Por: David Álvarez. 21/09/2025
Este 8 de agosto, al caer la tarde, decenas de personas caminaron por las calles de San Francisquito con un mensaje que resume años de inconformidad: “San Pancho no se vende”. Entre danzas concheras, ciclistas y colectivos, la comunidad reafirmó que la transformación urbana que vive el barrio no es, para ellos, un sinónimo de progreso, sino un proceso de despojo.
La marcha partió de la calle 21 de Marzo y avanzó por Pasteur hasta Ignacio Zaragoza, siguió hacia Ejército Republicano y volvió a su punto de origen. En cada parada, el sonido de los tambores y las sonajas marcaba el paso, mientras carteles y consignas señalaban a la gentrificación como una amenaza para la forma de vida que San Francisquito ha sostenido por generaciones.
La convocatoria había sido lanzada una semana antes por la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, con el llamado a “rearticularnos para hacer la defensa de la vida”.
Según Miguel Emmanuel Hidalgo, habitante del barrio, el fenómeno que enfrentan no comenzó con proyectos de embellecimiento o movilidad, sino con un abandono deliberado del espacio por parte de las autoridades, que preparó el terreno para justificar las transformaciones.
En la concentración previa a la marcha, Braulio Ayala García, integrante de la Confederación, advirtió que la gentrificación “se disfraza de progreso, desarrollo, movilidad sustentable o embellecimiento del espacio, pero el objetivo es la acumulación capitalista y la satisfacción de intereses privados”.
Una presión que lleva años
El conflicto por el territorio de San Francisquito no surgió de un día para otro. Sus raíces se remontan a mediados de la década pasada, cuando comenzaron a consolidarse proyectos urbanos de gran escala en su entorno inmediato.
En 2015, el anuncio del complejo Latitud Victoria, en los terrenos de la antigua embotelladora La Victoria, marcó un punto de quiebre: un desarrollo inmobiliario de alto costo, impulsado por capital privado y respaldado por autoridades municipales y estatales, frente a un barrio de vivienda popular y tradición artesanal.
A partir de entonces, la comunidad percibió una secuencia de acciones que, en conjunto, incrementaron la presión para el cambio de uso y perfil social del barrio. Por un lado, el avance de nuevos desarrollos como Barrio Santiago, junto a Los Arcos, atrajo inversión y elevó el valor del suelo en la zona.
Por otro, las políticas públicas priorizaron obras e intervenciones en el centro histórico, mientras San Francisquito quedaba al margen: entre 2013 y 2018 solo recibió una obra de mejora, en contraste con decenas realizadas en el primer cuadro de la ciudad.
En paralelo, medidas de “reordenamiento” en áreas vecinas, como el desalojo de más de 350 comerciantes de la Alameda Hidalgo en 2016, enviaron a la comunidad una señal clara de que la permanencia en el espacio no estaba garantizada. Para la Confederación Indígena del Barrio, este abandono no es accidental: se interpreta como una estrategia para deteriorar la infraestructura y justificar después su sustitución bajo proyectos de renovación urbana.
La resistencia comunitaria ha incluido la defensa de prácticas culturales como las danzas concheras, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial en 2017. En 2020, se creó la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, que logró en 2023 el reconocimiento municipal como barrio indígena urbano.
Sin embargo, en 2024 el Congreso local rechazó formalizar esta condición, argumentando deficiencias legales. La Confederación sostiene que cuenta con más de 3,000 firmas de apoyo, incluyendo 800 de personas que se identifican como indígenas.
La marcha del 8 de agosto no fue un evento aislado, sino un capítulo más en una defensa que combina acción en la calle, gestión legal y preservación cultural. Para la comunidad, proteger San Francisquito implica resistir tanto a los proyectos inmobiliarios como a las narrativas que presentan la transformación del barrio como un progreso inevitable.
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Fotografía: Grieta. Laura Santos