Por: Selene Landa Bustos. 05/11/2021
La paridad de género es una realidad. Como resultado de la lucha constante de mujeres por garantizar los derechos políticos, en junio del 2019 se incorporó el principio de paridad de género en todos los espacios de representación política, en los tres niveles de gobierno. Para ello se modificaron varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma ha dado la oportunidad a mujeres de tener mayor presencia en la vida política de nuestro país, lo que ha permitido ejercer una participación ciudadana equilibrada en puestos públicos con mujeres y hombres.
Como muestra, un análisis del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey sobre el proceso electoral del 2021, señala que la participación de mujeres aumentó en puestos de elección popular a nivel nacional. El resultado es histórico, ya que 900 mujeres ocuparán cargos de diputaciones federales de mayoría relativa, de diputaciones locales de mayoría relativa y de presidencias municipales.
También destaca que 18 congresos locales estarán conformados de manera paritaria, pues el porcentaje de mujeres electas es igual o mayor al 50 por ciento.
En el país, el estado de Chihuahua destaca por ser pionero en impulsar la paridad. En este año las mujeres hemos ganado terreno en puestos claves dentro de la esfera política. Dentro del Instituto Estatal Electoral se nombraron en paridad los cargos de las presidencias de las Asambleas Municipales Electorales. En la gubernatura quedó electa por primera vez una mujer, María Eugenia Campos Galván. Esto incluye a Chihuahua en los 5 estados representados por mujeres (Colima, Tlaxcala, Guerrero, Baja California y Chihuahua) de los 15 en donde hubo elecciones.
Estos espacios ganados por mujeres fortalecen los canales de igualdad formal.
Que las mujeres tengamos presencia en puestos de dirección, de elección popular y en las instituciones políticas públicas, suma también en la atención a problemáticas sociales que nos afectan directamente, como la violencia política, la desigualdad salarial, la inseguridad en espacios públicos, la salud sexual y reproductiva, y la discriminación a mujeres indígenas, entre otros.
Aunque los avances normativos sobre paridad han sido significativos y se ha logrado la igualdad formal en los espacios de decisión política, los hechos muestran que todavía falta mucho para alcanzar una plena igualdad.
El principio de paridad garantiza espacios de toma de decisión para mujeres y hombres, pero no asegura que las desigualdades entre ambos sexos desaparezcan.
Estas discrepancias frenan los avances normativos que se han logrado en cuestión de igualdad. Y no se habla de una igualdad de mujeres con mujeres, sino de una igualdad de condiciones frente a los hombres que genere ambientes justos para ambos.
Así, el siguiente paso es reflexionar, y de forma urgente, sobre las distintas condiciones personales, sociales y políticas en que mujeres y hombres desarrollan sus funciones en espacios políticos, ya que estas condiciones no permiten el pleno desarrollo en igualdad.
Las oportunidades que tienen mujeres y hombres para desarrollar sus funciones dentro del ámbito político son diferenciadas por los roles asignados culturalmente, que desfavorecen en particular a las primeras. Estos roles, sin duda, obstaculizan el pleno desarrollo de las funciones de las mujeres en la esfera política y en la vida profesional en general.
Gayle Rubín (2000) señala al sistema social como un reproductor de roles que imponen una personalidad a cada género. Las distintas tareas asignadas en las esferas personal y social y el conjunto de atributos asignados como “femeninos” dentro de los ámbitos institucionales, e inclusive la violencia política por el hecho de ser mujer, no permiten las mismas condiciones en las distintas esferas entre mujeres y hombres.
Socialmente se continúa visualizando a los hombres para trabajos relacionados con la fuerza, espacios de discusión o “ambientes difíciles”, mientras que a las mujeres nos asignan tareas relacionadas con el cuidado, el hogar y la familia. Esto dificulta la inserción a un sistema que por mucho tiempo fue ocupado y diseñado por y para hombres. Así, la incorporación en cargos de elección popular nos obliga a realizar hasta tres jornadas (trabajo doméstico, trabajo y maternidad, según sea el caso) para poder cumplir con el desarrollo de nuestras aspiraciones políticas.
Por lo tanto, la siguiente tarea es asegurar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Para lograrla es necesario trabajar en políticas públicas que busquen una plena igualdad más allá de la normatividad, donde el objetivo principal sea deconstruir los roles desiguales entre mujeres y hombres.
Una transformación y redistribución equilibrada de las relaciones de poder. Que las mujeres ganemos terreno en espacios institucionales ayuda a generar nuevos roles para las mujeres, distintos a los que por años nuestra cultura nos ha heredado.
También contribuye en cambiar los estereotipos asignados en un sistema sexo – género y a fomentar una relación basada en la libertad política y social. Esto sumaría en una nueva concepción de lo que significa “ser mujer”.
*Estudiante de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social de El Colef
21/SLB/LGL
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Fotografía: César Martínez López