Por: Peter Bolton. 13/06/2021
El fácil argumento de la derecha de que la crisis económica que afronta Venezuela “demuestra” que “el socialismo siempre acaba en fracaso” se ha vuelto tan manido por su uso excesivo que ha alcanzado su propio nombre irónico. El ad Venezuelum, como se ha llegado a conocer, se ha convertido poco a poco en una táctica de la derecha tan tediosa y predecible que parece servir ahora como una réplica de uso general para tratar de desacreditar incluso la más modesta de las propuestas de centro izquierda. En octubre de 2018, por ejemplo, el entonces presidente Trump respondió a un plan de los demócratas progresistas en el Congreso para presentar un proyecto de ley que estableciera un sistema de sanidad pública universal -algo que ya tienen todos los países industrializados excepto Estados Unidos- afirmando: “Va a ser un desastre para nuestro país. Convertirá nuestro país en una Venezuela”.
Los analistas de la izquierda se han esforzado durante mucho tiempo contra el ad Venezuelum señalando la miríada de explicaciones genuinas que hay detrás de la crisis económica que sacude al país desde aproximadamente 2014. Caleb Maupin, por ejemplo, ha argumentado que la caída de los precios del petróleo fue un factor clave en el colapso de la economía de Venezuela. Esto no es un punto controvertido, ya que la dependencia de Venezuela del petróleo, que se descubrió por primera vez en la década de 1920, ha dado lugar a una economía muy inestable con episodios regulares de caos económico causados por una caída repentina del precio del crudo. A principios de la década de 1980, durante el gobierno de Luis Herrera (del partido derechista COPEI), por ejemplo, se produjo una enorme crisis económica con muchas de las características de la que afronta el país en la actualidad. No hace falta decir que nadie en ese momento trató de hacer pasar esto como una prueba de que el capitalismo no funciona.
Ryan Mallet-Outtrim, que vivió en Venezuela durante varios años, ha argumentado que la política monetaria del gobierno ha sido uno de los principales factores de la crisis. En particular, señaló que el tipo de cambio fijo, que por supuesto no es de naturaleza socialista, tuvo un efecto no deseado en la demanda de divisas que a su vez condujo a una espiral inflacionaria. No es el único que critica el tipo de cambio fijo; el economista Mark Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research (CEPR), que al igual que Mallet-Outtrim simpatiza ampliamente con el gobierno chavista, ha defendido durante años que Venezuela debería abandonarlo en favor de un tipo de cambio flotante.
Aunque los críticos del chavismo lo tachan de teoría conspirativa, hay, de hecho, amplias pruebas de una guerra económica contra el gobierno venezolano desde que Hugo Chávez fue elegido por primera vez en 1998. El llamado paro petrolero, por ejemplo, (en realidad un cierre patronal) fue un intento transparente de provocar un cambio de régimen paralizando la economía. Los casos de acaparamiento de bienes y de interrupción deliberada de las cadenas de suministro por parte del sector empresarial privado afín a la oposición, por su parte, están bien documentados.
Todas estas explicaciones han formado parte, sin duda, del rico entramado de causas que hay detrás de los problemas económicos de Venezuela. Pero lo que es igualmente innegable es que las sanciones impuestas por Estados Unidos han aumentado estos factores y han agravado el sufrimiento de los venezolanos de a pie. Como señaló Roger Harris en un ensayo del 4 de mayo para CounterPunch, incluso un informe elaborado por el gobierno de EE.UU. admite que “las sanciones, en particular sobre la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron al mayor declive de la economía venezolana”. Ahora, además del propio gobierno estadounidense, uno de sus principales órganos de propaganda intervencionista ha concedido exactamente este mismo punto.
En un artículo del 30 de mayo en The New York Times sobre cómo los grupos del crimen organizado han intervenido para proporcionar servicios en ciertos barrios de Caracas, Isayen Herrera y Anatoly Kurmanaev parecen reconocer casi inadvertidamente que Venezuela se está “desintegrando bajo el peso del liderazgo corrupto del Sr. Maduro y las sanciones estadounidenses [sic]”. Esta es una gran admisión por parte de una publicación que ha estado a la vanguardia de la difusión del ad Venzuelum, así como de la propaganda del golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y dirigido por el llamado “presidente interino” Juan Guaidó, y del intervencionismo estadounidense en general.
Sin embargo, fuera del mundo de Alicia en el País de las Maravillas de los medios de comunicación propiedad de las empresas estadounidenses, esta afirmación no es controvertida. Además del mencionado informe del gobierno estadounidense que admite abiertamente que las sanciones de Estados Unidos han exacerbado la crisis, un estudio del CEPR de 2019, cuyo autor es Weisbrot y el economista del desarrollo Jeffrey Sachs, determinó que el número de muertes causadas por estas sanciones ascendió a 40.000 entre 2017 y 2018 (es decir, antes de que el golpe de Estado hubiera comenzado). A principios de 2020, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela, Alfred de Zayas, estimó que las muertes de civiles causadas por las sanciones se situaban en torno a las 100.000. Es casi seguro que esta cifra deberá ser revisada al alza a partir de junio de 2021, sobre todo porque Venezuela, como el resto de América Latina, se ha visto especialmente afectada por la pandemia de coronavirus.
La intención del gobierno estadounidense detrás de las sanciones, por su parte, es clara. Su objetivo es incitar a la población del país a volverse contra su gobierno mediante una forma brutal de castigo colectivo, algo que es ilegal según el derecho internacional. Desde la década de 1960, las sucesivas administraciones estadounidenses en Washington han perfeccionado esta táctica a través del llamado embargo comercial contra Cuba. Esta forma paralizante de guerra no militar, más exactamente descrita como un bloqueo económico, ha provocado un daño de aproximadamente 130.000 millones de dólares a la economía cubana según las cifras de la ONU y ha infligido un grave sufrimiento a la población civil de Cuba según las principales organizaciones de derechos humanos y la investigación académica.
La otra afirmación del Times de que la corrupción es un factor importante en la crisis económica que afronta Venezuela también desacredita el ad Venezuelum. Como señalan los estudiosos de las relaciones internacionales, la corrupción suele ser endémica en los países ricos en recursos, especialmente en los del mundo en desarrollo, e independientemente de la franja ideológica de sus gobiernos. Tal vez debido a su importancia indispensable para las economías modernas, de todos los recursos naturales, el petróleo parece ser el peor en sus efectos corruptores en un país en el que existe en abundancia. De hecho, la corrupción no comenzó en Venezuela con la elección de Chávez, sino que ha sido una característica recurrente de su historia que ha debilitado la economía del país bajo gobiernos tanto de izquierda como de derecha.
La referencia que hace el Times a la corrupción también tiene un punto de ironía. Porque los estudios académicos han demostrado que las sanciones en realidad conducen a un aumento de la corrupción y de la actividad criminal organizada en los países a los que se dirigen. En Quartz, el politólogo Bryan R. Early, de la Universidad de Albany, SUNY, señala que: “Las sanciones… no sólo son frecuentemente ineficaces, sino que también pueden ser contraproducentes… [porque] fomentan la corrupción gubernamental y el desarrollo del crimen organizado transnacional”. Así que, aparentemente, los autores del Times ignoran el hecho de que las sanciones estadounidenses son ipso facto parte de la culpa del fenómeno que describen en su artículo. Early añade: “Estudios recientes han demostrado… que los gobiernos sancionados tienden a ser menos democráticos y son más propensos a cometer abusos contra los derechos humanos, a restringir los derechos de las mujeres y a frenar las libertades de los medios de comunicación.”
Nótese la cruel ironía de que estas son algunas de las mismas supuestas patologías en las que Washington basa sus sanciones contra Venezuela en primer lugar. Y esto arroja luz sobre la duplicidad y la deshonestidad fundamentales que se esconden detrás de todo el régimen de sanciones de Estados Unidos, ya sea contra Venezuela, Nicaragua, Cuba o cualquier otro adversario de Estados Unidos. La preocupación por la supuesta corrupción, la supuesta actividad del crimen organizado, los supuestos abusos de los derechos humanos, los supuestos déficits en la libertad de los medios de comunicación o los derechos de las mujeres, o, de hecho, las supuestas rupturas de la democracia no son, y nunca han sido, los factores en los que Washington basa su decisión de imponer sanciones a otro país. Si lo fueran, entonces ¿cómo es que no sólo no emite ninguna medida punitiva contra la brutal dictadura saudí o el narcoestado asesino de Honduras, sino que realiza lucrativos acuerdos de armas con el primero y prodiga al segundo una generosa financiación para sus fuerzas de seguridad estatales?
Más bien, Washington basa su decisión de imponer sanciones en un criterio muy simple: si un país sirve o no obedientemente a sus intereses económicos y geoestratégicos y se acomoda a su sistema económico neoliberal preferido. Todas las motivaciones proclamadas públicamente antes no son más que justificaciones falsas a posteriori para dar un barniz de credibilidad a su campaña mundial de coerción desnuda (y fabricar el consentimiento para ella). Seguramente nunca escucharemos a The New York Times señalar esto. Pero su admisión de que las sanciones y la corrupción, y no los supuestos fallos inherentes al socialismo, se encuentran entre los principales factores causales de la crisis económica de Venezuela es, sin duda, un paso en la dirección correcta.
Peter Bolton es periodista en The Canary, Counterpunch y New Politics.
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Fotografía: New York Times