Por: Norberto Soto Sánchez. 26/08/2025.
Contrario a la popularizada frase del gobierno de Estados Unidos que pregona “nosotros no negociamos con terroristas”, a partir de que el 20 de enero Donald Trump firmó una orden con la que declara a los llamados “cárteles” del narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras” ha habido una intensificación en la negociación con grandes capos que están en distintas prisiones yankis, entre los que destaca Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien este 25 de agosto se declaró culpable de cargos por narcotráfico en Nueva York.
Esto, en el contexto de que la administración Trump ha ordenado sobrevuelos de aviones militares no tripulados en México y el despliegue de buques destructores con miles de marines en el Caribe, amenazando a Venezuela, supuestamente para combatir a aquellos “carteles” con algunos de cuyos máximos líderes las propias autoridades estadounidenses están negociando, como muestra el caso de Zambada, a pesar de que este oficialmente es considerado como “terrorista” por Estados Unidos.
Lo que está en juego no es ni el combate al “narcoterrorismo” ─categoría inventada por el imperialismo norteamericano, al igual que el término “cárteles” como referencia a las estructuras que se dedican a la producción y trasiego de sustancias psicoactivas ilegalizadas- sino la confección de una justificación para intervenciones militares que buscan la mayor subordinación de la región al capital estadounidense, así como a su control de intereses geopolíticos y económicos.
El anuncio de que ‘El Mayo’ se declararía culpable se había dado desde el 18 de agosto, y se podría decir que, desde entonces, y más allá de lo que digan públicamente su abogado Frank Pérez y las autoridades judiciales de Estados Unidos, es una muestra tangible de negociaciones entre este capo y el imperialismo yanki.
Zambada fue aprehendido en una pista aérea entre Nuevo México y Texas el 25 de julio de 2024, llegó ahí supuestamente secuestrado tras una reunión que tuvo a las afueras de Culiacán con el cacique universitario y diputado federal electo por el Partido Revolucionario Institucional, Héctor Melesio Cuén Ojeda ─en la cual este resultó asesinado en extrañas circunstancias-, así como con el capo Joaquín Guzmán López, alias ‘Güero Moreno’ ─quien se dice fue su secuestrador y a quien también aprehendieron-, y a la que presuntamente asistiría, a su vez, el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Hay que decir que hay muy pocas cosas claras en toro a lo que pasó ese día, a pesar del material que algunos periodistas han publicado que, se presumiría, respaldarían esta versión, que es la oficial.
Cabe mencionar que dichas elaboraciones periodísticas inicialmente se sustentaron en testimonios anónimos de integrantes del llamado “Cártel de Sinaloa” ─emitidos, supuestamente, desde la prisión de Aguaruto, en Culiacán- y parientes de Guzmán López.
Empero, en el marco de las negociaciones de los capos Zambada y Guzmán con el gobierno estadounidense, no es descabellado pensar que pudieran existir acuerdos fácticos, de larga data, donde la indicación de la inteligencia yanki sea que se difundan versiones confusas ─con “filtraciones”- tanto a la opinión pública como entre las propias bases de las estructuras paramilitares de los Zambada y los Guzmán, con el objetivo de generar una situación de inestabilidad política y social mediante la instauración de un marco de violencia extrema como el que vive Sinaloa desde hace casi un año, donde ha habido más de dos mil personas asesinadas ─entre las que hay al menos 50 niñas y niños-, más de dos mil personas desaparecidas de manera forzada ─que el gobierno estatal y federal se empeñan en llamar “privaciones ilegales de la libertad”, apoyados en la muy limitada definición de “desaparición forzada” que aparece en la tipificación de dicho delito-, así como cientos de desplazamientos forzados en las zonas costeras y serranas de la entidad, lugares en que casualmente están por implementarse o ya implementándose distintos megaproyectos del sector turístico, del de hidrocarburos, de agroquímica y de minería, los cuales, a pesar del rechazo popular que han tenido durante los últimos años, hoy son presentados por los gobiernos estatal y federal como “proyectos de paz” en el marco de la presentación de los “Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar” del segundo piso de la 4T que están siendo instalados en distintas partes del país, entre ellas tierra sinaloense.
El abogado de Zambada, Frank Pérez, aseguró, al salir de la audiencia, que su cliente no colaborará con el gobierno estadounidense. Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, tampoco fue específica al respecto. Algo que sí comentó fue: “son terroristas y los trataremos como terroristas”, en torno a los capos de la droga.
No obstante, si hay una lógica y una práctica para avanzar en la construcción de “consenso” internacional, dirigida por el imperialismo norteamericano, para hacer ver de forma artificiosa a países latinoamericanos como naciones donde supuestamente se han consolidado “narco-Estados” para intervenir militarmente en ellos con el objetivo no declarado de asegurar recursos estratégicos y afianzar aún más su dominio geopolítico en el marco de sus disputas con China, es bastante probable que las declaraciones de Pérez formen parte de ese juego: negar públicamente que haya acuerdos, cuando estos se han establecido de manera oculta, para darle verosimilitud a la narrativa que se irá fabricando a partir del juicio de ‘El Mayo’ y que, al menos en el corto plazo, ya están siendo relacionadas importantes figuras políticas de México, Colombia y Venezuela ─en su confesión de ayer, ‘El Mayo’ habla de 50 años de sobornos a militares y altos funcionarios de los dos primeros países; Ovidio la semana pasada supuestamente habló de un presunto vínculo de Nicolás Maduro con el inexistente “Cartel de los Soles”; el karaoke imperialista norteamericano ya empezó a tocar la pista, ‘El Mayo’ y Ovidio ya están cantando con el son y la letras que les están indicando-. Más adelante es posible que la lista de países se extienda; dependerá tanto de los elementos que Estados Unidos tenga para construir más narrativas referentes a otras naciones, como del desenvolvimiento histórico de las coyunturas políticas nacionales e internacionales.
Tanto para Ovidio como para ‘El Mayo’ el incentivo podría ser tanto la liberación como una mucho más modesta concesión en la mejora de sus condiciones penitenciarias donde se les permita ver a su familia y que estas sí puedan tener los beneficios como testigos protegidos y la conservación de una pequeña fracción de las fortunas que han acumulado. Tomando en cuenta todo lo que han hecho a lo largo de sus carreras criminales, cualquiera de los dos escenarios es una ganga para alguien como ellos y sus familiares.
Desde el verano pasado en que aconteció la aprehensión de ‘El Mayo’, la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado la movilización de más de 12 mil elementos castrenses a Sinaloa, pero la violencia, lejos de disminuir, se ha acrecentado, con múltiples denuncias, también, por violación a derechos humanos de poblaciones rurales donde militares, marinos y guardias nacionales catean viviendas sin ordenes, cometiendo vejaciones y robo a personas que ya de por sí están afectadas por la violencia que las estructuras paramilitares también ejercen sobre ellas.
Cada vez que ocurren estas explosiones de violencia derivadas de aprehensiones y ejecuciones de los personajes más reconocidos de las estructuras del narcotráfico ─pero que también tienen intereses económicos y participan de otros rubros oscilantes tanto en el ámbito legal como ilegal- no estamos frente a una genuina lucha del Estado Mexicano o estadounidense contra estos grupos, sino a reacomodos que emanan de una racionalidad gubernamental a ambos lados de la frontera formulada por personajes y segmentos estatales específicos, generalmente ─aunque no exclusivamente- relacionados con las altas esferas de las agencias de seguridad, corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas, es decir, con los pilares represivos del estado burgués.
Desde una perspectiva crítica y anticapitalista, no hay que perder de vista que las negociaciones que vayan a darse entre Ismael ‘El Mayo’ Zambada (y otros capos) con el gobierno yanki, entre otras cosas, tendrán el objetivo de dar verosimilitud a la artificiosa narrativa imperialista que dice que los “cárteles” son organizaciones «terroristas» extranjeras que no solo amenazan a la seguridad nacional estadounidense, sino de todo el mundo, y que supuestamente han creado algo así como “soberanías narcas”, ante las cuales deben intervenir. Por supuesto, en esa narrativa falaz el gobierno gringo oculta cuidadosamente el papel que ellos mismos y las autoridades mexicanas ─históricamente subordinadas a él-, en el transcurso de distintas administraciones, han jugado y siguen jugando en el surgimiento y expansión de las estructuras en cuestión.
Mientras la violencia no cesa en Sinaloa, y Estados Unidos da a conocer las negociaciones con el “terrorista” Zambada ─mismas que, como dijimos, existe la posibilidad que se hubieran iniciado “off the record” incluso desde mucho antes de su aprehensión-, los megaproyectos de intereses estadounidenses, suizos, alemanes, canadienses, españoles y mexicanos continúan su expansión: la construcción inicial y en fases secundarias de gasoductos en Sonora y Sinaloa avanza; así como de plantas de amoníaco, metanol y etanol que amenazan a comunidades indígenas y a la vida silvestre del Sistema Lagunar Topolobampo/Santa María/Ohuira; al igual que la exploración para la extracción de las llamadas “tierras raras” en la región; a lo que se suma un grave esfuerzo gentrificador en la Bahía de Altata, Navolato, el cual está pensado que sea el “próximo Cancún del Pacífico”, según han anunciado autoridades sinaloenses hace una semana.
Por su parte, personajes de la derecha mexicana como la senadora panista Lilly Tellez se han lanzado en una campaña internacional pidiendo a Donald Trump en medios de comunicación como Fox News una intervención militar estadounidense. De llevarse a cabo una intervención de ese tipo, ya sea con drones o incluso con pequeños comandos de fuerzas especiales, la violación de derechos humanos y asesinato de personas indefensas es algo que sin duda ocurrirá, pues dichas fuerzas castrenses se guían por doctrinas militares como la «Dahiya» ─formulada por el ejército sionista de Israel para avanzar en su genocidio contra el pueblo palestino- en la que se plantea la destrucción integral de ciertas zonas, sin importar la vida de civiles, a quienes, por el simple hecho de habitar un espacio identificado como sede enemiga, se les asocia como base de apoyo “terrorista”, por lo que, desde esta macabra lógica, se “justificaría” su aniquilación. Esto último es improbable que suceda en México, más no imposible; recordemos que mucho del pensamiento y técnica militar del sionismo emana del imperialismo estadounidense, del cual funge como brazo armado en medio oriente.
La guerra contra las drogas y el narcotráfico, declarada por primera vez en la administración estadounidense de Richard Nixon y elevada al grado de seguridad nacional yanki durante la de Ronald Reagan (mediante la emisión de la Decisión Directiva 221 de Seguridad Nacional el 8 de abril de 1986), siempre ha sido una farsa, solo un pretexto para hacer avanzar los intereses imperialistas gringos en el tablero geopolítico, subordinando a sus lineamientos a los gobiernos burgueses de América Latina en detrimento del bienestar de la clase trabajadora, sectores populares y comunidades indígenas.
El mismo imperialismo yanki define lo que entiende por “terrorismo” e instrumentaliza dicha definición en función de sus aspiraciones injerencistas (sobre la definición de dicho término que plantea el imperialismo escribí algo en dos ocasiones: https://acortar.link/q19IHO & https://acortar.link/67sZBb); ese mismo imperialismo y sus agencias de seguridad e inteligencia históricamente han financiado y apoyado a muchas de las organizaciones que han categorizado de esa forma; y es él mismo el que, a mediados de la década de los 1980’s, inició con el uso del término “cártel” para referirse a estructuras que se dedican a la producción y trasiego de sustancias psicoactivas ilegalizadas ─en cuya creación también está implicado así como en la del régimen de prohibición internacional de algunas drogas- como supuestas amenazas globales, en aras de avanzar con la injerencia en países de América Latina.
Como dice Benjamin Smith en su libro “La Droga” (2022): “Los estadounidenses los agruparon por zonas geográficas, les asignaron líderes y los llamaron cárteles. Esta estrategia taxonómica de nombrar-juzgar había funcionado en Colombia, ¿Por qué no implementarla en México?” (P. 386).
Lo que estamos viendo en este momento, con la amenaza de intervención militar que se cierne sobre Venezuela ─a nivel discursivo apoyada en las falaces declaraciones de ‘El Mayo’ y Ovidio-, recuerda mucho a la fase de preparación ideológica que antecedió a la invasión militar de Irak en 2003 cuando George Bush Jr. mentía cínicamente en torno a la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein. No obstante, hay que ser precisos en cuanto a nuestra posición política. Como se dice en esta declaración (https://acortar.link/1gR8LW): hay que rechazar y denunciar “al régimen venezolano cuando reprime al pueblo” así como “su alianza patronal que mantiene en la miseria a millones de trabajadores y a las madres que exigen la liberación de sus hijos adolescentes por protestar” pero también hay que rechazar “los planes injerencistas estadounidenses que buscan apuntalar salidas reaccionarias de la derecha, las sanciones y amenazas militares, y el conjunto de la intervención imperialista que profundiza la crisis y el sufrimiento de la clase trabajadora y el pueblo venezolano”.
Cierro con una cizaña: ¿Qué tanto está metida la CIA (y los aparatos de inteligencia mexicanos, dígase DFS, CISEN, CNI) en el propio surgimiento y consolidación de Ismael ‘El Mayo’ Zambada como capo?… Va un elemento para generar discusión en ese sentido: quien introdujo a Ismael en el mundo del narcotráfico, según el propio Smith (véase https://acortar.link/ILburH), fue su cuñado, Antonio Cruz Vázquez ─también conocido como Edgar Cruz y ‘Niko’-, un capo cubano de oscuros orígenes que ha sido señalado de ser un desertor de la Dirección de Inteligencia cubana que se incorporó a la CIA vía Nicaragua en algún momento de los 1960’s…