Por: La Izquierda Diario. 26/10/2017
«Nuestra lucha es contra los proyectos de muerte, porque no hay nada más importante que la vida», así explica Marco Alonso Aco la lucha que mantiene con su comunidad, en la sierra norte de Puebla, contra las mineras a cielo abierto concesionadas por Carlos Slim.
Son al menos cuatro los megaproyectos que en en el estado han avanzado en forma voraz, tras los acuerdos de la reforma energética que lo permiten, hasta ahora lo único que los detiene es la lucha de la población, que impide la compra de grandes extensiones de tierra y algunas órdenes de jueces federales que aún reaccionan a la necesidad de permisos ambientales que marca la ley.
A sus 55 años, Alonso lleva 38 luchando en defensa de la vida y de la tierra en el estado, siendo originario de Huitzilan, tuvo que interrumpir sus estudios por dificultades económicas al llegar a la universidad, como miles de jóvenes en este país.
«Sabemos que la entrada de las mineras implica la contaminación del agua y un ataque a la vida silvestre y de miles de personas, en estos pueblos decimos que la tierra no nos pertenece y es así, nosotros pertenecemos a la tierra», dice con fuerza en sus discursos y tiene razón, pero la concepción de los millonarios empresarios y de la presidencia es imponer el despojo y su sed de ganancias a costa de todo.
Alonso también es impulsor de la demanda colectiva contra el maíz transgénico y promotor de organizaciones de productores de café, miembro del movimiento llamado #oraworldmandala y militante del Morena.
En México ser defensor del medio ambiente y los recursos naturales no es fácil, hay grandes intereses económicos tras los proyectos de devastación, latentes en las ofensivas políticas del gobierno, son comunes las intimidaciones y ataques a líderes comunitarios y defensores ambientalistas. Para Alonso, como para los luchadores sociales en Puebla, la situación se complica, el PRI gobernó de 1929 hasta el 2011 y con dos gobiernos consecutivos del PAN, Rafael Moreno Valle y hoy José Antonio Gali Fayad, se consolidan los planes de la reforma energética, la imposición del fracking y la pretendida instalación de mineras a cielo abierto.
Activistas como Alonso resisten contra más de 70 años de permanencia política y económica de empresarios y terratenientes, que desde la llegada del «Gober precioso» Carlos Marín en 2005, arreciaron un brutal ataque a la libertad de expresión, como vimos con la persecución a Lydia Cacho, ante el destape de las redes de trata y su relación con empresarios poblanos.
Miles salieron a las calles luego del audio filtrado de Mario Marín, que mostraba la naturalidad y cinismo con que el gobierno sortea sus crímenes. Alonso y su familia se unieron a las movilizaciones y él explicaba a sus hijos el significado de las dos botellas de cognac que en los audios ofrecía el «Gober» para comprar silencios y seguir delinquiendo. Les enfatizaba que había que luchar para cambiar eso y tantas cosas que estaban muy mal.
Durante el movimiento de justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la sierra norte de Puebla las históricas protestas recibieron a los padres de los estudiantes desaparecidos a Cuetzalan. Alonso al escucharlos pensó mucho en sus hijos y lloró de imaginar que había que salir así, porque nos estaban matando «a los hijos del pueblo».
En Puebla, la organización priísta Movimiento Nacional Antorchista, conocido como Antorcha campesina, está en contra de luchadores sociales como Alonso, que se oponen a estos proyectos de devastación de la tierra. Ahora esta organización acusa a Alonso Aco de ser responsable de la muerte de Manuel Hernández Pasión, el presidente municipal de Huitzilan de Serdán, en la Sierra Norte de Puebla, asesinado con su escolta el 10 de octubre, mientras viajaba por la carretera de Xochitlán. El funcionario fue militante del Partido Verde Ecologista y militante antorchista.
Ahora los dirigentes antorchistas usan el crimen del funcionario -quien fue su compañero- para criminalizar y hostigar a Alonso, opositor constante a sus políticas ligadas al PRI. La campaña de hostigamiento hacia Alonso Aco se ha extendido a su familia: han difundido comunicados diciendo que son una familia de caciques y asesinos, en particular contra su tío Pablo Aco Huerta, impulsor de una cooperativa de café.
En 2016 este mismo grupo culpó a Alonso, sin prueba alguna, del asesinato de Juan Ceballos Zeferino, un huitzilteco antorchista. La campaña difamatoria siguió, incluso después de que la viuda de la víctima desmintiera las acusaciones.
El movimiento antorchista controla los programas sociales y lucra con ellos, condiciona la entrega de los mismos a sus afiliados, a cambio de la participación en sus movimientos. Son antorchistas quienes explotan a personas que piden limosna en el metro de la Ciudad de México diciendo que vienen de la sierra norte de Puebla. Y apoyan los proyectos de empresas mineras y de extracción de hidrocarburos a través del fracking en aquellos municipios donde el costo político no es tan grande o donde pueden imponer su fuerza. Además están en contra de las policías comunitarias, como en Olinalá, actuando como fuerza de apoyo de los proyectos de patrones y empresarios. Todo esto se suma a la intimidación de gente que no pertenece a su organización en las manifestaciones y contra los que luchan en defensa de la tierra y del agua en Ocotepec o Cuetzalan.
Marco Alonso Aco es actualmente presidente del Consejo Ciudadano de Huitzilan, organización que ha denunciado la política represiva, clientelar y corrupta que ha mantenido Antorcha en su municipio, el cual representa un bastión del PRI, con más de veinte años en el gobierno y uno de los municipios más pobres del país. Por ello este luchador seguirá de pie, a pesar de las amenazas, ante las cuales no se intimida, pero denuncia y pide solidaridad.
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Fotografía: laizquierdadiario
