Por: Linda Ngari. Traducido por: Eva M. Ramírez. 21/05/2023
Kenya ha fomentado recientemente muchas reglas anti-LGBTQ+
Kenia pierde dinero por controlar en exceso a personas que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexual o no heteronormativos (LGBTI+). La principal norma que criminaliza a la comunidad LGBTI+ en el país se rige en un Código Penal precolonial, basado en la premisa ambigua de «ofensa a la naturaleza». Esta posición obstaculiza las inversiones internacionales de empresarios liberales que ven el país como hostil.
Cuando el presidente William Ruto fue elegido en 2022, al igual que su predecesor Uhuru Kenyatta, no dio importancia a la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad de los miembros de la comunidad LGBTI+. En una entrevista en septiembre de 2022, Ruto dijo que los kenianos decidirán solo cuando los asuntos relacionados con las personas LGBTI+ se conviertan en un problema importante en el país. Esta posición es parecida a la del expresidente Uhuro Kenyatta en 2018, cuando dijo que proteger los derechos de las personas LGBTI+ no era una prioridad para los kenianos.
Cuando los líderes no califican de problema la agresión perpetua a la comunidad LGBTI+, las víctimas de agresión por género u orientación sexual enfrentan, a su vez, el mismo trato por parte de la comunidad y, lo que es peor, por parte de la Policía. De acuerdo con la Asociación de Gais y Lesbianas de Kenia (GALCK, por su nombre en inglés), el 53 % de personas de la comunidad LGBTI+ en Kenia han sido físicamente atacadas.
En consecuencia, la economía de Kenia está impulsada en gran medida por quienes suscriben de forma estricta ideas heteronormativas, lo que limita a otros inversionistas potenciales. El Código Penal y su refuerzo por parte de los líderes políticos que se aferran a valores cristianos han expuesto a personas LGBTI+ a mayores niveles de problemas de salud y depresión que el resto de la población.
Según GALCK, solo el 29 % de personas LGBTI+ denuncian a sus asaltantes en la Policía pues normalmente vuelven a ser victimizadas. Al ver que sus derechos se ven medrados por parte de quienes ostentan el poder, la Policía a menudo ignora y trivializa las denuncias de agresiones cuando las víctimas se identifican o presentan como queer. Dado que Kenia cumple este año 60 años de independencia, es momento de abandonar leyes de la era colonial conocidas por defender la esclavitud y el racismo, entre otras violaciones extremas de los derechos humanos. Un ejemplo de legislación poscolonial es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR), consensuada tras la Segunda Guerra Mundial. Esta Declaración, de la que Kenia es signataria, describe los derechos y libertades de todos como inalienables, lo que significa que nadie puede arrebatarlos ni ofrecerlos.
Dos casos recientes son los asesinatos de Edwin Chiloba en enero de 2023 y de Sheila Lumumba en abril de 2022. Chiloba, activista por los derechos de los gais de 25 años, fue encontrado muerto el 3 de enero, supuestamente estrangulado y en una caja de metal. Lumumba, también de 25 años, era una lesbiana no binaria que fue violada y asesinada en el condado keniano de Nyeri. Tras el asesinato de Chiloba, etiquetas como #NotOurCulture (no es nuestra cultura) se volvieron populares en Twitter. Se afirmaba que las relaciones de personas del mismo sexo son «no africanas». Quizá los kenianos hayan olvidado que muchos calificaron el cristianismo como «no africano» y aún así se practica a lo largo y ancho del país en la actualidad. Lamentablemente, la etiqueta se centraba en la identidad queer de Chiloba, y pasaba por alto la flagrante injusticia de su asesinato a sangre fría.
Economías más liberales que reconocen, garantizan y protegen las libertades de toda la población atraen un mayor número de inversores. De ahí que sea crucial que toda compañía incluya población LGBTI+ en su política de diversidad, igualdad e inclusividad (DEI, por su nombre en inglés). Las políticas DEI implican que todas las empresas están tomando medidas proactivamente para incluir grupos marginalizados en sus estrategias de empleo, a la vez que trabajan para garantizar la igualdad y la equidad entre sus empleados. Según Open For Business, los empleadores inclusivos de LGBTQ+ han ganado 9,1 % más que el promedio del mercado desde 2010. Estos empleadores fidelizan tanto a clientes como empleados LGBTI+. Un informe de la consultora Deloitte va más allá y señala que más del 70 % de los empleados LGBTI+ suelen quedarse con su empleador actual.
Fallar abiertamente en la protección de los derechos fundamentales de la minoría LGBTI+ podría costarle a Kenia hasta 1,7 % del PIB. En la encuesta realizada por Open For Business, un grupo de empresas internacionales se comprometió con la investigación y acciones que llevan a la inclusividad LGBTI+, el 1,7 % del PIB equivale a pérdidas en el ingreso anual de hasta 1300 millones de dólares estadounidenses, o 130 000 millones de chelines kenianos. Los 1300 millones de dólares se dividen en tres partes: unos 140 millones (14 300 millones de chelines) de pérdida en el sector turismo, ya que algunos visitantes encuentran el país hostil; 105 millones de dólares (10 700 millones de chelines) de pérdida en trabajo productivo por desempleo y subempleo; y mil millones de dólares (105 000 millones de chelines) en pérdidas por mala salud como resultado del estigma, agresión, depresión y otras enfermedades físicas y mentales.
Sin embargo, hay que señalar que Kenia ha dado algunos pasos hacia la inclusividad de la comunidad LGBTI+ y Nairobi ha subido de posición en la clasificación de ciudades de Open For Business en 2022. Se atribuye esto a las ganancias impulsadas por un sólido movimiento LGBTI+ que trabaja arduamente para cambiar las normas, derogar los códigos penales inconstitucionales y centrarse en construir centros de innovación fuertes y emprendimientos en la ciudad. Kenia también ha logrado grandes avances en el censo de 2029 como la primera nación en el mundo que incluye personas intersexuales como grupo diferenciado. Otro paso destacado es el reciente fallo del Tribunal Supremo de Kenia por el que se otorga a la comunidad LGBTI+ el derecho de asociación bajo la Junta de Coordinación de Organización No Gubernamental.
Si bien una mayor inclusión de la comunidad LGBTI+ podría hacer que Kenia obtuviera anualmente ganancias de 140 millones de dólares (14 300 millones de chelines), según Open For Business, en última instancia, la inclusividad animará ampliamente a que la juventud pueda como es, sin miedo.
Linda Ngari es colaboradora de African Liberty.
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Fotografía: Globalvoices