Por: Ane Amondarain. 02/02/2025
Apenas el 51 % de los hijos e hijas menores de víctimas de feminicidios en Ecuador recibe la ayuda estatal de orfandad, por lo que familiares de mujeres asesinadas por la violencia machista denuncian que no se está cumpliendo con las medidas de reparación integral establecidas por ley nacional y que éstas son insuficientes, según revela un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Esta investigación evidencia que hay una inadecuada coordinación interinstitucional de las instancias del Estado responsables de atender las necesidades de estos niños y niñas, lo que impide tener un registro unificado del número de menores a atender”, ha asegurado en una entrevista con Efeminista el representante adjunto de Unicef en el país, Juan Enrique Quiñonez.
“También hay una debilidad institucional dentro del bono de orfandad porque no cuenta con un presupuesto propio, sino que se basa sobre los remanentes de los otros bonos que tiene asignados el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por lo que la ayuda de orfandad se va otorgando a medida de que los recursos financieros están disponibles”, ha añadido.
El estudio, que se titula Esperando el verano: trayectoria de los niños, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en Ecuador, ha sido realizado por Unicef junto a la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), y se apoya en el testimonio directo de 76 familias con 151 niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales del feminicidio.
Dificultades para asumir las necesidades básicas
El bono de orfandad, que incluye beneficios en salud, educación y acceso a la justicia, y que fue aprobado en 2019, se trata de una pensión mensual que deben recibir todos los huérfanos de la violencia machista a fin de poder cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, de acuerdo con este reporte, sólo lo reciben el 51 % de los y las menores víctimas de esta violencia, el 38 % no lo recibe o no lo conoce y un 11 % de familiares a cargo de estos menores no respondió a esta pregunta.
La urgencia de que los y las huérfanos de feminicidio accedan a este bono, que según Quiñonez, debería aumentar su monto, radica en que 7 de cada 10 familias que se encargan de sus cuidados no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas.
Y casi la mitad de estas familias (47 %) tuvo problemas para pagar los alimentos en las últimas semanas. Esta situación se da porque la mayoría de los menores huérfanos quedan al cuidado de la abuela o la tía materna, quienes no tenían planificado asumir los gastos derivados de estos cuidados.
“Muchas veces las mujeres asesinadas eran el único o principal sostén económico de la familia y suplir esta responsabilidad económica es prácticamente imposible para las abuelas que ahora cargan con el cuidado de los niños y niñas que quedaron huérfanos”, ha explicado el representante de Unicef.
En un 46% de los casos las abuelas maternas quedan a cargo de los menores
Además, Quiñonez ha incidido en que “no es lo mismo cuidar a un niño cuando una está en la edad adecuada para hacerlo, que cuando una ya está en una edad avanzada, donde los problemas de salud y las dificultades de movimiento aumentan, y donde la capacidad de cuidar a menores de una manera adecuada disminuye”.
Aún así, ellas son quienes luchan por que se haga justicia por sus hijas asesinadas, y quienes educan a sus nietos y nietas huérfanos de madre en un 46 % de los casos, según hallazgos de la investigación conjunta de Unifec y Aldea.
De acuerdo con este estudio, la mayoría de los y las menores se han cambiado de casa y un 6 % ha sido separado/a de sus hermanos o hermanas. Además, 6 de cada 10 familias que acogieron a los niños y niñas no han recibido acompañamiento o asesoría.
Según el informe, preocupa además que, si bien el 70 % de las familias encuestadas ha afirmado tener la custodia legal, solo el 41 % ha completado el proceso legal para obtener la custodia definitiva. Mientras que un 20 % de los niños y niñas de las familias encuestadas se ha quedado en la misma casa donde ocurrió el feminicidio, “lo cual tiene serias repercusiones para su salud mental”, ha advertido Quiñonez.
Acciones para que las víctimas accedan a las ayudas
Esta falta de atención por parte del Estado tiene un gran impacto en el desarrollo educativo y social de los menores, ha recordado Quiñonez. “Muchos de ellos ya no van a los mismos colegios donde estaban anteriormente y hemos visto casos en los que enfrentan dificultades para continuar con los estudios”, ha apuntado.
En efecto, de acuerdo con el informe, solo 2 de cada 10 huérfanos de la violencia machista permanecieron en la misma institución educativa luego del femicidio.
Ante esta realidad lacerante, el representante de Unicef en Ecuador ha realizado varias recomendaciones al Estado. En primer lugar, ha solicitado al ministerio de la Mujer que sea el que garantice una coordinación interinstitucional para que las víctimas colaterales tengan acceso real a la reparación integral. En este sentido, ha matizado que esta cartera debería liderar la creación del Registro único de las Víctimas de Feminicidio.
Por su parte, ha solicitado al ministerio de Inclusión Económica y Social que revise cómo se están otorgando los bonos de orfandad para que todos y todas las huérfanas tengan acceso a él, así como asegurar un financiamiento adecuado.
Por último, Quiñonez también se ha referido al ministerio de Salud, al que ha instado a que refuerce la atención en salud mental a víctimas colaterales del feminicidio y que se sensibilice al personal sanitario en perspectiva de género.
1.817 huérfanos de feminicidios desde 2014
“En términos generales, le diría al Estado que le hace falta capacitar a sus funcionarios y funcionarias sobre violencia de género, el impacto de esta violencia en las víctimas y en los sobrevivientes, y las medidas que tienen que tomar para atender adecuadamente estos casos”, ha insistido el representante de Unicef.
Desde que en 2014 se tipificara el feminicidio como delito, se han contabilizado 1.920 asesinatos machistas, que han dejado un total de 1.817 niños y niñas en la orfandad en Ecuador, de acuerdo con datos de Aldea.
Quiñónez ha insistido en que “hay un vínculo directo entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra niñas, niños y adolescentes”. Ante este escenario, ha solicitado “mayor entendimiento de la problemática” por parte del Gobierno e instituciones públicas.
Pero también ha llamado a realizar un cambio social y cultural. “La violencia está muy generalizada y normalizada en el Ecuador. Si eso no cambia, será difícil que las actitudes de los funcionarios públicos también se transformen”, ha asegurado.
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Fotografía: Efeminista. Niñas participando en una marcha por el Día Internacional de la Mujer en Quito (Ecuador). EFE/Gianna Benalcazar
