otorga un cheque en blanco”.
Veracruz Nos Une y PAN votan en contra
La diputada Montserrat Ortega Ruiz, de Veracruz Nos Une, adelantó el voto en contra de su bancada, al señalar que la reforma altera el equilibrio institucional al ampliar las facultades del Poder Ejecutivo para nombrar o remover al fiscal general, debilitando la autonomía de la FGE.
Afirmó que la autonomía de las fiscalías es fundamental y que distintos organismos internacionales han advertido que fiscalías dependientes del poder público pueden derivar en riesgos para el acceso a la justicia, la debida investigación de los delitos y la protección de víctimas.
La diputada del PAN, Indira Rosales San Román, dijo que la Fiscalía debe mantener su autonomía, ya que su titular no puede ser juez y parte. Señaló que un fiscal subordinado al Ejecutivo no investigaría posibles irregularidades del gabinete.
“Hoy estamos legalizando que el fiscal del Estado sea un empleado del gobernador en turno (…) ¿por qué queremos que la gobernadora sea la única que tenga la facultad de nombrarlo?”, cuestionó. Recordó que, hasta este martes, la facultad correspondía al Congreso, que representa a la ciudadanía.
Añadió que es cuestionable que la propuesta contemple que la gobernadora envíe dos ternas y que, en caso de rechazo, pueda designar de manera directa. Consideró que la titularidad de la FGE debería integrarse a los nombramientos de gabinete, como ocurría previamente.
PT justifica su voto a favor
El diputado Ramón Díaz Ávila, del PT, sostuvo que reducir el periodo del fiscal a cuatro años, con posibilidad de reelección, permitirá enfrentar mejor los retos del nuevo sistema judicial.
“La propuesta deja atrás un modelo estático y obligatorio transexenal de nueve años para propiciar un sistema funcional, evaluable y sujeto a rendición de cuentas, con posible ratificación por un segundo periodo”.
Argumentó que un periodo más corto incentiva la eficiencia, pues las personas titulares tendrán un horizonte inmediato que podría derivar en su ratificación, a diferencia de un cargo de nueve años.
¿Qué dice el dictamen?
- Artículo 33: el Congreso votará el nombramiento del fiscal por mayoría calificada, a propuesta del Ejecutivo.
- Artículo 49: se convierte en atribución de la gobernadora proponer, remover y ratificar al titular de la FGE, notificando al Congreso.
- El Congreso deberá resolver la propuesta en un plazo de cinco días hábiles; si no se pronuncia, se entenderá aprobada.
- En caso de rechazo, la gobernadora enviará una segunda propuesta bajo el mismo procedimiento. Si no se valida, el ejecutivo podrá nombrarlo directamente.
- La persona titular de la FGE podrá ser removida por causas graves; el Congreso podrá objetar la remoción con la misma votación requerida para su nombramiento.
- El cargo durará cuatro años, con posibilidad de reelección por un periodo adicional de igual duración.
Ahora, el Congreso cuenta con 120 días para reformar la Ley Orgánica de la FGE. Y los cabildos deberán validar la reforma; se requiere la aprobación de la mitad más uno (107).
Fotografía: Lasillarota