Por: Darío Aranda. 25/1pressenza/2023
Organizaciones sociales y asambleas socioambientales de todo el país advierten que, pese a las amenazas represivas del Gobierno, seguirán movilizadas en defensa del territorio y contra el agronegocio, la magaminería y la explotación petrolera. Denuncian el «fascismo argentinizado» del Presidente.
Desde Tierra del Fuego a Jujuy. Desde Catamarca a Buenos Aires. Asambleas socioambientales de todo el país saben que el gobierno de Javier Milei intentará avanzar con más agronegocio, megaminería, explotación petrolera y monocultivo forestal –entre otras actividades–. Y es unánime la postura: el rechazo al extractivismo y, como eje principal, la movilización popular para defender los territorios.
«¿Hasta cuándo?», fue la pregunta que unió a organizaciones de 43 ciudades del país el 4 de diciembre pasado. Se trató de una coordinación como hacía tiempo no se veía, de diversos colectivos en el marco de la Campaña Plurinacional Anti Extractiva para denunciar el impacto social, ambiental y sanitario del extractivismo.
Planificado con mucha anterioridad a la segunda vuelta electoral, uno de los objetivos fue recordar al nuevo Presidente el rechazo al modelo político-económico extractivista y, fundamental, articular redes para lo que vendrá. «Esperamos la profundización del sistema extractivista. Por eso estamos en alerta y activando más que nunca los lazos que se necesitan para frenar este modelo de destrucción y muerte. Vienen tiempos difíciles ya que es mano dura lo que se propone desde el Gobierno, siempre recordando que estos gobiernos le rinden cuenta al FMI a costa del sufrimiento de los pueblos», afirmó Paula Kaeser, de la Coordinadora Basta de Balsas Soluciones (BFS) y parte de la Campaña Plurinacional.
Hubo actividades en Tierra del Fuego, Tucumán, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán, entre otras provincias. Se denunció el impacto del agronegocio y las fumigaciones con agrotóxicos, de la megaminería (con los casos extremos de San Juan, Catamarca y la explotación de litio), el monocultivo de árboles (con Misiones y Corrientes como referencias), la explotación petrolera en Neuquén y la exploración en el Mar Argentino, y el impacto negativo de las megarepresas, donde sobresalen Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza (ésta última provincia aún sin cumplir el fallo de la Corte Suprema para liberar el agua del río Atuel a La Pampa).
Por su parte, la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) es un espacio emblemático de articulación de luchas provinciales. Se reúne periódicamente desde 2006 y siempre mantuvo la autonomía de los partidos políticos. Del 8 al 10 de diciembre celebraron su 36 encuentro, en la localidad bonaerense de Jáuregui, territorio que padece las fumigaciones con agrotóxicos, las curtiembres contaminantes y uno de los basurales a cielo abierto más grandes del país.
Laura Olivares vive en Jáuregui y es parte de la UAC. Definió al gobierno de Milei como «el fascismo argentinizado». Señaló que las razones de su triunfo son tan diversas como los sectores que lo votaron, pero con eje especial en el hartazgo de las políticas previas que no resolvieron lo más básico de la población. «Esto confirma lo que venimos diciendo hace tiempo, que este modelo no sirve más, es necesaria una democracia real, representativa de los pueblos», resumió.
Respecto al extractivismo, no tiene dudas de que se intentará avanzar con más megaminería, explotación petrolera y agronegocio. En plena campaña electoral, Milei negó la existencia del cambio climático y sentenció que «una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera». Afirmó que el valor del agua es «cero» y propuso la apropiación de ese bien por parte de las empresas.
Otra muestra, ya como Presidente, es ceder a conducción de la Secretaría de Bioeconomía (nuevo nombre del área de agricultura) a Fernando Vilella, ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA y ex funcionario de Daniel Scioli en Buenos Aires, un aliado incondicional de las compañías de transgénicos-agrotóxicos y de las exportadoras de granos. Lo mismo que su grupo de trabajo, donde sobresalen referentes de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), empresarios y lobistas del agronegocio local e internacional.
Olivares remarcó que desde la UAC conocen desde hace años de persecución y hostigamiento a las comunidades que se oponen al extractivismo, donde los gobiernos provinciales también instrumentan la represión. Existen numerosos ejemplos: Andalgalá, Jáchal y Salinas Grandes, por citar solo algunos. Señaló que todo indica que con el nuevo Gobierno «será peor», pero advierte que eso no frenará las acciones en defensa del agua y los bienes comunes: «Las asambleas seguiremos en nuestros territorios tejiendo redes, fortaleciendo nuestras luchas, generando resistencia, fortaleciendo la autonomía. Tenemos claro quiénes son los enemigos actuales y estaremos en las calles exigiendo nuestros derechos».
Una de las características, y fortalezas, del movimiento socioambiental es la presencia en las calles y la acción directa. Así lo demostraron Esquel, Andalgalá, Famatina y Chilecito, Jujuy (con las movilizaciones de los pueblos indígenas), Mar del Plata y Malvinas Argentinas (Córdoba), contra Monsanto, entre otros casos. Los últimos picos masivos fueron Mendoza (2019) y Chubut (diciembre de 2021), donde hicieron retroceder a los gobiernos provinciales con sus intentos de permitir la megaminería. Paula Kaeser dejó un invitación que, de alguna manera, es también una respuesta a las corporaciones extractivas y al gobierno nacional: «Nos vemos en las calles, en defensa del agua y la vida».
Protocolo versus movilización
El «protocolo para el mantenimiento del orden público» que presentó Patricia Bullrich como amenaza a reprimir la protesta social no sorprendió a las organizaciones socioambientales. Tienen muy vivo el recuerdo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambos casos donde tuvo directa relación las fuerzas comandadas por Bullrich (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval). «Este protocolo es inconstitucional y es lo que vimos en Jujuy, con la reforma constitucional este año, donde desde ese momento se viven hostigamientos, persecuciones, violaciones a los derechos humanos y constitucionales», afirmó Paula Kaeser. Recordó que las organizaciones seguirán exigiendo desde las calles otra democracia, donde se respeten las decisiones de los habitantes que viven en cada territorio y ya dijeron no al extractivismo.
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Fotografía: Pressenza. Nicolás Palacios/Agencia Tierra Viva