Por: R3D. 30/06/2023
El diario The Washington Post ha revelado la identidad de una nueva víctima del malware Pegasus en México. Se trata del historiador Camilo Vicente Ovalle, quien coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la “Guerra Sucia” (Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990).
Ovalle ha sido un activo participante en las iniciativas del gobierno actual para el esclarecimiento de los abusos cometidos por el Ejército durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, que consistió en la represión sistemática por parte de las Fuerzas Armadas en contra de movimientos sociales y políticos entre las décadas de los sesenta hasta finales de los noventa.
De acuerdo con la investigación de The Washington Post, Camilo Vicente Ovalle fue notificado en 2022 por Apple que su dispositivo había sido víctima de “atacantes patrocinados por el Estado”. Un análisis posterior de Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó el uso del malware Pegasus.
El espionaje revelado por The Washington Post en contra de Camilo Vicente Ovalle se suma a la evidencia de los intentos del Ejército para sabotear los esfuerzos para obtener verdad y justicia por las violaciones cometidas por los militares durante la Guerra Sucia, un periodo sumamente doloroso para miles de víctimas y sobrevivientes que sigue sin esclarecerse en su totalidad.
El lamentable espionaje en contra de Camilo Vicente Ovalle se suma a los ataques en contra del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el analista político Ricardo Raphael, un periodista del medio Animal Político, dos personas defensoras de derechos humanos del Centro PRODH, exintegrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública, e incluso el subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa.
Al igual que otros casos documentados por la investigación Ejército Espía ─incluyendo el ataque revelado por The New York Times en contra del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas─, el espionaje en contra de Ovalle ocurrió en coyunturas en las que se llevaban a cabo labores de investigación relacionadas con abusos militares.
A pesar de los continuos esfuerzos del gobierno federal por desestimar y descalificar la evidencia de espionaje militar, el caso de Camilo Vicente Ovalle muestra, de una forma incontrovertible, la relación que existe entre el uso ilegal de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y el encubrimiento de violaciones ─actuales e históricas─ perpetradas por las Fuerzas Armadas.
Existe evidencia contundente de que el Ejército ha adquirido y operado Pegasus desde 2011 hasta la fecha, así como documentos obtenidos mediante transparencia sobre contrataciones, facturas y pagos efectuados para adquirir el sistema.
A la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a transparentar la información relacionada con los contratos entre la dependencia y Comercializadora Antsua, empresa proveedora exclusiva de Pegasus en México. Incluso, ante la orden expresa del INAI para entregar dicha información, la SEDENA decidió reservar los documentos por motivos de seguridad nacional.
Además, documentos internos de la SEDENA han demostrado que el usuario final de Pegasus es el Centro Militar de Inteligencia, una agencia secreta que opera sin facultades para intervenir comunicaciones privadas. Así mismo, el diario The New York Times corroboró, de acuerdo con cuatro fuentes distintas, que la SEDENA es actualmente el único operador de Pegasus en México.
Por ese motivo, reiteramos la exigencia de una investigación independiente, diligente y exhaustiva sobre los casos de espionaje perpetrados durante el presente gobierno y los anteriores, como ha sido solicitado también por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
De igual manera, exigimos que el Ejército y el gobierno federal dejen de ocultar la información relativa a la adquisición y uso de Pegasus por parte de la SEDENA, así como cesar las descalificaciones e intentos por obstaculizar las investigaciones que actualmente se llevan a cabo.
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Fotografía: R3D