Por: Redeco. 09/10/2024
Compartimos el documento elaborado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, que fue leido en el marco de la Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
Hace cinco meses convocamos a una manifestación nacional con la preocupación por el desfinanciamiento que estaba experimentando el sistema universitario y científico. En aquella gesta colectiva de abril, con plazas y calles de todo el país colmadas por la sociedad argentina, alzamos nuestra voz en defensa de la universidad pública, la educación y la ciencia.
Siempre con la disposición por la búsqueda de soluciones, advertimos, en aquel entonces, las dificultades que el sistema atravesaba. Queríamos evitar la grave situación que vivimos hoy. La reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de cien obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios.
Como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Fueron infructuosos todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones.
Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas; respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver estructuralmente los problemas.
La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y nodocentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento. El gobierno busca desmantelar la paritaria nacional docente y nodocente, la principal herramienta para resolver las controversias salariales y las condiciones de trabajo, por tres vías. La primera, negando la especificidad de los convenios colectivos de trabajo y equiparando esta paritaria a la de la administración pública nacional. La segunda, transformándola en una farsa en la que el diálogo y la instancia de negociación desaparecen y solo existe la imposición, la palabra vacía y la difamación hacia trabajadoras y trabajadores. La tercera, negándose a resolver el pliego completo de reivindicaciones: cumplimiento y pago de la garantía salarial, reposición y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), formación y capacitación, cargos genuinos para ad honorem y personas contratadas, salud y condiciones de trabajo, nomenclador de nivel preuniversitario y recomposición de los programas socioeducativos. El reclamo por recomposición salarial para sostener la universidad pública converge con las luchas de la clase trabajadora por su salario y condiciones de vida. Todo ello bajo el impacto del índice de pobreza, que creció más del 10 % en los primeros seis meses del año, con casi el 70 % de niñas y niños pobres, con el incremento del 13 % de jubiladas y jubilados pobres, con despidos masivos en diferentes dependencias del Estado nacional vinculadas con el bienestar social y la soberanía nacional; pero, también, bajo la frivolidad, el destrato y la crueldad de este gobierno. Defender las condiciones salariales y de trabajo de docentes y nodocentes en este angustiante contexto no es defender privilegios sino nuestros derechos: condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible.
La ciencia es la universidad. La crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de docentes investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico tecnológico argentino. El 60 % de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales y la disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados. A esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro proyectos en curso. La interrupción de convenios con editoriales internacionales ha limitado el acceso a publicaciones clave, mientras que la falta de nuevas convocatorias y proyectos ha provocado la paralización de varias líneas de investigación y la pérdida de profesionales con calificaciones, afectando la calidad educativa. Las universidades no solo aportan personal altamente especializado, sino que, también, colaboran en la resolución de problemáticas sociales y del sector productivo, promoviendo la innovación a través de patentes, líneas de investigación y formación de futuras y futuros investigadoras e investigadores.
Lo que meses atrás era una profunda preocupación por el ajuste presupuestario para toda la comunidad estudiantil hoy es una emergencia que pone en riesgo la esencia misma de la educación pública argentina. Una realidad cada vez más difícil en la que el acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta, particularmente, a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana. Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de las y los jóvenes y su acceso a la educación y con instituciones desfinanciadas, la excelencia en la formación está en riesgo. Cada vez más deben trabajar al mismo tiempo que cursan su carrera. Cada vez más la deserción obligada por la situación económica cancela el sueño de miles de ser profesionales. Las becas estudiantiles NO alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, desmantelando, uno a uno, los pilares que lo sostienen.
Soñamos un país en el que el futuro no esté condicionado por el lugar en el que a cada quien le tocó nacer. La educación es el derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad. Con la misma fuerza y claridad que lo dijimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos: no queremos que nos arrebaten nuestros sueños, nuestro futuro no les pertenece.
Hijos e hijas orgullosos de la universidad argentina; custodios de la universidad pública, gratuita, de excelencia y sin restricciones que legaron generaciones de argentinas y argentinos, la comunidad estudiantil defenderá la universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación y el país que la sociedad toda anhela.
El Sr. Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas, cuidando al Estado y a su economía. Las y los estudiantes de toda la argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento universitario!
Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque NO compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14 % del PBI para su implementación.
Exigimos, también, que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y del sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso.
Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados -mínimos para funcionar- fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024 y, menos aún, la proyectada por el propio gobierno para el próximo año. Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios. Y los principios que se desprenden de la propuesta difieren sustancialmente de lo que entendemos que el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales.
Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que, en la sociedad del conocimiento, el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos. Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegian éstas áreas, el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades será una utopía.
Por estas razones, en plazas y calles de todo el país, el pueblo de la Nación le reclama, Sr. Presidente, que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. A nuestros representantes en el Congreso, muchos egresadas y egresados de la universidad pública, que, de confirmarse el veto anunciado por el gobierno, sostengan en el recinto la ley e introduzcan modificaciones al proyecto de presupuesto 2025 para otorgar a la universidad y la ciencia las condiciones que garanticen su funcionamiento.
Agradecemos a la sociedad argentina su extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta.
Somos la herencia del pueblo de la Nación que supo en 1884 abrazar la Ley 1.420, de las y los jóvenes que en 1918 construyeron un sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que impedían el acceso a la educación superior, constituyendo un aporte determinante para la justicia social. Somos la universidad de los cinco premios nobel, la de jóvenes, investigadores y científicos que se destacan y por quienes nos reconocen en el mundo entero. La universidad pública que hace posible que miles, no importa su condición ni donde hayan nacido, puedan cumplir el sueño de ser profesionales. La institución que, con su compromiso y relevancia social, dice presente cada vez que el país enfrenta circunstancias difíciles. Somos la ciencia puesta al servicio del desarrollo nacional.
La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas con el conocimiento y con el trabajo con niñas, niños, jóvenes y personas adultas que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible.
Sigamos defendiendo a la universidad pública argentina. Siempre.
República Argentina, 2 de octubre de 2024
Frente Sindical de Universidades Nacionales
Federación Universitaria Argentina (FUA)
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
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Fotografía: Redeco
