Por: Democracia Cultural Xalapa. 14/10/2025
Las lluvias torrenciales que devastaron el norte de Veracruz dejaron algo más que calles anegadas y comunidades incomunicadas: expusieron con crudeza la fragilidad de un gobierno que, frente a la emergencia, pareció no comprender la magnitud de su responsabilidad. El desastre natural fue también un desastre político y moral.
Durante días, mientras los ríos Cazones y Pánuco rebasaban sus cauces y los pueblos de Poza Rica, Álamo e Ilamatlán quedaban bajo el agua, la población sobrevivió con lo que pudo. Los testimonios de vecinos y estudiantes hablan de noches sin auxilio, sin presencia oficial, sin refugios suficientes. A la pérdida material se sumó la indignación: la sensación de haber sido abandonados por quienes, en teoría, están para protegerlos.
La gobernadora y su equipo reaccionaron tarde y mal. Los reportes meteorológicos habían advertido del peligro con anticipación, las clases se suspendieron, pero no hubo evacuaciones ni coordinación efectiva con los municipios. Lo que falló no fue la información, sino la capacidad de traducirla en prevención, acción y empatía. La negligencia en situaciones así no es un error técnico: es un vacío ético.
Lo más grave, sin embargo, no fue solo la ineficiencia material, sino el intento de encubrirla. Mientras la gente buscaba entre el lodo los cuerpos de sus familiares, desde los canales oficiales se difundían imágenes cuidadosamente editadas: funcionarios sonrientes, calles limpias, discursos sobre la “atención inmediata”. Esa escenografía del poder, tan común en la política mexicana, no solo falsea la realidad: insulta la inteligencia y el dolor de la población.
En un Estado verdaderamente democrático, la información es un acto de servicio público, no un instrumento de propaganda. Pero aquí, la palabra oficial fue utilizada para administrar la percepción y no para rendir cuentas. Esa manipulación del discurso —ese intento de sustituir los hechos por su versión mediática— es la forma más peligrosa de autoritarismo contemporáneo: el que se ejerce desde la comunicación.
El caso veracruzano ilustra una enfermedad más profunda: la distancia entre el gobierno y la realidad que debería gobernar. Cuando el poder se acostumbra a hablar solo para sí mismo, pierde su capacidad de escuchar. Y sin escucha no hay gobierno, hay simulacro. Las lluvias no solo arrasaron con casas y caminos; también se llevaron la máscara de eficiencia que pretendía sostener a una administración más preocupada por la imagen que por la vida.
Hay que decirlo con claridad: el desastre no fue imprevisible. Se sabía, se pudo actuar, se debió prevenir. No lo hicieron. Y cada muerte evitable, cada casa destruida por falta de previsión, es una deuda política y moral que no se borra con declaraciones ni con visitas tardías.
Sin embargo, entre el dolor también emergió algo luminoso: la sociedad que no esperó órdenes para ayudar, que organizó refugios improvisados, que difundió videos y denuncias cuando el silencio oficial era ensordecedor. Esa ciudadanía activa, informada, solidaria, es el núcleo de una democracia más profunda: aquella que no se reduce al voto, sino que ejerce su conciencia crítica incluso en medio del desastre.
De eso se trata la verdadera modernidad política: de una inteligencia colectiva que exige ser tratada como interlocutora, no como espectadora. El poder público debe aprender —si quiere conservar legitimidad— que gobernar no es controlar la narrativa, sino compartir la verdad, incluso cuando duela.
El agua reveló mucho más que la vulnerabilidad climática de Veracruz: mostró la crisis de un modo de ejercer el poder que ya no entiende el país que dice gobernar. Porque en tiempos de redes, cámaras y memoria colectiva, la mentira tiene cada vez menos refugios.
Y cuando la palabra se usa para ocultar en lugar de servir, la sociedad responde con algo más fuerte que la furia: responde con lucidez.