Por: Norberto Soto Sánchez. 23/11/2025.
Una nueva etapa del movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Sinaloa ha iniciado desde el pasado 29 de octubre en que se llevó a cabo la elección de consejeros técnicos y universitarios.
Dicho proceso electoral, según señalan estudiantes, estuvo marcado por la ilegalidad, la controversia y la opacidad. De entrada, la Ley Orgánica de la UAS aprobada el 2 de octubre de 2024 establece, en su artículo 23, que “la convocatoria para elegir a los integrantes del H. Consejo Universitario se expedirá con treinta días naturales de anticipación a la fecha de la jornada electiva” (https://cutt.ly/0tqKWva8), sin embargo, dicha convocatoria fue publicada el 14 de octubre (https://cutt.ly/JtqKEqkY), es decir, solo 15 días antes de las elecciones.
A esto se suma, según fuentes estudiantiles, que, si bien la convocatoria fue publicada en el sitio web oficial de la UAS, su difusión fue bastante limitada. Además de esta violentación a la Ley Orgánica, durante el proceso de registro de las planillas, rectoría, encabezada por Jesús Madueña Molina, giró la orden a las direcciones de todas las preparatorias, escuelas y facultades, de que garantizaran la participación única y exclusivamente del oficialismo, marginando a las planillas opositoras/democráticas.
Para ello las direcciones manejaron los horarios de registro a capricho: según el punto IV de la Convocatoria, ello estaba establecido para “el viernes 24 de octubre de 2025, en un horario que comprenda entre 09:00 a 17:00 horas”, empero, el cierre del mismo en algunas de las facultades y escuelas ─donde hay mayor descontento y se ha ido gestando un proceso de organización democrática durante los últimos años- acaeció entre las 12 y las 13 hrs, imposibilitando la participación de las y los opositores a rectoría. El enorme control que tiene el rector Jesús Madueña Molina se da a través de una estructura antidemocrática, un cacicazgo, que se formó en dicha universidad desde hace más de 20 años.
Hasta el 25 de julio de 2024, esa estructura estuvo dirigida por Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la UAS (2005-2009) que se erigió como cacique incluso desde antes de asumir las riendas de la universidad formalmente, al menos desde el rectorado de Gómer Monárrez González (2001-2005), administración en la que Cuén fue nombrado titular de la Dirección de Bienes e Inventarios, puesto desde el que comenzó a ejercer un control fáctico que lo llevaría a rectoría y de ahí a implementar contrarreformas a la Ley Orgánica universitaria: la primera, llevada a cabo durante su administración formal mediante el decreto 389, publicado el 7 de agosto de 2006, con el que se le quitó a la comunidad universitaria el derecho al voto universal para elección de autoridades; la segunda, a través del decreto 459 publicado el 10 de febrero de 2010, con la que se derogaba el artículo 70 de la Ley Orgánica 2006 el cual establecía que “los egresados y trabajadores pensionados son integrantes honoríficos de la comunidad universitaria”, dicha derogación tenía como objetivo cancelar cualquier posibilidad de participación de dichos sectores en la discusión del rumbo de la universidad, y, en el caso de las y los pensionados ─un segmento universitario que, por su combatividad forjada en las luchas universitarias de los 1970’s y 1980’s, siempre le ha incomodado al cacicazgo- también tenía el cálculo de eliminarlos, en el plano simbólico, como parte de la comunidad universitaria; finalmente, la tercera, efectuada con la publicación el 16 de agosto de 2013 del decreto 945, con el que se modificó el artículo 32 de la Ley y se permitió la reelección en automático del rector, siempre que este lo solicitase al Consejo Universitario, pudiendo durar hasta por dos periodos de cuatro años cada uno.
Si bien los cacicazgos se sostienen eminentemente en una dimensión fáctica, en el caso de estos fenómenos en el plano universitario, requieren también de un componente formal que les dé cierta plataforma de legalidad a partir de la cual operar de manera más amplia, con mayor certidumbre, en lo fáctico: en el caso del cacicazgo cuenista, estas contrarreformas le permitieron establecer un marco jurídico-normativo que ampliara sus intervenciones factuales. Fueron el sustento que le permitió a Cuén consolidar el secuestro y saqueo a una institución pública educativa de niveles medio superior y superior con una comunidad que ya desde entonces superaba los 130 mil integrantes (hoy asciende a más de 170 mil), y con un presupuesto que, para finales de año, con todo y sus habituales solicitudes de recursos extraordinarios a la Federación y el Estado, ya superaba los $ 7 mil millones de pesos.
Se trató, pues, de políticas conscientes para garantizar el usufructo y despojo de una institución pública y sus recursos ─que provienen de lxs contribuyentes; quienes aportan con mayor sacrificio son la clase trabajadora, sectores populares y comunidades indígenas- por parte de un cacique y su grupo político, en este caso, Héctor Melesio Cuén Ojeda y la dirigencia del derechista Partido Sinaloense, instituto de representación electoral ─en los hechos, su partido político familiar- que creó en agosto de 2012 mediante la violencia extrema y el clientelismo que ejerció en la UAS.
Al imponer estas contrarreformas como políticas conscientes para el hurto y usufructo parasitario de bienes públicos hay una laceración a la sociedad y, en especial, a sus sectores más vulnerables. Por ello no es descabellado decir que estamos ante crímenes sociales. Melesio era un criminal en ese sentido, igual que lo son su familia, los Cuén Díaz, el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, y otros dirigentes pasistas y autoridades universitarias como Víctor Antonio Corrales Burgueño, José Carlos Aceves Tamayo, Arnoldo Valle Leyva, Robespierre Lizárraga Otero, Rafael Mendoza Zatarain, Miguel Ángel Díaz Quinteros, María del Rosario Sánchez Zatarain, Soila Maribel Gaxiola Camacho, y algunos otros cabecillas de este grupo.
Pero su dimensión criminal no se agota ahí. Este cacicazgo ha tenido una característica muy particular: su vínculo con las estructuras de las industrias criminales de Sinaloa productoras y traficantes de sustancias psicoactivas ilegalizadas, las mismas que tienen responsabilidad, junto al Estado, en el asesinato y desaparición de miles de personas. De hecho, la dirección del cacicazgo por parte de Cuén Ojeda solo termina hasta que es ejecutado en la fecha mencionada, tras haberse reunido con el que a nivel mediático es considerado el capo más grande en la historia del narcotráfico en México: Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.
Lo que pasó ese día es conocido: ‘El Mayo’ resultaría aprehendido en extrañas circunstancias. Hay múltiples versiones, aunque las narrativas oficiales al norte y sur del Río Bravo coinciden en que fue un supuesto secuestro realizado en la reunión en cuestión y que derivó en la captura de ‘El Mayo’ en Estados Unidos. Más allá de los discursos y los relatos de los periodistas y medios de comunicación “mainstream”, el suceso tiene un tufo a operación encubierta (las llamadas “black ops”) de la Agencia Central de Inteligencia del imperialismo estadounidense cuya naturaleza real, alcances e implicaciones siguen siendo un misterio.
Unas semanas después, el 10 de agosto de 2024, Los Angeles Times publicó una misiva firmada por Ismael Zambada donde se refería a Cuén como un “viejo amigo” suyo. El periodista Luis Chaparro asegura que no solo eran amigos, sino que eran compadres (véase https://cutt.ly/etttNA53). El vínculo de la familia Cuén con estas actividades, ubicadas en las zonas crepusculares de los estados mexicano y norteamericano, nos remite hasta el auge de la producción de opio que se vivió en Sinaloa en la primera mitad de la década de los 1940’s, cuando el abuelo de Cuén Ojeda, Melesio Cuén Cázares, emergió como uno de los grandes narcocaciques de Badiraguato. Si tomamos en cuenta que ‘El Mayo’ Zambada supuestamente nació en 1948, entonces podemos decir que algunos de los Cuén figuran de manera destacada en el negocio de la droga desde antes que ese gran capo hubiese nacido. Tienen tiempo en las “grandes ligas” del crimen organizado.
El cacicazgo cuenista, desde su emergencia, contó con una red de comunicadores regionales que siempre estuvieron dispuestos a lavarle la cara y a victimizarlo en aquellos momentos en que Melesio quedara bajo el escrutinio de sectores críticos de la sociedad y la prensa local a razón de los recurrentes escándalos que provocaban los abusos que cometían él y su familia, así como el desvío de recursos multimillonario que generó junto a su grupo político en la UAS durante tantos años. Se trata de comunicadores que criminalizan la lucha social y defienden criminales.
Criminalizadores de la lucha universitaria por democracia y defensores de criminales
De esa red de comunicadores al servicio del cacicazgo probablemente el más destacado sea Álvaro Aragón Ayala, un “periodista” que ha dedicado su quehacer profesional (si así se le puede llamar a lo que hace) durante los últimos 20 años a defender a Cuén mediante la difamación y criminalización de estudiantes, trabajadores y docentes (activos y jubilados) que hemos luchado por la democratización de la UAS y por la defensa de nuestros derechos laborales y humanos.
La nueva Ley Orgánica de la UAS devolvió a la comunidad universitaria el derecho al voto universal para elegir autoridades. Dicha restitución no fue un regalo ni del poder legislativo local ni de los gobiernos estatal de Rubén Rocha Moya o de los federales de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo ─como algunos quieren presentarla-, sino que fue una conquista del movimiento universitario democrático que luchó durante 20 años. Ese proceso de lucha tuvo momentos críticos durante los dos últimos años antes de la aprobación de la Ley.
En 2023, por ejemplo, el Movimiento Democrático Estudiantil (MDE) ─una de las organizaciones disidentes de la UAS- fue objeto de una feroz persecución y criminalización por parte de autoridades universitarias. Como era de esperarse, Álvaro Aragón participó escribiendo desde su página de noticias, “Voces Nacionales”, notas en las que acusaba a estudiantes democráticos, sin ningún sustento, de ser “punteros del narcotráfico y distribuidores zonales de droga” (https://cutt.ly/uttywGZS).
Hoy Álvaro, de nuevo sin fundamento, desde su misma página, acusa a un abogado democrático que defiende a pensionadas y pensionados UAS agredidos por el cacicazgo, de estar relacionado en el asesinato de un periodista. No es de sorprender que Aragón haga este tipo de señalamientos desproporcionados y espectacularmente inverosímiles: en 2021 medios que se relacionan con él acusaron a quien escribe estas palabras de estar relacionado con el asesinato de Enrique Ávila Castro, quien fue director de Asuntos Jurídicos UAS a principios de la administración de rectoría de Cuén Ojeda en 2005 ─la página de internet en cuestión fue borrada, por supuesto, hice múltiples respaldos de ella, por cualquier agresión que pueda escalar, tomando en cuenta que este cacicazgo intentó desaparecerme de manera forzada en octubre de 2018 (parte de esa historia está aquí https://cutt.ly/jttyxKNL). Cuando aconteció el asesinato de Enrique yo era un preparatoriano despolitizado de 15 años del municipio de El Fuerte, Sinaloa. Poco importa eso, Álvaro y su red de criminalización igual me señalaron 16 años después del asesinato. La causa del ataque criminalizador fueron las denuncias públicas y formales que hice como trabajador despedido de la UAS por el despido injustificado que, por razones políticas, el cacicazgo ordenó en contra mía en febrero de 2018.
En estos últimos días, Aragón Ayala también ha escrito para deslegitimar a quienes están luchando contra un modelo de cercenamiento a derechos laborales y humanos que rectoría UAS busca imponer bajo en eufemismo de “reingeniería institucional”. Se trata de reformas internas que establecen descuentos del 20% en pensiones, eliminación de distintos derechos contractuales adquiridos, así como retenciones del 5% a salarios de trabajadores en activo ─los cuales irán incrementando anualmente hasta llegar a un 15%- y, en los hechos, aumentos de cuotas y colegiaturas que ya han alcanzado un 56%. A esta lucha se le suma la lucha estudiantil por democracia universitaria en el contexto de las fraudulentas elecciones de consejeros técnicos y universitarios.
La disidencia ha sido llamada en una sesión del Consejo Universitario del 15 de noviembre por el rector “grupo de enfermos” (https://cutt.ly/NttyFGzZ), una expresión que evoca los fantasmas ─en el sentido psicoanalítico del término- de represión de la Guerra Sucia y que tienen un significado bastante particular en el contexto de la UAS ─algo relacionado a esa etapa de la historia de esta universidad hemos escrito con Roberto González Villarreal https://cutt.ly/RttyAh5R-; su abordaje merece una discusión aparte que estamos por hacer.
El término “enfermos” también es empleado por Álvaro Aragón con una connotación criminalizadora (https://cutt.ly/Xtty0FXn). Lo que él y Madueña dicen no busca establecer un debate serio sobre la historia de la UAS, sino solo denostar a quienes defendemos nuestros derechos ante una formación antidemocrática de empresarios criminales multimillonarios que tienen secuestrada a la universidad. Si el lector se lo pregunta, Aragón gana cientos de miles de pesos anualmente por esta labor: el medio Animal Político documentó que Álvaro se llevó a la bolsa $703 mil 559 pesos por sus publicaciones de desinformación al servicio de Héctor Melesio Cuén Ojeda entre 2022 y 2023 (https://cutt.ly/ztty24GB). Como lo dije: son comunicadores que criminalizan la lucha social y defienden criminales. Para muestra un botón: en abril de 2023 Álvaro llegó al extremo de la ridiculez publicando un artículo donde decía que Cuén Ojeda, aún con todos los referentes en torno a sus actos y relaciones criminales ─conocidos desde entonces-, no era un criminal, sino que estaba siendo criminalizado (véase https://cutt.ly/nttyML0f).