Por: Marcelino Guerra Mendoza, Lucia Rivera Ferreiro, Roberto Gonzalez Villarreal. Columna: CORTOCIRCUITOS. 27/06/2022
Nos encontramos frente a un panorama de extremo riesgo, toda la aceptación que presume tener el mandatario en turno, de un momento a otro puede venirse abajo por el hartazgo de la población. Ya no solo es el incumplimiento de promesas, como la cancelación de la reforma educativa neoliberal que en los hechos se ha profundizado, sino el desprecio y desvalorización del trabajo docente en todos los niveles educativos del país y, más aún, en tiempos de esta pandemia que no tiene fin.
La prometida revalorización del magisterio es otra promesa incumplida; hoy más que nunca está siendo agraviado, denostado y humillado en las acciones impuestas por quienes ejercen el poder educativo en el país, pero auspiciados y protegidos por ese ejercicio gubernamental con la investidura presidencial.
Esto que sucede en el sistema educativo no está aislado del acontecer social, económico, político y económico. Los agravios, ofensas y atentados contra la dignidad también ocurren en otros terrenos, se han generalizado como una forma de ejercer el poder contra todos aquéllos que osen criticar el modo autoritario de gobernar, en especial la forma de atender grandes flagelos que el país viene arrastrando de años atrás como es la inseguridad y la violencia. Y es que no parece que exista la determinación de enfrentarlos; lo que sí hay es la intención de reivindicar a unas fuerzas armadas y ejército hoy con más poder, en tanto garantes del orden y control público. Con ellas, ni verdad no justicia, solo cabe la reconciliación con el pasado.
Ése fue el mensaje el pasado 22 de julio en el campo Marte, durante la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el Acceso de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de los Hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Como si no hubiera pasado nada, ¡borrón y cuenta nueva! ¿Qué diferencia existe entre el ¡ya supérenlo! del expresidente que goza de impunidad absoluta en el extranjero y la propuesta de reconciliación del actual gobierno? Quizá el atrevimiento de minimizar el dolor de las familias y de proponer una reconciliación sin justicia, mucho menos reparación del daño a las víctimas de desaparición forzada.
Según la versión estenográfica publicada por Animal Político[1]la ceremonia estuvo presidida por el secretario de la Defensa Nacional y el presidente de la república, Luis Crescencio Sandoval Gonzáles y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. En el presídium se encontraban, también, Alfredo del Mazo, Claudia Sheinbaum, Alejandro Encinas (presidente de la comisión de acceso a la verdad), Micaela Cabañas, Alicia de los Ríos, ambas familiares de desaparecidos durante la guerra sucia, María del Rosario Piedra Ibarra presidenta de la comisión Nacional de Derechos Humanos y Ángel Primitivo Flores González, general brigadier diplomado del Estado Mayor.
El primero en tomar la palabra fue el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pidiendo autorización al presídium para saludar a las personas sobrevivientes y familiares de las victimas de la guerra sucia y a los elementos de las fuerzas armadas presentes. Después del saludo habló de la importancia de saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia y abrir una ruta de cambio y de ruptura con un pasado doloroso. A pesar del escepticismo de actores políticos, dijo, “llegamos al Campo Militar número 1 para mirar de frente a una parte de la historia”. Recordó que hace 46 años, en ese Campo Militar, se instaló una de las agrupaciones más temidas en el país, la Brigada Blanca, integrada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial y la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y la Policía Militar. También trajo a cuentas que hace 51 años se implementó el Plan Telaraña para combatir y desarticular las guerrillas encabezados por los profesores Genaro Vazquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.
Después de plantear la forma en que desde ese lugar se daban las órdenes para exterminar las gavillas a la comandancia 35 en Chilpancingo, Guerrero, y dar nombres de personas desaparecidas, le informa al presidente que han consensuado con la secretaria de la Defensa Nacional un programa de trabajo para revisar los archivos de la SDN y las instalaciones militares donde presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. El programa considera, entre otras, acciones de reconocimiento, búsqueda e investigación en los lugares e instalaciones militares en donde se presuma se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. También acceder a instalaciones y consultar de repositorios, archivos y documentos para esclarecer la verdad en distintas zonas militares del país. Del mismo modo, realizar entrevistas y recibir testimonios de personal de la SEDENA y de personas víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que presuntamente estuvieron en calidad de detenidas, con la intención de contar con información para el esclarecimiento histórico de los hechos.
Enseguida tomó la palabra Micaela Cabañas Ayala, hija del maestro Lucio Cabañas Barrientos, quien describió las atrocidades por las que pasaron ella, su madre y familiares durante la persecución del maestro Cabañas Barrientos, aún después de muerto. De manera mas que contundente narró las violaciones de todo tipo de las que fueron objeto en ese Campo Militar 1, como sucedió con su madre que resulto embarazada en ese tiempo, siendo el responsable el gobernador de Guerrero de aquel entonces. A Micaela la llevaron al Campo Militar número 1 cuando tenía dos meses de nacida, ahí aprendió a caminar en los pasillos de esas instalaciones. En su discurso fue estableciendo la forma en que ha sido invisibilizada su familia y agradeció la posibilidad de esclarecer la verdad, pero con la firme convicción de que con nada se pagará todo lo que pasaron y sufrieron en esos lugares los niños, niñas y adolescentes revolucionarios de pensamientos liberales y progresistas que tenían la ilusión de cambiar sus entornos de justicia.
Posteriormente, Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos Merino, señaló que su madre fue detenida el 5 de enero de 1978 por elementos de la Brigada Especial y trasladada al Campo Militar número 1. A finales de mayo de ese año fue trasladada desde este Campo Militar hasta la base Naval Militar No. 7 en pie de la cuesta Acapulco, Guerrero. A partir de esa fecha no se supo más de ella, pero recordó que desde esa base militar despegaba un avión que realizaba vuelos de la muerte entre las costas de Guerrero y Oaxaca. Señaló cómo los detenidos eran trasladados a instalaciones militares en donde permanecían algún tiempo o de plano desaparecían por completo.
Ríos Merino demandó contar con planos y archivos que reconstruyan lo sucedido en las inmensas instalaciones del Campo Militar; así como la presencia de la fiscalía general de la Republica para sumar a personal ministerial a los esfuerzos que se están emprendiendo y hacer que el plan propuesto sea exhaustivo, sin limites para el quehacer pericial en edificios, instalaciones y en archivos. Concluyó recordando que sus abuelas hace décadas declararon que no hay democracia con desaparecidos; hoy éste clamor se encuentra completamente vigente: no puede haber democracia con más de 100000 desaparecidos.
Después hizo uso de la palabra Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Dijo sentirse honrado al igual que mujeres y hombres que integran el ejército y las fuerzas armadas, de recibir en las instalaciones de este emblemático e histórico Campo Militar número 1 al jefe de las fuerzas armadas, o sea, al presidente de la república.
Después de reiterar su lealtad al país y al jefe de las fuerzas armadas, reconoció que determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional del país.
Los familiares de las víctimas ahí presentes, no cabían en sí de la desagradable sorpresa cuando el funcionario remató diciendo:
“Con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.[2]
Para concluir la ceremonia tomó la palabra Lopez Obrador, después de hacer un recorrido autobiográfico de su paso por la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en 1973 y el golpe de estado en Chile, fue llevando su discurso hábilmente a las transformaciones armadas que ha tenido nuestro país desde la independencia y reforma hasta la revolución de 1910, hasta llegar a los fraudes electorales de los que víctima en distintas ocasiones. Los tiempos han cambiado “y es en el marco de este acto de reconciliación”, dijo, donde no se le puede dar vuelta a la hoja así nada más, “tenemos que conocer la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, para que no vuelva a haber represión, autoritarismo en nuestro país”. Valiéndose de enredados y contradictorios malabares retóricos, terminó con dos reflexiones, igualmente alarmantes por su significado.
En la primera, prácticamente exoneró al ejército y fuerzas armadas, diciendo que la responsabilidad principal, incluso legal de sus acciones, recae en las autoridades civiles, formalmente, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas; para decirlo brevemente: aplicó el clásico “solo reciben órdenes”.
La segunda reflexión estuvo referida a los orígenes del ejército en el pueblo, “el soldado es un pueblo uniformado y en la mayoría de los oficiales de alto rango existe una vinculación directa con la gente”. Por eso, agradecía al general secretario por demostrar su lealtad al aceptar abrir las puertas del Campo Militar 1 y de abrir todos los archivos y de permitir que se haga toda la investigación que sea necesaria para conocer la verdad.
La indignación y protestas de los asistentes no se hicieron esperar. El acto concluyó en medio de gritos y reclamos. Así planteó los motivos de inconformidad Tania Ramírez Hernández, hija de una víctima de desaparición en el Campo Militar Número:
“Es agraviante pensar que puedan poner en el mismo nivel a los familiares y a los caídos que de un lado que del otro, la disparidad del poder fue lo que oprimió, desapareció y mató a muchísimas personas en ese tiempo, la reconciliación no pasa por juntarnos a unas familias y a otras y a invitarnos a tomar café y a construir una historia nuevamente, pasa por la justicia, pasa por garantías de no repetición”, dijo[3]
Sin duda, fue un acto colmado de contradicciones discursivas detrás de las cuales se asoma la intención del gobierno federal de n esclarecer la verdad histórica para que la justicia aparezca en la población afectada, agraviada y, finalmente, menospreciada. La tónica de los discursos realizados durante la ceremonia fue disonante, pero políticamente llevados y traídos para hacer creer a la población que se está incursionando en la búsqueda de justicia de manera pacífica, en un terreno de reconciliación porque se ha cambiado, transformado y yendo a un terreno de convivencia social optima donde no pasa nada y es mejor la reconciliación, el superarlo, para vivir en paz.
Esa paz que al ejercicio del poder le conviene y por la que arriba a la pedagogía de la ignominia de la 4t en ese lugar terrorífico usado por el poder y sus fuerzas armadas para encarcelar, desaparecer, torturar, violar, vejar y asesinar a luchadores sociales por una vida digna para la población es el recinto, que no pudo ser mejor elegido, para que todos entendamos que el neoliberalismo bueno del actual gobierno se acompaña con la reconciliación de las desaparecidas con quienes las desaparecieron, de las agredidas con sus agresores, de las violadas con sus violadores, de las asesinadas con sus asesinos, de las torturadas con sus torturadores; hay que sentarse en la mesa y compartir el pan, el agua, las lágrimas, dolor, penas, inseguridad, incertidumbre y la sangre de los seres queridos con los agresores y perpetradores del daño social, político y familiar.
Llamar a una reconciliación entre agresores y agredidas, entre víctimas y victimarios, deja fuera por incompatible, la posibilidad de que la verdad y la justicia, se hagan efectivas. En su lugar, se impone una reconciliación para minimizar y seguir invisibilizando la inseguridad social, las desapariciones forzadas, las secuestradas, los feminicidios, las represiones a las manifestantes por sus derechos laborales, los abusos infantiles en las instituciones educativas, la sobreexplotación laboral en lodos los contextos nacionales, en fin, todas las situaciones preocupantes y alarmantes en la población.
Esta es la pedagogía de la ignominia en acción: no protestar ni inconformarse, mejor reconciliarse con quienes nos infligen daño y nos violentan. ¿Dejaremos la puerta abierta a esta pedagogía de la ignominia que normaliza la violencia, omite las enormes asimetrías de poder entre quienes ejercen la fuerza, desaparecen personas impunemente, y las familias afectadas?, ¿dejaremos que se apropien de los derechos, valores, sentimientos, pensamientos y acciones de la población?
Si los de antes nos dijeron “ya supérenlo “, los de ahora pretenden sentar a la mesa a los agresores con los violentados para efectuar rituales de conciliación al más puro estilo judeo-cristiano: poner la otra mejilla. No existe intención alguna de descubrir la verdad, hacer justicia y reparar el daño.
[1] discursos-familias-desaparecidos-funcionarios-comisión-verdad/
[2] ningun-militar-puede-ser-declarado-heroe-por-asesinar-a-su-pueblo-comite-68/?fbclid=IwAR3H4wntGaRVEk1t2xMLl9oPwbgQ0pQom9CGUn80KpvTVOsxwGde6bDSlHM
[3] inicia-actividades-de-comision-de-la-verdad-que-investigara-la-guerra-sucia/
