“No importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas” (John Rawls)[i]
Jorge Salazar García. 06/05/2018
En 118 años de nuestra Historia, ningún presidente en funciones o después de su mandato ha sido llevado a los tribunales para ser juzgados por los crímenes cometidos durante su gestión. El único que estuvo cerca de serlo, Porfirio Díaz, prefirió el destierro antes que pagar sus delitos con cárcel. Desde entonces (1911) 26 personajes han ocupado la presidencia: 6 interinos, 1 sustituto, 3 usurpadores (Victoriano Huerta, Carlos Salinas y Felipe Calderón) y 16 “Constitucionales”. Todos gozaron de impunidad, y aunque algunos murieron asesinados (Madero, Huerta, Carranza y Obregón) no lo fueron por actos de justicia sino de traición. Esto es, ya institucionalizada la Revolución, los presidentes, uno tras otro, ha cubierto las transgresiones del anterior con el objetivo de permanecer ricos e impunes. De este modo las dinastías del PRIAN han secuestrado al Estado creando un caciquismo económico putrefacto, orgullosos de su IMPUNIDAD.
En efecto, alrededor del poder ejecutivo, como sanguijuelas, está omnipresente una minoría (beneficiada con el FOBAPROA y las privatizaciones) vigilándolo con el propósito de retener el poder usurpado, a como de lugar. Es esa cúpula empresarial, generadora del 2% de lo empleos, la que está detrás de los sobornos, saqueos y exterminios que han convertido a México en un lugar de muerte, dolor y pobreza. Constituidos en un Leviatán, personificados en Peña Nieto y aislado en su esfera de poder no se dan cuenta que la estrategia de miedo, iniciada por Salinas y masificada por Calderón ya no está funcionando y si gana AMLO, algunos de ellos y sus aliados tendrán que rendir cuentas a la Nación. Por esta razón le ordenan a Peña Nieto seguir metiendo las manos en el proceso electoral favoreciendo a Meade o a Anaya, quienes garantizan su IMPUNIDAD.
De lo anterior, puede deducirse que el peje expresa una verdad cuando habla de la existencia de una “mafia del poder” cuando se refiriere a Carlos Salinas y los grandes empresarios, principalmente. Dicha hermandad delincuencial es una realidad sustentada en estudios serios, nacionales e internacionales. Por mencionar uno, nos remitiremos a la investigación realizada por el Tribunal Permanente de los Pueblos (http://www.tppmexico.org). Después de 3 años (2012-14) recabando pruebas, el TPP sentencia responsabilizando a los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y las grandes empresas nacionales y trasnacionales por la tragedia social, ambiental, cultural y humana que padecemos. En dicho documento se asienta: “la aplicación de las políticas económicas, … han llevado a la vulneración masiva y sistemática de un conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de una gran parte de la población de México.( p. 21). Más adelante explica el cómo y el para qué, afirmando: ”el desvío de poder hacia acciones criminales se realiza con el propósito de “satisfacer o beneficiar a intereses privados locales o extranjeros en detrimento del interés público y general de la población” (p.28). Con base a los datos recogidos, adjudica al Estado mexicano la responsabilidad jurídica por acción o inacción y; consecuentemente, concluye, puede ser sancionado.
Refiriéndose directamente a Enrique Peña Nieto asienta: “ tiene responsabilidad por la violación de los derechos,.. por desvió de poder … por la privatización de espacios y servicios públicos …uso excesivo de la fuerza pública … y aquiescencia y complicidad con el accionar delictivo de las empresas transnacionales” (p. 68). De manera clara e inobjetable afirma sobre la administración de Peña: “El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el límite por el gobierno que por entrega, omisión o impotencia va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos… convirtiéndose en un promotor y un certificador de las operaciones privadas de los inversionistas”. Más claro no se puede; peña puede ir a la cárcel.
Se entiende, por lo anterior, el temor de que llegue un opositor real a lo pinos. Los insaciables, no obstante contar con la protección convenenciera de los EE.UU y los organismos internacionales económicos (señalados también como responsables) poco podrá hacer (dentro de la ley). Los ciudadanos exigen cuentas y saben que Meade y Anaya, al formar parte del Estado, no destaparán la cloaca, son garantía de IMPUNIDA. Al respecto, el TPP, dice: “la impunidad como situación generalizada alcanza carácter estructural, “merced al incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.” (p. 58).
Ante este panorama, cabe preguntarse ¿cuánta más destrucción y derramamiento de sangre costará terminar con la IMPUNIDAD? y ¿cómo impedir que el país siga secuestrado por delincuentes? La primera respuesta la conocemos: “la que se requiera” dirán aquellos. Lo difícil es responder la segunda porque involucra las voluntades de millones de mexicanos. Sin embargo, las elecciones, con todo y ser un cochinero, son también una oportunidad para abrir camino a la construcción de un gobierno que respete plenamente las libertades básicas. La guerra sucia de los neoliberales se intensificará, no sólo para calumniar a López Obrador, si no contra lo que el representa: un pueblo en rebeldía.
Somos una sociedad agraviada por la mentira, la corrupción, la violencia y la impunidad de quienes gobiernan. Para comenzar a sanar debemos exigir el respeto irrestricto de la Ley. La justicia es pareja o no es Justicia. Su ausencia cancela la posibilidad de vivir con paz, libertad y dignidad. Es cierto, con la sola votación no se podrán cambiar las cosas, el requisito indispensable es la organización de la gente consciente. Sólo así se podrá “detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población” p. 70-71.
[i] Rawls John. (1921-2002). Filósofo estadounidense, autor de Teoría de la justicia. p 17.
