Por: Mong Palatino, IFEX. 23/01/2026
La petición busca obligar a plataformas tecnológicas a revisar cómo tratan las cuestiones de derechos humanos.
Este articulo es parte de una serie producida por IFEX, red global que defiende y promueve la libertad de expresión, sobre el impacto del silencio y la inacción de las grandes tecnológicas ante el uso indebido de sus plataformas para amplificar los ataques contra periodistas.
Los higaonon son un grupo indígena asentado en las regiones montañosas del norte y centro de Mindanao, en Filipinas. Enfrentan a grandes dificultades, en particular la invasión de sus territorios ancestrales por parte de las operaciones mineras y madereras. En 2019, después de que Leonardo Vicente “Cong” Corrales escribió sobre la difícil situación de los higaonon evacuados que huían de los enfrentamientos militares en sus comunidades, se vio incluido en un afiche de personas etiquetadas como presuntos miembros del Partido Comunista de Filipinas en Cagayán de Oro, grupo que el Gobierno filipino ha catalogado como terrorista. Los autores del afiche, que circuló ampliamente en línea, permanecieron en el anonimato.
Esto se conoce como «etiquetado rojo», la práctica de vincular a personas y grupos con el Partido Comunista y su brazo armado. Durante la presidencia de Duterte, se utilizó para atacar a críticos, periodistas, académicos, la oposición y defensores de derechos humanos. A los periodistas profesionales los etiquetan desconocidos en redes sociales.
A pesar de la insistencia de las autoridades de que no existe el etiquetado rojo, una importante sentencia del Tribunal Supremo de 2024 lo describió como una amenaza a la vida y la libertad. El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas publicó recientemente un estudio que demostró que el 60% de los incidentes de etiquetado rojo entre 2016 y 2024 fueron perpetrados por fuerzas estatales, en particular miembros de la Policía y el Ejército.
En ocasiones, las amenazas contra Corrales fueron aún más directas. En 2020, expresó su apoyo a ABS-CBN, la mayor emisora de medios del país que tuvo que cerrar cuando el Congreso, dominado por aliados del expresidente Rodrigo Duterte, no le renovó su concesión. Corrales regresó a la emisora y se encontró con una corona de flores con su nombre y el de otros periodistas.
En 2021, tras escribir un artículo sobre una despensa comunitaria, Corrales recibió nuevamente la etiqueta roja por cuentas anónimas de Facebook que difundieron una foto suya en las que sale portando un arma, e insinuaron que era un rebelde comunista armado. En realidad, el arma era un juguete usado en un seminario de capacitación en seguridad para periodistas.
En 2023, una operación de doxeo echó más leña al fuego. Una cuenta anónima de Facebook publicó hojas informativas de Corrales y otro periodista extraídas de la agencia de vivienda del Gobierno municipal. El objetivo era condenar a periodistas críticos como Corrales por explotar servicios gubernamentales como viviendas sociales, con lo que insinuaban que los ciudadanos deberían perder este derecho si critican a las autoridades.
En 2023, envió una carta a Meta, empresa matriz de Facebook, para exigir que eliminaran las publicaciones con la etiqueta en rojo desde 2019 y solicitaran información sobre las cuentas responsables de estas publicaciones. En respuesta, Meta afirmó que ya había eliminado las publicaciones, pero insistió en que: «necesitaba procesos legales para cumplir con la solicitud de información».
En respuesta, Corrales presentó una demanda ante la Comisión Nacional de Privacidad contra Meta por a su negativa a dar información sobre las cuentas que realizaban las etiquetas rojas. Corrales contó con el apoyo del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas y de abogados voluntarios del Movimiento contra la Desinformación, que se comprometieron a iniciar un “litigio decisivo” contra quienes lo etiquetaron de rojo.
ÚLTIMAS NOTICIAS. El periodista Cong Corrales, que vive en Cagayán de Oro, presenta una queja ante la Comisión Nacional de Privacidad para obligar a Meta a revelar información sobre los etiquetadores rojos del Congreso.
En julio de 2025, un arbitraje facilitado por el Comisión Nacional de Privacidad permitió que Corrales y su equipo legal accedieran a las identidades de al menos 10 de las aproximadamente 30 páginas de redes sociales que estaban detrás de las cuentas con etiquetas en rojo. Rastrearon al menos una de las cuentas hasta una institución gubernamental. Corrales y sus abogados recibieron la decisión como un importante paso en la búsqueda de asumir responsabilidades y justicia.
En una entrevista con IFEX, Corrales enfatizó la responsabilidad moral y ética de Meta y otras plataformas de redes sociales para proteger a sus usuarios.
Ya no son simples foros neutrales; ahora son el principal campo de batalla del discurso público. Al no actuar decisivamente, estas plataformas se convierten en cómplices involuntarios de violaciones de derechos humanos. Los algoritmos diseñados para maximizar la interacción pueden amplificar narrativas peligrosas como las etiquetas en rojo, lo que pone vidas en riesgo.
Corrales subrayó la necesidad de una «contraofensiva legal» para obligar a Meta a responder a su petición. «Sin acciones legales, estas plataformas pueden ignorar fácilmente nuestras súplicas», afirmó.
“La vía legal no se limita a un solo caso; se trata de forzar un cambio sistémico en la forma en que estas plataformas abordan las cuestiones de derechos humanos”, añadió.
Como forma de avanzar para combatir el etiquetado rojo, Corrales instó al Gobierno a hacer una “condena clara e inequívoca del etiquetado rojo por parte de funcionarios de alto rango” y garantizar “la rápida investigación y el enjuiciamiento de las personas que difunden desinformación e incitan a la violencia contra periodistas y defensores de derechos”.
Respecto de las plataformas de redes sociales como Meta, Corrales enfatizó que crear un entorno en línea más seguro es crucial para salvaguardar la democracia y la prensa libre.
Deberían tener políticas de moderación de contenido más estrictas y transparentes, diseñadas específicamente para abordar las campañas de desinformación patrocinadas o coordinadas por el Estado. Deben ser más receptivos a las denuncias de amenazas, discursos de odio, acoso y desinformación por parte de los usuarios, especialmente cuando provienen de fuentes afiliadas al Estado. Deben invertir en equipos locales con un profundo conocimiento del contexto sociopolítico de Filipinas.
De ser el periodista con mayor cantidad de etiquetas rojas en su región, Corrales contraatacó e invocó las responsabilidades de las plataformas tecnológicas y los organismos gubernamentales para proteger la seguridad de todos los usuarios de internet.
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Fotografía: Global voices