Por: José Antonio Flores Vargas. Palabras Claras. 26/09/2017
El domingo anterior el periódico Reforma publicó la numeralia de los daños causados por los dos sismos de este mes de septiembre en nuestro país, basándose en los datos proporcionados por las autoridades mexicanas.
Hasta ese momento, se habían confirmado 407 muertes de personas, de las que 100 correspondieron al sismo del día 7, que afectó a los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y 307 al sismo del pasado 19, que provocó grandes daños a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero y el estado de México.
Según esa información, en esas ocho entidades federativas se tienen 140 mil viviendas afectadas y casi 50 mil edificios con pérdida total.
Ayer se informó que existen 10 mil escuelas dañadas, de las que 400 quedaron en escombros y deberán ser reconstruidas.
Esto sin contar las graves afectaciones a empresas y comercios que no han terminado de cuantificarse, y que de alguna manera, provocan un impacto negativo en la economía.
Además de las lamentables pérdidas humanas y el dolor de la población, la magnitud de los daños a la infraestructura, al comercio y a la economía es todavía incuantificable. Por otro lado, debemos considerar que las personas que cumplan con los requisitos que establece el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), recibirán el apoyo de esa institución, siempre menor a lo que realmente pierden las familias por esos siniestros.
Iniciada la reconstrucción, el proceso puede durar hasta cinco años, en algunos casos.
A la par de estas informaciones, expertos e instituciones relacionadas con la economía, han dicho que las pérdidas totales por estos sismos serán equivalentes al 1% del PIB (producto interno bruto) del país. Al hacer una comparación, señalaron que el sismo de 1985 se llevó entre el 2 y 3% del PIB.
Si hablamos del uno por ciento del PIB, esto equivale a 170 mil millones de pesos, cerca de 9 mil 700 millones de dólares.
Al reflexionar acerca de la enorme pérdida en vidas y en la economía, que sufre el país por estos movimientos telúricos, recordamos las cifras astronómicas que en los años recientes desaparecieron de las arcas públicas, muchos de los exgobernadores que ha tenido el país, algunos encarcelados o con denuncias en contra.
El año pasado, la SHCP informó que esa camada de gobernantes corruptos, aumentó la deuda de sus estados por un total de 186 mil 536 millones de pesos. Dineros que no mejoraron la infraestructura ni los servicios públicos de Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas.
Javier Duarte, Guillermo Padrés, Roberto Borge, Cesar Duarte, Rodrigo Medina, Humberto Moreira, Jorge Herrera y Egidio Torre, forman la primera línea de delincuentes de cuello blanco, que irresponsablemente destrozaron la economía de los territorios que gobernaron. Les siguen, Andrés Granier, Fausto Vallejo, Emilio González, Tomás Yarrington, José Murat, Juan Sabines, Ulises Ruiz y Ángel Aguirre. Todos ellos, serán recordados por los hoyos financieros que dejaron en sus estados, con daños infinitamente superiores a los que provocaron los sismos de septiembre.
Sismos y deudas, desfalcos y apropiación indebida de bienes públicos, al final reflejan enormes pérdidas. Unos y otros eventos, se dieron apenas en el primer tramo del siglo XXI.
Los más graves, acompañados de muerte, destrucción y luto nacional. Los otros, los que permitió la corrupción y la impunidad, lamentables por donde se les vea, causaron también desesperanza, marginación y aumento de la pobreza.
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Fotografía: economiahoy
