Por: Paula Ballesty. 01/11/2025
En una misma semana, se registraron 12 femicidios en cinco días y la periodista Felicitas Bonavitta fue amenazada con “ser descuartizada” en redes por un trabajo periodístico. Las consecuencias reales de la falta de políticas públicas con perspectiva de género y la legitimación de los discursos machistas desde las altas esferas del poder.
En la Argentina contemporánea, la violencia machista ya no se oculta. Se despliega con brutalidad en las
estadísticas, en los cuerpos, en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales y, lo más grave,
en el discurso de los funcionarios del gobierno de Javier Milei.
En los últimos meses, la cifra de femicidios ha retomado su escalada y, aunque desde el poder se intente
invisibilizarla, la violencia de género se expande bajo un paraguas discursivo que la habilita y la legitima.
Desde la asunción de Milei, el Estado argentino dejó de cumplir un rol de protección para transformarse
en un reproductor de discursos de odio que encuentran su blanco predilecto en el feminismo y en las mujeres que
ocupan el espacio público con voz propia. No es casual, es un fenómeno estructural.
La estrategia de disciplinamiento como política de Estado: ¿Negacionismo o apología de la misoginia?
La violencia machista no ocurre en el vacío. Responde a un contexto que la recrudece y retrotrae a viejas
épocas. En este caso, a una reconfiguración del poder político en la que el feminismo ya no es combatido sólo
desde los márgenes reaccionarios, sino desde el corazón mismo del Estado. Desde la Presidencia, desde los
ministerios vaciados de políticas de género, desde las declaraciones de funcionarios que estigmatizan y justifican
los femicidios, alentando la misoginia. Más que negacionismo, es apología del patriarcado.
Asimismo, el presidente Milei ha declarado abiertamente su desprecio por el movimiento de mujeres y
diversidades, lo considera una “ideología” que “exagera” los datos de violencia. En su lógica, el feminismo es un
obstáculo para la libertad de mercado.
No importa que cada 29 horas una mujer sea asesinada. Importa, sí, consolidar una narrativa que deslegitime
cualquier forma de organización colectiva que cuestione las estructuras del poder patriarcal. Porque allí la
libertad de mercado y el capitalismo salvaje encuentran su máximo esplendor.
Así se construye una retórica oficial que relativiza la violencia y la transforma en algo anecdótico, cuando no,
justificable. Una retórica que permea los medios, las redes y las instituciones. En ese escenario, los cuerpos
disidentes -los que denuncian, los que incomodan, los que no se callan- se convierten en objetivos.
Una amenaza con nombre propio
En este contexto se inscriben las amenazas dirigidas a la periodista Felicitas Bonavitta, reconocida
comunicadora y voz firme de la am530 Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Bonavitta
ha sido blanco de amenazas explícitas de “descuartizamiento” y violencia, no solo por el contenido de su
trabajo periodístico referido a la diputada libertaria Lorena Villaverde, sino por el contenido político de sus
editoriales y su decisión de no retroceder frente a una agenda de ajuste, violencia machista y discursos de
odio del gobierno nacional. Pero también por ser mujer, y una mujer que, además tiene voz propia.
Las amenazas digitales que implican violencia mediática a mujeres alcanzan un vasto universo de periodistas,
conductoras, militantes, dirigentas identificadas por algo en común: son mujeres que visibilizan las políticas
crueles ejecutadas contra los sectores más desprotegidos desde el aparato del Estado y denuncian los discursos
de misoginia y machismo.
No se trata de un hecho aislado. Es un síntoma, de un sistema de disciplinamiento que busca apagar las voces
críticas, sobre todo si esas voces son femeninas, comprometidas y molestas al poder real.
De la misoginia simbólica a la violencia concreta
La violencia contra las mujeres en la Argentina no sólo se expresa en su forma física más brutal: el femicidio.
También lo hace -y a menudo comienza- en las formas más invisibles, naturalizadas y persistentes de
exclusión. Entre ellas, se encuentran la deslegitimación, el desplazamiento de los espacios de poder, la
desvalorización solapada, el no reconocimiento del aporte del género en diferentes disciplinas, el menosprecio
de las tareas del hogar, la violencia económica, por mencionar sólo algunas.
En este contexto, la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no fue un gesto de austeridad,
sino una declaración de principios. La misoginia, como el ajuste, no viene sola. Avanza con presupuesto cero,
con desmantelamiento de políticas públicas, con negación de derechos conquistados a lo largo de décadas de
lucha.
La violencia es estructural, pero también discursiva. Y hoy, el Estado nacional es su principal vocero. Desde los
máximos niveles del gobierno se repite un mensaje que desvaloriza las conquistas del movimiento feminista,
banaliza la violencia de género y disciplina con un “darwinismo social” en el que solo sobreviven quienes no se
quejan.
Sororidad frente al terror: el poder de las que no se callan
Ante este escenario, lo que el gobierno de Milei no parece entender -o subestima con arrogancia- es lapotencia histórica del movimiento de mujeres y disidencias. No es una moda. No es una ONG. Es una
construcción política de décadas, que ha demostrado ser la más persistente, transversal y movilizadora de la
democracia argentina. Las amenazas, los discursos de odio y los atroces femicidios no la desmoralizan, al
contrario: la refuerzan. Porque cada ataque, cada intento de silenciamiento, cada acto de odio es respondido
con organización, con denuncias públicas, con redes de cuidado, con presencia en las calles. Sabemos que
no somos números o estadísticas frías. Somos las abuelas, las madres, las hijas, las hermanas, las compañeras,
las amigas, las que seguimos a pesar de este tiempo que nos resulta cada vez más inhóspito.
La sororidad, lejos de ser un eslogan, es una práctica política que se fortalece en la adversidad. Y hoy, como
nunca, es una herramienta de resistencia frente a un gobierno que quiere hacer retroceder décadas de avance
en derechos humanos, justicia social e igualdad.
¿Libertad para quién?
En nombre de una supuesta libertad, se desmantelan programas, se clausuran instituciones y se acallan voces.
Pero la libertad no puede construirse sobre los cuerpos y los silencios de las mujeres. No puede haber libertad
en un país donde periodistas son amenazadas de muerte, donde las víctimas de violencia son desoídas, donde
se relativiza la existencia misma de la desigualdad de género.
El gobierno de Javier Milei no está exento de responsabilidad frente a los femicidios. Es responsable, por acción,
por omisión, por retórica y, sobre todo, por ideología.
(*) Abogada (miembro de Abogadas Justicialista)
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Fotografía: Hamartia