Por: Julio Moguel. Aristegui Noticias. 05/07/2017
Poner por delante en la política la necesidad de una “amplia alianza” contra el PRI es poner la carreta delante de los bueyes. Porque se impone una visión instrumental que hace a un lado presupuestos decisivos de la circunstancia nacional y del contexto internacional que ahora se nos imponen. Porque se deja de lado de manera pragmática lo esencial, a saber: lo que está en juego en el país y en el mundo remite más a la “biopolítica” que a la política; es decir –como señaló hace ya tiempo Michel Foucault–, lo que está en juego “ahora” es la vida misma y, por tanto, el proceso-programa de transformaciones que México requiere debe fincar sus reales sobre estas pautas.
En un artículo reciente (en El Diario-es del 30 de junio de 2017), Amador Fernández Savater, recordando lo que había dicho el cineasta Pasolini en los años 70, concibe el conflicto político como un tema de signo antropológico: poniendo con ello el asunto en la disputa por los “diferentes modos de ser, sensibilidades, ideas de felicidad”. Acaso el tema suponga hacer una incisión aún más profunda en el sentido de dicha afirmación, pero no es muy distante de lo que Peter Sloterdijk quiso problematizar desde la base conceptual de una “paleopolítica” (con fundamentospre-lógicos o pre-racionales), dirigiendo su esfuerzo a desmontar los presupuestos “lógicos” –pragmáticos, groseros– de “la política moderna”.
El arco temporal del desastre nacional “contra la vida” viene –al menos– de los años 90 del siglo pasado, por lo que toda variante de “amplias alianzas” para vencer las tendencias y políticas públicas que se han impuesto desde entonces excluye naturalmente a los partidos políticos responsables directos de “la caída”. Pero no sólo porque la historia indique, por las huellas heredadas, “a quién se tiene que castigar” en la selección de los aliados, sino porque en las pautas programáticas de los referidos cuerpos partidarios no hay nada que indique que ahora estén dispuestos a luchar frontalmente contra el mencionado desastre del país (y por la vida).
En los últimos 18 años el país se ha degradado en prácticamente todos sus rubros. Desindustrialización, financiarización, extractivismo, dependencia; desestructuración de una geografía nacional anteriormente transitable y que ahora muestra señales de “peligro” en casi cada uno de sus espacios y rincones; promesa prácticamente asegurada de una dependencia económica y política aún más abyecta que la que actualmente se vive frente a los objetivos fascistoides de Trump. ¿Cuál es, frente a ello, la perspectiva programática de un “Frente Amplio Democrático” contra el PRI? ¿Tiene el PAN algo que ofrecer, en dicha lógica, para dar solvencia al mencionado frente amplio opositor?
II
No se requiere demasiada historia ni demasiado seso para encontrar los contrasentidos programáticos que se indican. No hay tampoco que esperar a que inicien las campañas políticas partidarias que llevan al 2018 para saber cuál es la “oferta” política perfilada. Tenemos, entre otros tantos, un ejemplo magnífico, por su significado y elocuencia, sobre lo que promete una alianza “de las izquierdas” (de un bloque de tales izquierdas) con el PAN –o con el PRI, si fuera el caso– para competir en los procesos comiciales del próximo año.
Es el caso, recién salida del horno, de una Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX) que, siendo magnífica y progresista, cual más, en no pocos de sus títulos o capítulos, nació con discapacidades esenciales que no alcanzan a ofrecer salidas contundentes a los más graves problemas de la urbe. (Toca a los lectores saber, investigar o imaginar cuáles fueron los colores partidarios de los que surgieron los votos generadores de tales “discapacidades”). Dos de estos déficits resultan decisivos para el balance.
Primer caso. La Asamblea Constituyente falló en incorporar en la Constitución Política de la Ciudad de México el derecho de todo ciudadano a una “renta básica”, elemento que había sido convertido por el Jefe de Gobierno de la CDMX en una de sus banderas principales en el proyecto constitucional. Las formulaciones relativas que quedaron establecidas en la Carta Magna fueron apenas débiles sombras de la propuesta original.
¿Qué quedó en su lugar? “El derecho a un mínimo vital” para los más pobres entre los pobres (numeral 2 del artículo 9), correlacionado además con “el máximo de recursos públicos disponibles” (numeral 3 del mismo artículo). Ubicado el tema en el rubro de “la política social”, la renta básica mancerista quedó finalmente convertida en simple acción pública de asistencia.
Segundo caso. Otro déficit –acaso el mayor déficit del texto constitucional– se relaciona con la temática de la o de las plusvalías urbanas. Y aquí conviene hacer un flash back para ubicar la forma en que la cuestión había sido perfilada en la propuesta de Constitución presentada por Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente.
Decía el numeral 7 del Apartado C del Artículo 21 del documento signado por el Jefe de Gobierno:
“Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad”. Y agregaba en el numeral 9 del mismo Apartado: “Los derechos de edificación serán administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir equitativamente las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas que deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos.”
Mal ubicado el asunto en su formulación inicial –pésimamente redactado por el equipo responsable del documento presentado por Mancera–, daba materia sin embargo para castigar al capital inmobiliario especulativo y aprovechar de “sus ganancias” mal habidas una parte importante para –repetimos la versión original– “restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad” y “beneficiar” en forma sustantiva a “los sectores de más bajos ingresos”
Lo que quedó finalmente establecido en el cuerpo de la CPCDMX se encuentra muy lejos de los contenidos y de los objetivos de la formulación inicial, pues el tema quedó sólo en promesa “de regulación” de “pagos de compensación” por parte el capital inmobiliario, a juicio y desde las capacidades específicas de las autoridades en turno.
III
¿De qué hubiera servido en la Asamblea Constituyente la existencia de un Frente Amplio Opositor? ¿Hubiera sido posible una sólida alianza entre perredistas y panistas para que, sumados a los votos de Morena, se alcanzara el “máximo objetivo” de ganar la renta básica y de dar sustento firme a la idea de capitalizar, para el beneficio de la Ciudad, parte de las plusvalías urbanas que actualmente se llevan al bolsillo los grandes capos del capital inmobiliario especulativo nacional e internacional?
La pregunta, en sí misma, marca un sinsentido radical. Los déficits de la CPCDMX muestran un “resultado concreto” de lo que implica en realidad un maridaje oportunista, de ocasión. El objetivo fundamental se define por la consigna de “Sacar al PRI de Palacio”. Sí, pero ¿quiénes y para qué?
Fuente: http://aristeguinoticias.com/0407/mexico/un-frente-amplio-democratico-contra-el-pri/
Fotografía: aristeguinoticias
