Por: Ava Gómez Daza. Alai. 16/12/2017
Mientras la cuenta regresiva para las elecciones de 2018 en México avanza en medio una campaña electoral intensa y vertiginosa, el país norteamericano cierra uno de los años más violentos de su historia, con un registro de 23.968[i] asesinatos hasta octubre de 2017. En un escenario de alta tensión por la crisis social e institucional, la ciudadanía mira con cierta apatía y desdén los proyectos políticos de los candidatos para suceder a Enrique Peña Nieto (PRI).
Son tres los bloques con mayores posibilidades en la disputa por la Presidencia de la República. A la cabeza en intención de voto (31%)[ii], se posiciona el tradicional líder de parte de la izquierda política, que capitaliza el descontento de la ciudadanía, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que en los próximos días cerrará alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).
Con una intención de voto del 23%[iii], la coalición Por México al Frente, conocida –hasta hace pocos días– como Frente Ciudadano por México. Está conformada por el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano. A pesar de las desavenencias entre los tres líderes de la coalición, su candidato presidencial saldrá del PAN, siendo Ricardo Anaya (expresidente del PAN) quien probablemente resultará electo –tras la salida de Margarita Zavala–, en el marco de la campaña interna que tomará la decisión.
Del letargo en la selección del candidato de Por México al Frente, el PRI sacó ventaja con la designación de José Antonio Meade (15% en intención de voto)[iv] como el candidato tecnócrata, avalado por la élite financiera del país. Una jugada estratégica frente a la fuerte caída de la popularidad de Enrique Peña Nieto, que apuesta por un candidato versátil para moverse con soltura entre la clase política del PRI y el PAN[v]. Meade –relativamente lejano a los escándalos de corrupción del PRI– puede capitalizar el voto del electorado menos afín a la alianza considerada “imposible” en diversos sectores del PAN y convertirse en revulsivo, logrando la polarización del escenario, con AMLO como principal oponente.
Lo que viene para el huésped de Los Pinos
El próximo presidente de México se enfrenta a un período álgido marcado por el incremento de la pobreza, del narcotráfico –y la subsecuente presencia de más cuerpos de seguridad en los territorios–, la reestructuración de PEMEX en virtud de su privatización y un escenario muy complejo en materia de política exterior, marcado por el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La herencia recibida tras seis años de Gobierno del PRI no será nada fácil de afrontar para quien resulte electo en los próximos comicios. La avanzada del Gobierno EPN en políticas de ajuste neoliberal dejó sumido al país en una tremenda crisis social que ha impactado en los sectores más vulnerables. El presupuesto de 2017, con un recorte de 175 millones de pesos respecto del presupuesto de 2016, afectó de forma directa la Educación Pública (-14%), la Salud (-7,8%) y las Comunicaciones y Transportes (-26%), para privilegiar el pago de intereses de la deuda, un ajuste que provocó diversas movilizaciones, con especial presencia de sindicatos de profesores.
A esta reducción del gasto fiscal se suma la culminación de la privatización de PEMEX, con la reforma energética de 2013, que permitió la entrada de capitales privados a la exploración y extracción de petróleo en aguas profundas y someras. Además, con un proceso de apertura y liberalización del mercado de la gasolina, que llevó al aumento de precio a finales de 2016[vi]. El llamado “gasolinazo” tuvo un fuerte impacto en la inflación, que registró un aumento del 5,35%, el mayor en los últimos ocho años.
Pobreza y desigualdad social
Según las cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (CONEVAL), a 2016, el 43% de los mexicanos estaban en una situación de pobreza, una cifra que se prevé haya aumentado para 2017. La preocupación de los tres bloques políticos en torno al tema de la pobreza se expresa con diferentes medidas y propuestas por parte de los candidatos.
Desde MORENA, su documento Proyecto de Nación 2018-2024, parte de la necesidad de generar cambios estructurales que permitan el desarrollo, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre sus líneas de trabajo se propone el “impulso al salario mínimo mediante un incremento anual del 15,6% más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el periodo”.
También se identifica la marginación como un eje de tensión y se plantea la necesidad de estimular la instalación de Centros/Parques Productivos cercanos a las zonas marginadas, para romper en esos centros poblacionales el círculo vicioso: Lejanía-Bajos ingresos-Informalidad-Pobreza-Descomposición del tejido social[vii]. Y, finalmente, acercándose al gremio del magisterio (uno de los más golpeados por las políticas neoliberales y el Estado represivo), señala la necesidad de la revaloración del maestro mexicano, “fortaleciendo la creación de un ambiente escolar basado en el aprendizaje colaborativo y en redes de tutoría, con la tecnología al centro del esfuerzo, incorporando la estimulación temprana, y transformando la figura del maestro frente a grupo, para convertirlo en un coordinador del aprendizaje”.
Por su parte, la alianza Por México al Frente lanzó recientemente su propuesta de Ingreso Básico Universal, como herramienta para erradicar la pobreza extrema. Por medio del “ordenamiento del gasto social de los más 6.500 programas sociales” muchos de los cuales no cuentan con reglas de operación ni padrón de beneficiarios, además, padecen duplicidades y están colonizados por prácticas corruptas. Esta propuesta ha sido vista desde diferentes sectores como un distractor para evitar la atención sobre la crisis interna que sufre la coalición.
Por su parte, el candidato del PRI, exministro de Hacienda responsable de la política de ajuste y del gasolinazo durante el Gobierno de Peña Nieto, lanza mensajes poco estructurados en torno a estas temáticas: “La economía familiar será una prioridad. Las familias tendrán mayores oportunidades para que su esfuerzo dé mejores frutos, comida en sus mesas y bienestar. Si a México le va bien, a las familias les irá mejor”[viii].
Seguridad y lucha contra el narcotráfico
El escenario de pobreza se conjuga con una realidad de violencia que permea todos los ámbitos de la sociedad. La situación está vinculada a las economías ilícitas del narcotráfico y al incremento en el uso de la fuerza pública como estrategia (fallida) de control delictual. El tema de la seguridad se encuentra en un punto álgido por su actual debate en el Senado, tras la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de Seguridad Interior, impulsado por el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, y que avala a las Fuerzas Armadas para intervenir en labores de seguridad pública. La propuesta ha sido criticada por Amnistía Internacional y ONU derechos Humanos, que ven la ley como un grave retroceso en materia de Derechos Humanos.
El proyecto del Ejecutivo va de la mano con la propuesta del candidato del PRI, quien hasta ahora se ha mostrado cercano los organismos castrenses –“Las Fuerzas Armadas nos han dado certeza, es tiempo de que les correspondamos”–, por lo que no sería extraño que mantuviera la línea de militarización del país como forma de combate de la violencia. Esta perspectiva favorable a la militarización es compartida por el PAN.
López Obrador, por el contrario, ha levantado todo tipo de suspicacias con sus más recientes declaraciones sobre la posibilidad de una amnistía para lograr la paz y reducir la violencia. La amnistía, planteada como última alternativa, estaría acompañada, tal y como versa el documento de lineamientos de política 2018-2024, de cambios estructurales, bajo la premisa “Preferimos que los jóvenes sean becarios a que sean sicarios”. La propuesta está orientada a “ampliar la cobertura y la inclusión de la enseñanza pública” para “combatir los fenómenos de inseguridad, violencia y deterioro del Estado de derecho, porque la exclusión de millones de jóvenes por falta de lugares en las aulas ha sido una de las causas preponderantes de la descomposición social que padece el país”.
Política exterior: renegociación del TLCAN
En materia de política exterior, México también atraviesa una crisis importante, en el marco de la renegociación del TLCAN[ix]. En este caso, los candidatos coinciden en la necesidad de mejorar las vías de diálogo con Estados Unidos, más allá de plantear líneas alternativas a la dependencia económica.
En su programa, MORENA plantea que, a pesar de las deficiencias, el TLC “ha mostrado ser un instrumento útil para el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos y Canadá. Ha dado, sobre todo, certidumbre jurídica a los intercambios comerciales y las inversiones extranjeras”. En este sentido, el planteo es avanzar en las vías de diálogo para no perder los logros en materia comercial. Una estrategia que es acompañada desde los diferentes proyectos políticos. Ricardo Anaya coincide en la necesidad de una reactualización del proyecto, manteniendo los intereses comunes que hay en el mismo y, por su parte, José Antonio Meade –quien también se desempeñó como canciller–, se ha mostrado favorable a revisar este tipo de acuerdos cada lustro en lugar de cada diez años, como se hace hasta ahora.
Si bien es pronto para plantear escenarios previsibles, la pugna electoral presenta algunos elementos claves que va a definir las trayectorias por las que va a discurrir la campaña electoral. La seguridad, la economía y las relaciones exteriores continuarán siendo los grandes temas de debate, bajo los que los candidatos estructurarán sus mensajes en los próximos meses. De la capacidad de instaurar marcos discursivos con alternativas de cambio –algo ya de por sí difícil con perfiles tan asociados a “la vieja política”– dependerá la variación del electorado indeciso.
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Fotografía: CELAG
