Por: Facundo Quiroga. 15/01/2026
El abogado e integrante de Reset Republicano, José Lucas Magioncalda, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y cuestionó con dureza el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que amplía las facultades del servicio de inteligencia, en particular la posibilidad de detener personas sin control judicial efectivo. En ese marco, advirtió sobre la inconstitucionalidad de la norma, la falta de garantías y el riesgo concreto para los derechos humanos.
“Lo preocupante es que no solamente se le otorga al Servicio de Inteligencia la potestad de detener personas, que es una entidad que goza ya de mucho poder, sino que se lo hace sin la obligación de dar aviso inmediato a un juez”, señaló José Magioncalda, al comparar esa situación con los límites que sí tienen las fuerzas policiales.
En ese sentido, explicó que el decreto establece que, ante una detención, el servicio de inteligencia solo debería informar a una fuerza de seguridad, pero al mismo tiempo dispone que toda la actividad de inteligencia pase a ser encubierta. “Entonces, si va a ser encubierto, si la policía no tiene capacidad de control sobre el servicio de inteligencia, ¿qué es lo que nos va a garantizar la inmediatez en el aviso a la policía? Y aun en el caso de que eso se cumpla, ¿qué nos garantiza que la policía puede hacer algo al respecto? Absolutamente nada”, advirtió.
El abogado remarcó que, bajo este esquema, ni siquiera podrían conocerse datos básicos de una detención. “Ni siquiera se van a poder informar datos tales como quién lo detuvo, por qué motivo”, alertó, y agregó que el decreto habilita detenciones no solo en casos de delitos flagrantes o con orden judicial, sino también en el marco de investigaciones de inteligencia.
“No hace falta que se esté cometiendo un delito. Si el servicio de inteligencia desea detener a alguien para sacar información, alguien que no la quiso dar por las buenas, lo podría hacer y mantener detenida a una persona de manera encubierta hasta que esta persona se decida a hablar”, explicó, y se preguntó quién controlaría que no se cometan abusos durante ese período. “¿Quién controla que no pasen cosas realmente graves, como apremios ilegales, por ejemplo?”, planteó.
Magioncalda fue contundente al definir el alcance del DNU: “Es un decreto que habilita la desaparición forzada. Y esto no es un eslogan”. Para fundamentar esa afirmación, citó el artículo 142 del Código Penal: “La desaparición forzada tiene dos características fundamentales: primero, que la detención sea ilegal, y en este caso lo es porque vulnera la constitución y el pacto de San José de Costa Rica; y segundo, la falta de información y de transparencia sobre el hecho”.
En esa línea, sostuvo que el deber de informar que menciona el decreto “en la práctica no se va a cumplir frente a autoridades policiales que no son competentes” y subrayó que, cuando no hay delito, “la única autoridad competente es el propio servicio de inteligencia”.
Consultado sobre las acciones judiciales impulsadas contra el DNU, Magioncalda consideró acertada la presentación de amparos. “Me parece que está muy bien la presentación de amparos. La justicia tiene algo que decir en todo esto”, afirmó, aunque aclaró que “la solución más de fondo, institucional y clave, la tiene el Congreso de la Nación Argentina”.
Frente al argumento del gobierno de que no existiría daño actual, respondió: “El amparo también habla de daños inminentes. ¿A qué habría que esperar, que desaparezca alguien y no sepamos quién se lo llevó porque es encubierto lo que hace el servicio de inteligencia a partir del decreto?”.
El integrante de Reset Republicano también advirtió sobre los posibles blancos de estas facultades ampliadas. “El servicio de inteligencia no va a ir a aprender a un ciudadano de a pie; van a perseguir directamente a dirigentes políticos y a voces opositoras al gobierno, y a periodistas”, sostuvo.
En ese marco, recordó un decreto previo que fija la política de inteligencia nacional y que ya había generado preocupación en su espacio. “Dentro del ámbito de investigación de la inteligencia se ponía como objetivo la cuestión del litigio estratégico, es decir, organizaciones de la sociedad civil, personas o abogados que hacemos juicios tratando de ajustar a la legalidad determinadas políticas públicas”, explicó, y remarcó: “Eso no es un delito, pero sí es un ámbito de la investigación”.
“Influir no es un delito: influir puede ser dar una opinión, hacer una investigación y poner en conocimiento a la sociedad esa investigación. Que esa verdad o esa opinión pueda desagradar a alguien es legítimo”, enfatizó, y contrastó: “Lo que el estado se tiene que ocupar de reprimir son los delitos”.
Finalmente, al ser consultado por la ampliación de partidas presupuestarias para el área de inteligencia, Magioncalda concluyó: “El gobierno tiene un interés desmedido en la actividad del servicio de inteligencia, mientras cuestiones fundamentales del estado como educación, discapacidad y salud no están siendo debidamente cubiertas”. Y cerró con una advertencia: “Es todo parte de un mismo combo: una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de potestades y una capacidad enorme de daño para la democracia y para la república”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Fotografía: Real politik