Por: José Zepeda. Rafael Roncagliolo. openDemocracy. 16/12/2020
Foto: Protesta contra la crisis política en Perú. Noviembre 2020. | Felipe Vargas Figueroa/NurPhoto/PA Images. All rights reserved.
Hay 4 prioridades: la estabilidad del gobierno actual, las elecciones de abril, la pandemia y la crisis económica. Una vez atendidas, será el momento de abrir un proceso constitucional en Perú.
José Zepeda: Señor Roncagliolo, comencemos, si le parece, con una aclaración indispensable sobre los móviles que condujeron al golpe de Estado parlamentario en su país. La pregunta es pertinente porque en el exterior se ha repetido sin cesar que han sido motivos ajenos a la institucionalidad, ya sean estos privados o corporativos. ¿Cuáles son estos?
Rafael Roncagliolo: Es difícil juzgar las intenciones de los vacadores (neologismo utilizado en el Perú para hablar de los partidarios de cesar al presidente y declarar vacante su cargo), pero hay algunos elementos que se pueden tener en cuenta. En primer lugar, en el Perú no hay partidos políticos, así que pensar que haya móviles partidarios no tendría mayor sentido. Los partidos no funcionan como tales. Por lo tanto, estas decisiones dependen de la voluntad de los parlamentarios. Se trata de voluntades dispares.
En un nivel más superficial está presente el afán de asumir posiciones de prestigio, como la presidencia del país. Seguramente también postergar las elecciones y de esa manera prolongar el mandato parlamentario.
En tercer lugar, está claro que entre los vacadores hay una mayoría que tiene procesos judiciales abiertos, 65 de 105 parlamentarios. El presidente del Congreso tiene hasta ocho iniciativas de demanda judicial. De manera que el control del Ejecutivo y el Legislativo permitiría maniobrar para suspender estos juicios.
Estas me parecen motivaciones que uno puede suponer plausibles. Por otro lado, es cierto, que la denuncia contra el presidente Martín Vizcarra, que había sido el paladín de la lucha anticorrupción, ha chocado mucho a la opinión pública. Y naturalmente los parlamentarios podían utilizarla como una buena razón, como un buen argumento justificativo de sus intenciones.
JZ: ¿Se erradicó el peligro que se precipitó sobre la democracia o los golpistas siguen activos?
RC: Diría que es una situación muy frágil. Por un lado, el nuevo gobierno del presidente Francisco Sagasti tiene una altísima legitimidad, tanto nacional como internacional, de manera que es muy difícil intentar otra vez operaciones de este tipo. Por otro lado, no hay ninguna razón para pensar que esta voluntad vacadora no vuelva a presentarse. Sobre todo, porque el Tribunal Constitucional no ha querido pronunciarse sobre la pertinencia de la vacancia y sobre la legitimidad constitucional de lo que es una “incapacidad moral permanente”, de manera que esto pende como una espada de Damocles para el gobierno de transición y también para los gobiernos futuros. Entonces no se puede aseverar que este peligro esté desterrado, está siempre latente.
JZ: Usted lo ha dicho. Hay un Congreso en el cual varias decenas de los parlamentarios tienen procesos por diversas causas que van desde la corrupción hasta el homicidio. Hay seis expresidentes cuestionados por la justicia y yo me hago cargo de que no hay respuestas fáciles para problemas tan profundos. Pero ¿es factible aproximarse a una explicación de esta crisis moral y espiritual en el Perú?
RC: Es un proceso muy largo que tiene que ver con lo que llamo “la privatización y la mercantilización de la política”. Hace un cierto tiempo, cada vez más, la idea de la política como actividad pública orientada por finalidades colectivas, cede terreno a una práctica de la política como una forma de obtener poder e ingresos personales.
Los candidatos andan buscando partidos y los partidos andan buscando candidatos.
Hace 30 años, por poner una fecha, había partidos políticos que buscaban a sus mejores cuadros para ser candidatos. Hace ya un tiempo lo que buscan los partidos son candidatos que puedan traer fondos para financiar la campaña y que tengan por sí mismos votos.
Acá los partidos no tienen candidatos y los candidatos, como está ocurriendo en este proceso en curso, no tienen partidos. Los candidatos andan buscando partidos y los partidos andan buscando candidatos.
Los candidatos seleccionados en este curioso mercado no tienen ningún tipo de lealtad partidaria ni ideológica, son elegidos por un voto preferencial. Entonces su votación, consideran ellos, se debe a sus mismos fondos y a sus propios electores. No tiene ningún tipo de lealtad, porque no tienen por qué tenerla. Los partidos son vehículos para canalizar estas ambiciones. De esta manera, el sentido mismo de la política está trastocado. Y eso explica en el fondo lo que viene ocurriendo.
Hace unas tres décadas, desde el 89 más o menos, comenzó la disolución de los partidos políticos, tal como son clásicamente entendidos.
JZ: En consecuencia, estos 24 partidos tienen hoy día 30 precandidatos a la Presidencia de la República. Se trata de un exceso que hace muy difícil calificarlo de salud democrática.
RC: De todas maneras, hay que distinguir entre los candidatos. La mayoría pertenece a este orden de cosas que yo espero que caduque en las próximas elecciones del 11 de abril. Pero algunos de ellos, pocos, justamente los que se han opuesto a la vacancia, los que han apoyado las movilizaciones populares en contra, representan la posibilidad de un orden político nuevo. No están asociados a la corrupción, ni a este Congreso. O en el caso de que hayan participado en el Congreso, me refiero a los miembros del partido Morado, que es el único partido que ha votado en bloque en contra de la vacancia. Entonces estos candidatos de alguna manera no estarían afectados por el proceso general de deterioro de la democracia.
JZ: Le cuento que me persigue hace días el recuerdo de los acontecimientos del 68 por ese factor de contaminación que se propagó con sus características particulares, por supuesto, de un país a otro. Pero hoy día Chile, Perú, Guatemala. ¿Hay algo de aquello en los jóvenes que quieren otra forma de administración del poder?
RC: No sé si propagación sea el término más adecuado, porque no se trata de una ola que parte en un lugar y se expande por el resto. Creo que, en cada una de las situaciones, en cada uno de los países, hay motivaciones propias que explican el momento.
Hay una efervescencia social latente que se vuelve manifiesta y expresa cuando aparecen determinadas coyunturas nacionales en todos los casos.
Las manifestaciones no se producen por imitación de lo que ocurrió en Chile, sino porque hubo un fenómeno interno propio que despertó la indignación. Lo mismo vale para Guatemala o para otras movilizaciones recientes como la de Ecuador, Colombia. Entonces, propagación no es una buena palabra, pero sí lo es decir que hay una efervescencia social latente que se vuelve manifiesta y expresa cuando aparecen determinadas coyunturas nacionales en todos los casos. Sí, me parece que esta esencia, este fermento colectivo, es común a todas estas situaciones y es encarnado, sobre todo, por jóvenes que están hartos de políticas e instituciones que son formalmente democráticas, pero que en realidad son profundamente excluyentes y marginadoras.
JZ: La pregunta anterior tenía el propósito también de que pudiéramos acercarnos de alguna manera al tema de la Constitución de 1993 y a un eventual proceso constituyente que tiene tantos partidarios aquí como otros tantos detractores allá. Solo quiero adelantarme a su respuesta para decir que me parece que cualquiera que sea el camino que elija el pueblo peruano, nadie podrá negar que los entusiastas por una nueva Constitución están guiados por criterios democráticos e institucionales. Es decir, nadie plantea aquí la toma del cielo, ni tampoco el Palacio de Invierno.
RC: No, por supuesto, por supuesto. La Constitución es un contrato social. Un Contrato se mantiene vigente mientras las partes estén de acuerdo. La Constitución de 1993 ha perdido legitimidad porque las partes, que son los ciudadanos, ya no se sienten identificados en ella.
La Constitución hoy día está en un tremendo proceso de liquidación.
No quiero ahondar en sus controvertidos orígenes ni lo que significó Alberto Fujimori, sino simplemente que estas expresiones populares demuestran que hay una parte importante de la ciudadanía que no quiere seguir rigiéndose por ella. El hecho de que el Tribunal Constitucional renuncie a explicar esta norma de la incapacidad moral permanente es una demostración más de que la Constitución no tienen arraigo. No tiene legitimidad, para no hablar de las medidas económicas que impiden que el Estado pueda atender las necesidades urgentes en materia de salud, educación, porque, entre comillas, la Constitución se lo impide.
De manera que la Constitución hoy día está en un tremendo proceso de liquidación.
La gran pregunta es cuál es el momento para proceder a un debate constitucional. Personalmente creo que en estos ocho meses de gobierno de transición se tienen que atender las prioridades más urgentes. En primer lugar, la subsistencia misma del gobierno. En segundo lugar, las elecciones, en tercer lugar, la pandemia y la vacuna, y, en cuarto lugar, la recuperación económica.
En este cuadro el tema la Constitución, precisamente porque es muy importante, no tiene que formar parte de lo que la gestión de este gobierno. En mi opinión, hay que ir creando las condiciones para poder entrar a un proceso constitucional a partir del mes de abril, cuando se renueve la conformación de la representación política. Un proceso constitucional con los actuales representantes resultaría un regreso al pasado y una cosa anacrónica.
En síntesis, creo que va a haber que cambiar la Constitución. Hay una conciencia creciente de ello, pero creo que no tiene la prioridad temporal en el calendario de las urgencias.
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Fotografía: openDemocracy.
