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Partidos Políticos: costosas esperanzas frustradas.

por colaboracionjs julio 1, 2019
julio 1, 2019

Jorge Salazar Garcia. 01/07/2019.

A propósito de la próxima reforma electoral que se cocina en el congreso federal, hay dos temas que debieran ser objeto de atención especial. Se trata del financiamiento y los fines de los Partidos. Ambos han generado intensos debates en redes sociales y en algunos círculos políticos. Por razones de espacio, únicamente se comenta lo esencial del segundo aspecto, comenzando por su definición formal.

¿Qué es un Partidos Político?

Según LGPP[1] “son entidades de interés público (…) con registro legal (…) tienen como fin PROMOVER la participación del pueblo en la vida democrática, CONTRIBUIR a la integración de los órganos de representación política y (…) hacer POSIBLE el acceso de [los ciudadanos] al ejercicio del poder público”.

Desglosemos. La ley, al clasificarlos de interés público, les confiere un lugar preponderante en la estructura política del Estado por considerarlos poseedores del  mismo fin general que él: procurar el BIEN COMÚN; es decir, pretender beneficiar a todos; por ejemplo,  cuando el gobierno reducen impuestos o presta eficiente y honestamente un servicio público. Sin embargo, en el caso de los partidos no es fácil encontrar una acción que haga notar claramente los beneficios públicos logrados.

Veamos otras finalidades. En el concepto pueden leerse claramente tres fines:

  1. PROMOVER la participación del pueblo en la vida democrática.
  2. CONTRIBUIR a la integración de los órganos de representación política.
  3. POSIBILITAR el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

En los gobiernos “de empresarios y para empresario” (Vicente Fox), con el poder político secuestrado por el económico, la PROMOCIÓN (inciso a) fue sencillamente una demagogia legalizada. Durante 36 años se excluyó al pueblo de la toma de decisiones. Además ¿Qué quiso decir el legislador con “vida democrática”? Si la democracia es una forma de vida donde el pueblo ejerce la soberanía de poner y quitar a sus gobernantes entonces ¿por qué no hay leyes que permitan la revocación directa de mandato? Se dirá que el pueblo gobierna a través de los Partidos pero estos lo traicionaron al convertirse en PROMOTORES de los intereses de unos pocos y en herramientas de control social.

La finalidad contenida en el inciso “b” es clara y ha sido la que mayores beneficios ha dado a las cúpulas partidarias; siempre en guerra disputando posiciones en los órganos de representación popular.

En el inciso “c”,  el de mejor factura técnica, por medio del término “ciudadano” el legislador logró generalizar el sentido de la ley. Y sí, hace POSIBLE la llegada al poder de ciudadanos: la élite partidista.

¿Son necesarios los Partidos?

Para quienes han hecho de la política su modus vivendi, plenamente se justifica la existencia de esas entidades, no así en la población que los considera agencias de empleos, semilleros de nuevos ricos y alcahuetes de latrocinios contra la Nación. A partir de la obtención del registro y recibidas las prerrogativas, se convierten en mercados donde las monedas de valor son la simulación, la mentira y la traición. Mentir durante las campañas prometiendo BIENESTAR para todos es su divisa más valiosa, aún sabiendo que no es posible cumplir esa promesa, simplemente porque el bienestar de una clase depende del sacrificio de otra.

Tomando la frase del Che Guevara “seamos realistas y hagamos lo imposible” a los legisladores de MORENA se les debe exigir que no se conviertan en otra esperanza frustrada y revisen la posibilidad de:

*Otorgar el registro a los partidos únicamente durante el tiempo que duren las campañas.

*Desaparecer las prerrogativas o proporcionarlas en especie sólo durante el proceso electoral.

*Abrir equitativamente los espacios en los medios para difundir  estatutos y programa de gobierno.

*Revocar el mandato e inhabilitar a quién siendo autoridad  incumpliera (por causas imputables a él) las promesas de campaña. El juicio lo promovería el sector afectado.

*Inhabilitar al legislador que se cambiara de partido o se declara independiente a “medio río”.

[1] Artículo 3º de Ley General de Partidos Políticos (2014).

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