Por: Felipe Neri Rivero Sánchez, Martha Méndez Muñoz, Diego Bautista Bautista. 05/10/2021
¿Qué pasa con la plaza docente, con la seguridad social del magisterio? Para acercase a un entendimiento de este sentimiento de ausencia, de pena, de tristeza por el recuerdo de una dicha perdida, de aquello que nos dio identidad a muchos docentes planteamos un hilo conductor en esta contribución, seguir algunos cambios que se produjeron a partir de la década de 1970 en las economías reguladas por las lógicas del mercado, los intercambios de mercancías, la circulación de los bienes y la ganancia de capital a todo costa: una desregulación en el mundo del trabajo que pasa de los contratos colectivos a la negociación individual; una revolución en las formas de consumo y producción; una serie de mutaciones coyunturales y estructurales del capitalismo; un resquebrajamiento en el Estado de Bienestar que va de la protección a la inseguridad. Se ejemplifican dichas transformaciones a través de las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, con respecto al excedente de egresados normalistas frente a un reducido número de plazas en el servicio profesional docente. Se presentan algunas afectaciones de quienes han participado en el proceso de ingreso al Servicio Profesional Docente, con la única finalidad de dar cuenta de las regulaciones, los candados, las etapas de la convocatoria que emite la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) para justificar el ingreso, a cuenta gotas, de un ejército de desempleados que crece año con año.
De la seguridad al riesgo. A fin de contextualizar este cambio que va de la protección a la inseguridad social, podemos distinguir, en el marco de un Estado de derecho, “dos grandes tipos de protecciones” (Castel, 2011, p. 11), por un lado, las llamadas protecciones civiles que garantizan las libertades fundamentales, que buscan ofrecer seguridad a las personas y sus bienes; por otra parte, están las protecciones sociales que “cubren” contra los principales riesgos capaces de entrañar una degradación de la vida de las personas en el momento del nacimiento, la enfermedad, los accidentes, la vejez empobrecida, la muerte. Ambas protecciones, las civiles y las sociales, se convierten en indicadores para medir el nivel de desarrollo de una nación, pues buscan alejar los espectros de la guerra, las violencias, las luchas intestinas, la arbitrariedad permanente. Paradójicamente, en estas sociedades aseguradas en cuanto que son sociedades integrados por clases asalariadas, toda protección conlleva una amenaza: “…la problemática de las protecciones se redefine alrededor de la figura del individuo moderno que vive la experiencia de su vulnerabilidad.” (Castel, 2011, p. 14). La sensación de perderlo todo en un giro del destino es propia de sujetos asalariados, asegurados, el riego es propio de la protección.
La aversión al riesgo y su preocupación de aseguranza es un constructo histórico. Su antecedente se encuentra en las sociedades “premodernas” donde son comunes las protecciones de proximidad, es decir aquellas que se configuran alrededor de los lazos entretejidos entre miembros familiares, marcados por el linaje, por la herencia, por el lugar que ocupa el individuo en un orden jerárquico dentro de una comunidad tradicional. Castel sostiene que para construir una historia de la inseguridad en las sociedades preindustriales conviene revisar la literatura en torno a una figura central, la del vagabundo, el indigente, el huérfano, ese ser desclasado, potencialmente amenazador, que se le percibe como peligroso, que se le equipara con el salteador, el bandido, el fuera de la ley, el individuo, que representa un riesgo potencial de disociación social, toda vez que actúa por fuera de todo sistema de regulaciones colectivas (Maldonado 2013; Sosenski 2013; Lorenzo 2011, 2013; Arrom, 2011).
Thomas Hobbes brindó la primera pintura, “estremecedora” (Ginzburg 2014), fascinante y conservadora, de lo que realmente sería una sociedadcaracteriza por la inseguridad total, por la miserable condición de la guerra que implica el estado “natural”, presa de una competencia desenfrenada, el robo, la expoliación, la construcción de pactos que descansan en la espada, en la ley del más fuerte, sin derechos, sin constitución política, sin instituciones sociales, sin regulaciones colectivas, sujetos amenazados permanentemente por otros, dejados a su suerte en las guerras de todos contra todos. En ese desolador contexto histórico premoderno, para poder vivir en una sociedad estructurada que auto regula sus tensiones, sus emociones, sus violencias de manera civilizada (Elías 1992), se impone la propuesta de los pactos sociales conservadores que plantean la necesidad de estar protegido a cualquier precio. El costo a pagar sería renunciar a nuestra libertad en aras de un poder mayor, el del Leviatán, el sometimiento del poder soberano expresado en el orden jurídico y administrativo.
La seguridad es construida históricamente por propia conveniencia: “El fin del Estado es, particularmente, la seguridad.” (Hobbes 2012: 137). Con esa máxima, lo primero que desmonta el defensor del Estado Absoluto y despótico es una formación política basada en las protecciones tradicionales de proximidad, de solidaridad intergeneracional: “El precio a pagar no es exiguo, ya que se trata de renunciar totalmente a intervenir en los asuntos públicos y conformarse con padecer el poder político.” (Castel 2011: 20-21). El tema de la seguridad civil es de gran consideración política: la aplicación de la ley frente a la inseguridad sirve para cuestionar la legitimidad de un gobierno que se calificará de totalitario si aplasta sin limitación alguna todas las veleidades de atentar en contra del status quo; en cambio, cuando de manera democrática se establecen límites, protocolos policíacos de tolerancia, respeto a las críticas y acciones disidentes, protección a los movimientos sociales de resistencia se les suele calificar de Estado débiles. Seguridad de los habitantes de un territorio y gobernanza reivindican el uso legítimo de la fuerza por parte de Estado.
Para el Estado liberal lo que garantiza seguridad, protección social al individuo, es el trabajo, es lo que le permite edificar una independencia, para no estar sujeto a la voluntad de un amo, para no depender de la caridad del prójimo o estar sujeto a la indigna lógica corporativista. La base del pacto social será el trabajo, la propiedad privada, será lo que ofrece al individuo autonomía, libertad para opinar, para elegir, para emitir su voto sin sobornos ni intimidaciones. El problema de las bases del pacto social como sustento político liberal (trabajo asalariado, protección social, propiedad privada, obediencia al orden jurídico y administrativo) son las épocas de pauperismo ligadas a los vaivenes de la industrialización que muestran la miseria de las masas obreras; queda claro que las prácticas filantrópicas y el paternalismo patronal no resuelven la situación de los trabajadores que son condenados a vivir al día. La protección al asalariado es una tarea del Estado, su misión será generar trabajo, servicios, bienestar, su tarea será la de “arbitrar” (Perry 1987) abusos, desigualdades, entre dos clases confrontadas, entre los dueños de los medios de producción y sus operarios.
Precisamente después de la 2ª Guerra Mundial en Europa occidental se constituyó un modelo de protección diferenciado, desigual, jerarquizado, de brechas, de abismos, basado en una sociedad no de iguales sino de semejantes, interdependiente, particularmente injusto, entre propietarios y operarios. No es un modelo que se construya alrededor de una basta clase media, sino un complejo proceso constituido por causas coyunturales y estructurales de la mutación del capitalismo que dio paso a la conformación de una clase social aspiracional.
Las causas coyunturales. Esas que, paradójicamente, terminaron por reducir la plaza base y la profesión de Estado en un símbolo del pasado, encuentran su explicación en un crecimiento de la productividad, el consumo, los ingresos salariales, entre 1953 y el inicio de la década de 1970; otras raíces coyunturales se encuentran en la necesidad de reconstrucción social y un optimismo por dominar el porvenir, por desarrollar estrategias orientadas al futuro. El segundo tercio del siglo XX desarrolla, si se quiere ver así, un modelo imperfecto pero deseable, que se constituyó alrededor de cubrir a casi todos los asalariados a través de sistemas de protección elementales, suficientes, para los menos favorecidos. En sus imperfecciones habría que acostumbrarnos a mirar efectos positivos: la aparición de diferentes categorías de asistidos pone en marcha una serie de mecanismos sociales para asegurar la rehabilitación, la protección, de estos condenados a la inseguridad social permanente; homologar el trabajo con el status de la propiedad privada a fin de que esta clase popular, propietaria sólo de su trabajo, acceda a una serie de derechos, de jerarquías, que en teoría procuraría un mínimo de condiciones de independencia social; reducción de riesgos a través de legislaciones que regulan recursos, prestaciones de ley, salario mínimo que impone la fórmula de a igual salario igual jubilación.
Este optimismo por dominar el porvenir, en una economía de mercado, consistió en una práctica que ofrece continuidad a este modelo de protección social: la inscripción de los individuos en colectivos que garantizan la supervivencia de dicha fuerza de producción. Cómo funciona. El empleado, al no poseer más que su fuerza de trabajo se somete a una relación desigual, inequitativa, injusta, con respecto a su empleador, quien impone sus condiciones de contratación a través de los instrumentos de la hipotética representación de la voluntad de sindicatos clientelares, la parte patronal y la del Estado, a fin de preservar a la gran empresa.
Las causas estructurales. Este modelo de una economía de mercado supuestamente capaz de autorregularse, con todas sus imperfecciones encerraba efectos positivos, sufre en la década de 1970 una serie de transformaciones conforme mutan las condiciones del capitalismo: se evidencia la caída de la principal promesa económica del liberalismo ante el fracaso del mercado por regular las profundas desigualdades sociales que implican las exorbitantes ganancias para una élite de monopolios a escala global; ni la autonomía del individuo ni la igualdad de derechos laborales y civiles es posible en una sociedad contractual; delante de una mundialización de los intercambios, el Estado se muestra menos capaz de desempeñar el papel de piloto de la economía; ante el aumento de la rentabilidad del capital, el desempleo masivo y la disminución del peso ejercido por los salarios, se produce un resquebrajamiento de la cohesión social. Todavía más, se genera una mayor movilidad en las trayectorias profesionales, una adaptabilidad, una descolectivización gremial, una exacerbación del individualismo, una mayor disponibilidad de operadores, una exigencia de flexibilidad por parte de los patrones, un cambio que va de las extensas líneas de ensamblaje especializado y jerárquico a trabajadores intercambiables organizados en redes, diseminados en el espacio físico, conectados sólo durante el tiempo de realización de un nuevo proyecto, las propias trayectorias profesionales se reconfiguran, quedan en el pasado aquellas evoluciones laborales pautadas, lineales, que permitían un camino hasta llegar a la jubilación. Las seguridades sociales, como la plaza base, se desvanecen en la economía de mercado.
El modelo biográfico. Sin protecciones colectivas cada individuo debe afrontar por su cuenta las condiciones de su recorrido profesional devenido discontinuo, ahora se le seduce con la narrativa de volverse “empresario de sí mismo” (Lazzarato 2013), el autoempresario dinámico, arrojado, duro, inclemente, capaz de hacerse cargo de su seguridad social, orillado a vivir endeudado por siempre, a depender de su desempeño, de su mérito, empujado a “…construir su carrera fuera de los esquemas lineales estandarizados de la empresa fordista.” (Castel 2011: 59). El optimismo de los administradores empresariales hace apología de la competición descarnada, celebra al emprendedor, al que lo arriesga todo, tacha como débiles de mente a quienes se angustian bajo la amenaza permanente del desempleo, de la inhabilitación definitiva o temporal. El desempleado, el descartado, sirve para promover una nueva subjetividad, el símbolo de los nuevos tiempos: un trabajador que es libre de emprender a tiempo las reconversiones necesarias, que es capaz de hacer elecciones exitosas en un ambiente de ambigüedad, de incertidumbre, de producción en redes, de consumo en línea.
La mutación avanza hacia un trabajador multifuncional que produzca, reparta, compre, venda, por iniciativa propia, que asuma riesgos, que costee sus propios insumos para trabajar. Sin embargo, la vulnerabilidad, la afectación, la degradación, la exclusión se produce tanto para los que se desempeñan en redes como para los trabajadores no calificados; más allá de sus capitales culturales y sociales, unos y otros, se encuentran sobreexpuestos, pues se desempeñan en condiciones de inseguridad.
El problema de los descartados. Con ese contexto en mente, el de las mutaciones del mundo del trabajo, el apartado que sigue busca dar cuenta de la dimensión colectiva de ese sentimiento de abandono, desasosiego, incertidumbre laboral, aversión al riesgo, de aquellos aspirantes a integrarse al servicio profesional docente. Veamos. El 11 de agosto de 2020, en un portal de noticas, México Forbes, se da cuenta de que el entonces titular de la SEP Esteban Moctezuma Barragán declara que “Hay 4 normalistas por cada plaza docente; esto cambiará con la ley: SEP” (Ordaz 2020), sostiene que para evitar “descartados” debe existir una compatibilidad entre las plazas disponibles y el número de egresados. Un problema simple, que se expresa en términos de la relación entre una mayor demanda de aspirantes a la seguridad social frente a una oferta reducida de plazas de ingreso al servicio profesional docente, una desigualdad en el mercado de trabajo que hay que regular.
El déficit entre egresados y el número de plazas. En la misma nota, el titular de la USICAMM, Francisco Cartas “…añadió que de los poco más de 161,000 aspirantes a una plaza magisterial en México, el promedio de ingreso al sector educativo público es de 45,000 docentes.” (Ordaz 2020) Es decir, el 72% quedan desempleados, lo que se traduce en 116,000 recién egresados descartados. La figura del descartado para el sistema docente permite observar el camino de una estrategia clásica del poder, la utilización del examen como un medio de justificación de quién queda dentro y quien queda afuera del sistema, la fórmula de un darwinismo social parece repetirse ¡Sólo los mejores del sistema triunfan! ¡Sólo quiénes perseveran alcanzan la meta! ¡El mérito premia al que se esfuerza más! El proceso de admisión docente para el ciclo escolar 2020-2021 queda constituido como un dique, un filtro en forma de embudo.
Las preguntas son cruciales ¿Desde cuándo pervive esta desigualdad de cuatro normalistas por cada plaza docente? ¿De qué tamaño es este ejército de descartados? ¿De qué manera la USICAMM administra la hiperinflación de la demanda de aspirantes a la seguridad social frente a una oferta reducida de plazas? ¿Transformar las normales de cara a las mutaciones del capitalismo cognitivo, es decir desaparecerlas, o conservarlas en el museo simbólico y discursivo de lo que fue una profesión de Estado? ¿Cómo viven estas regulaciones gubernamentales de ingreso al servicio las y los docentes?
Los efectos y no defectos de la USICAMM. Veamos el problema. La pandemia dejó al desnudo su real y dramática dimensión de este particular ejército de reserva de desempleados. No se trata de mejorar, actualizar, corregir la plana, al sistema de ingreso docente, no es cuestión de incompetencia de un funcionario o del cambio directivo por otro de origen en la profesión docente: como el cambio de Francisco Cartas por Adela Piña. El centro de la cuestión no son sus defectos, sino los efectos que produce, las subjetividades que promueve, la racionalidad que conlleva: “La máquina abstracta de control diseñada y puesta en práctica por la reforma educativa 2013, sigue funcionando.” (González, Rivera y Mendoza 2021). La siguiente lista pretende un acercamiento a los efectos estructurales presentes en el actual modelo de contratación de los nuevos docentes:
- Elegir entre inconvenientes, apostar por el menor costo político posible:
- Cerrar escuelas normales, sobre todo las rurales, reducir su matrícula actual a una cuarta parte de su capacidad de operación para evitar descartados que “no pueden concretar sus aspiraciones de tener una plaza magisterial”
- Inscribir a sus egresados en la lógica de los derechos por alcanzar en la reciente LGES, colocar a los egresados de las normales en un movimiento pendular que se desplaza de lo que se conoció como una profesión de Estado, que permitía contar con una plaza base, que ofertaba seguridad laboral frente al riesgo que implica toda profesión liberal: hacerse cargo de sí mismo, competir por un trabajo en una economía regulada por el mercado.
- Dos generaciones de aspirantes se juntaron en el regreso voluntario a clases en el proceso de elección 2021: la generación 2016-2020 que quedó parada por la pandemia y la 2017-2021 que terminó sus estudios en línea. Según las cifras de Francisco Cartas habrá 322,000 concursantes para 90,000 plazas disponibles; es decir, 132,000 quedaran desempleados prestos para concursar el próximo año y así como con año.
- Que el proceso a cargo de la USICAM sea calificado como un “relajo” en las sedes, una saturación en la página, plagado de irregularidades el registro, validados unos documentos y otros no dependiendo del criterio del funcionario en turno. Calificarlo de caótico, de proceso desafortunado, de cuestión grave, denunciar lo inapelable de sus resultados, de imperfecto, lleno de opacidades, es mirar sólo sus efectos de coyuntura. La evaluación neoliberal de ingreso y promoción en realidad producen un efecto, es un constructor de identidades, un acontecimiento que naturaliza desigualdades culturales, es parte de esas mutaciones en el mundo del trabajo que convierte la función docente en una profesión que pasa de la seguridad laboral a vivir la experiencia de no estar protegido, de estar en situación de vulnerabilidad, en riesgo frente a las contingencias de la existencia.
- La apuesta es de gran calado: los maestros, los padres de familia, deben hacerse cargo de cubrir por sí mismos los costos de la educación pública, por supuesto con una ayuda mínima, simbólica del Estado. Son los usuarios quienes deben enfrentar por cuenta propia los riesgos capaces de entrañar una degradación de la situación de los individuos, como la enfermedad, los contagios, las hospitalizaciones, la precariedad, la vejez empobrecida.
- Reinterpretamos algunas ideas que nos parecen centrales de un artículo de la Columna Cortocircuitos (González, Rivera y Mendoza 2017) que, a cinco años de escrito sus planteamientos nos parecen más vigentes que nunca:
- Desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado el 19 de mayo de 1992, la llamada transformación del magisterio lleva la intención de controlar el brazo ilustrado del Estado.
- La docencia como profesión de Estado ya cumplió las intenciones para las cuales se formaron las escuelas normales: las misiones culturales, la cobertura al contexto rural, la formación de las escuelas multigrado, la educación socialista, la educción nacionalista. Cualquier ente con una mediana formación conectado en red, y sin protección social, podrá “educar” con mayor cobertura y a un costo más barato.
- La plaza base, aquello que da identidad, que formó subjetividad, que definió al gremio docente se encuentra en mutación, en extinción:
La Plaza Base fue garantía de | ||
Estabilidad | Derechos | “Una plaza = un trabajo de por vida” |
Seguridad | Vacaciones o receso escolar | Un modo de salir de la miseria |
Jubilación | La negociación de un contrato colectivo | Una tradición clientelar: “el reconocimiento administrativo de una relación sindical” |
Prestaciones | Movilidad social para los hijos de la clase trabajadora | Una manera de tener una vida independiente |
Cuadro 1 Elaboración en base al artículo: “Adiós a la plaza. Cambiar a los maestros o cambiar de maestros”
- Para los reformadores educados en los postulados de una economía de mercado, es un obstáculo civilizatorio “un gremio con derechos y obligaciones que se creó y se desarrolló subordinado al Estado, y que a cambio consiguió beneficios, prestaciones, estabilidad, proyectos de vida y, en ocasiones, hasta proyectos alternativos y revolucionarios.”
Desde hace veinte años se canceló el otorgamiento a las plazas de los normalistas | ||
° Proliferaron los interinatos ° Luego los contratos por: Horas Meses Tiempo determinado ° “La plaza se perdió. No el trabajo, pero si la plaza.” | ° Docentes evaluados al infinito para conservar el empleo ° Es la base de un discurso meritocrático de: Ingreso Permanencia Promoción Prácticamente inapelables Oscuras Impenetrables Abstractas | Los nuevos docentes estarán resignificados por la lógica del mercado capitalista: ° Contratados Individualmente ° En función de sus resultados ° En un marco de inseguridad ° Sin derechos permanentes ° Sin identidad ° Sin las experiencias de antaño ° Responsables de su propia seguridad social |
° Se redujeron las horas- clase de secundaria ° Se fragmentaron: Plazas Tiempos Horarios | Docentes desempleados: Con trabajos: ° Eventuales ° Misérrimos ° Precarios ° Peligrosos ° Agotadores ° Tipo becarios CONAFE | ° En Flexibilidad laboral Precariedad Docilidad Inseguridad ° Con restricciones para emprender acciones colectivas |
Cuadro 2 Elaboración en base al artículo: “Adiós a la plaza. Cambiar a los maestros o cambiar de maestros”
En síntesis. El choque entre los entusiastas del discurso empresarial y los nostálgicos de lo que fue una profesión de Estado, de la protección social que ofrecía, se entrelazan en un proceso de profundas transformaciones culturales que todavía resultan muy precipitados de evaluar en su totalidad, en sus efectos, en su parteaguas histórico.
En esa lucha de representaciones, algunos miramos con desconfianza y temor las propuestas hacia el emprendedurismo sin precauciones metodológicas que otros abrazan ante lo que se avecina: un avance de ideologías empresariales, conservadoras, de extrema derecha, que empujan la instrucción-educación para los trabajadores más jóvenes, empezando por las escuelas de párvulos, a fin de aceptar valores dados como naturales, que sustentan una relación desigual, inequitativa, injusta entre asalariados y capitalistas mediadas por el dinero.
Esta educación del porvenir implica un nuevo obrero instruido, ingenioso, curioso de novedades, conectado en red, contratado por proyectos, por temporalidades determinadas, sin contratos colectivos. Así la añoranza por la plaza base refleja una singular transformación del mundo del trabajo y una fuerte expansión industrial.
La chispa que se extingue, que apaga la utopía, es la constatación de que el servicio profesional docente, en manos de la USICAMM, ofrece cada vez menos opciones de un trabajo seguro. Así las contradicciones discursivas se reactualizan al soñar con una “humanización” de la sociedad industrial. Una y otra vez se plantea recuperar un desalienante espíritu por medio de la educación “progresiva” ¿Cómo es posible una añoranza tan grande por el pasado en personajes que, por otra parte, son tan innovadores? (Santoni 1996: 53).
Fotografía: vanguardia
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