Por: Julieta Bonilla. 30/11/2024
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se vuelve necesario reflexionar sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Cinco preguntas y cinco respuestas que buscan dar cuenta dónde estamos parados.
Escribir una nota para reflexionar sobre la importancia del rol del Estado en el abordaje de la violencia de género, en el contexto de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), pareciera un sinsentido.
La decisión de la actual gestión es transformar la Administración Pública Nacional (APN), poniendo especial énfasis en la eliminación de toda agenda pública vinculada con las temáticas de género. En ese marco, ¿qué pasó con las políticas de género en casi un año de gestión de LLA?
- Cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación (MinGen): primero ocurrió su reducción a Subsecretaría; luego su traslado al Ministerio de Justicia; y, por último, el cierre definitivo del área.
- Rechazo de la resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres (posición opuesta, incluso, a la que tomó Estados Unidos) ¡Argentina fue el único país miembro de la ONU en rechazarla!
- Desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente (bajo la órbita del Ministerio de Salud).
- Cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), vigente desde la gestión de Carlos Menem en 1995, y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), cuyo objetivo principal era posibilitar que personas de bajos recursos (en su mayoría, mujeres) pudieran acceder a atención legal primaria de forma gratuita.
- Cambios en el enfoque de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), denostada tanto por el presidente como por la vicepresidenta (en sus dichos, se refieren a la ESI como “adoctrinamiento” y “corrupción de menores”, aunque está demostrado que, gracias a la misma, el 80% de niños y niñas abusadas pudieron denunciar lo sucedido).
Al considerar este contexto y en el marco del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se vuelve necesario reflexionar sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Para eso, propongo repasar cinco preguntas y cinco respuestas que buscan dar cuenta en dónde estamos parados:
1. ¿Qué implicó el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad?
Con el cierre de esta cartera, es la primera vez en más de 30 años que Argentina no tiene un área dedicada a las políticas públicas de género a nivel nacional. El primer organismo especializado en la promoción de los derechos de las mujeres fue la Secretaría de la Mujer (1987). Cuatro años más tarde, en marzo de 1991, se constituyó el Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer, que dependía directamente de la Presidencia de la Nación. En agosto de 1992, el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) reemplazó al Consejo Coordinador, elevándolo al rango de Subsecretaría (Decreto 1426/92). En 2017 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), una entidad descentralizada en la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El INAM continuó con un enfoque especializado en violencia de género, heredado de la gestión anterior del CNM y, finalmente, en 2019, se creó el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
La reciente decisión de cerrar el MinGen pone en riesgo décadas de avances y trayectoria institucional, subrayando la necesidad de reflexionar sobre el impacto de este retroceso en los derechos alcanzados. La historia de las políticas de género en el país demuestra que la institucionalidad es fundamental para sostener los logros alcanzados y enfrentar los desafíos pendientes, a nivel nacional y subnacional.
2. ¿Por qué el cierre del MinGen es un problema?
En primer lugar, es un problema en términos políticos y públicos, porque se desatienden e incumplen tratados internacionales y leyes nacionales que obligan al Estado a contar con áreas y herramientas específicas para dar respuesta a la violencia por motivos de género. Las normativas como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género no solo requieren la adopción de políticas específicas, sino también la existencia de organismos especializados que las ejecuten de manera continua y con recursos suficientes. La eliminación o el debilitamiento de estos organismos es un incumplimiento de dichos compromisos, violando el principio de no regresión en derechos humanos. A la vez que producen desarticulación de políticas a nivel nacional y subnacional.
En segundo lugar, es, además, un problema en términos sociales y económicos. La decisión del cierre, si bien estuvo justificada en la reducción del gasto público, destaca por la ineficiencia que produce en términos prácticos. Como indica el comunicado de Fundar, en 2023 hubo 250 víctimas de violencia de género en Argentina, una mujer muere cada 35 horas, mientras que una de cada dos mujeres en pareja ha sufrido o sufre violencia doméstica; pero en la actualidad no existen estructuras estatales para resolverlo. Se desmantela la línea 144, de atención y asesoramiento gratuito sobre violencia de género, se desarma el equipo que implementaba la Ley Brisa (reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidios), se cierra el Programa Acercar Derechos, que garantizaba el acceso a la justicia a mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia, entre muchas otras medidas.
3. No tener área de género a nivel nacional, ¿hace que estemos más cerca de convertirnos en Irlanda?
No, el cierre del área de género nos aleja del camino hacia el desarrollo, no solo del modelo irlandés, sino también de cualquier país que apunte hacia una sociedad más equitativa y sostenible. Irlanda, lejos de prescindir de políticas de igualdad, ha fortalecido su institucionalidad en derechos humanos, género y diversidad en los últimos años. Eliminar un área dedicada a estos temas nos acerca a países donde la desigualdad y la violencia están profundamente arraigadas, como aquellos con regímenes autoritarios o escasa protección de derechos, en que los costos sociales y económicos de la desigualdad son enormes. Nos alejamos de modelos como el de países europeos o incluso latinoamericanos como Uruguay, y nos colocamos en una posición de mayor fragilidad institucional y social. En este sentido, no invertir en políticas con perspectiva de género no solo representa un retroceso en derechos, sino un obstáculo para el desarrollo del país en su conjunto.
4. Con estas medidas, ¿las perjudicadas son las “femiNazis” y “la casta”?
No, las principales perjudicadas por estas medidas son las mujeres de los sectores populares y las infancias, que dependen en gran medida de las políticas públicas que llevaban adelante estos organismos estatales. Programas como el Acompañar, que brindaba apoyo económico y acompañamiento integral a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género, son esenciales para garantizar derechos básicos y ofrecer herramientas para salir de ciclos de violencia. Se trata de políticas que no solo protegen a las personas más vulnerables, sino que también generan condiciones para reducir desigualdades estructurales. La eliminación de estos programas afecta directamente a quienes enfrentan mayores barreras para acceder a la Justicia, la autonomía económica y los servicios básicos, perpetuando su situación de vulnerabilidad y exclusión. Además, es necesario resaltar que en Argentina dos tercios de las personas de menores ingresos son mujeres, según datos de EPH-Indec, y que las mujeres perciben ingresos que en promedio son un 25,8% menores que los de los varones.
5. ¿A la sociedad ya no le interesan estos temas?
Que las feministas se pasaron tres pueblos y que por eso se perdieron las elecciones es un dicho extendido por propios y ajenos. Pero se trata de un error de análisis: las agendas que impulsan los feminismos son también cuestiones que apuntan a la pobreza, a la desigualdad y a las mejoras en términos económicos. Desatender esto es un error de cálculo en la lógica discursiva política. Ni todas las personas se volvieron de derecha, ni a todas las personas les dejó de importar la problemática. Y si de oposición hablamos, cabe destacar que la oposición al gobierno de Milei está, centralmente, en las mujeres y diversidades. Según un estudio de Opina Argentina, Javier Milei -con una popularidad del 49%- tiene un 53% de respaldo entre los hombres y un 43% entre las mujeres. 10 puntos de diferencia.
A pesar de la resistencia pública y política hacia la agenda feminista por parte de algunos sectores, se torna fundamental reconocer su importancia para abordar la violencia de género y la feminización de la pobreza en Argentina. Los altos índices de femicidios y las desigualdades estructurales subrayan la necesidad urgente de políticas públicas que se ocupen de esta temática.
Socióloga, especialista en género. Maestranda en Políticas Públicas. Integrante del CEPyCo. Ex coordinadora del programa Producir (Min Géneros).
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: El grito del sur. Leandro Teysseire -Página/12
