Por: Renaud Hernández Morales: Profesor, Economista, Filósofo y Pedagogo. 31/05/2023
Como todos sabemos, en los años setentas se llevó a cabo en el mundo, una reestructuración de la vida económica-política llamada ¨Neoliberalismo¨. Inició en Chile con el golpe de Estado contra Salvador Allende fraguado por Pinochet en 1973. Aquí aparece el neoliberalismo, que en 1979 se impone en Gran Bretaña con Margaret Thatcher y en 1980 se impone en Estados Unidos de Norteamérica con Ronald Reagan. En México inicia en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).
Por neoliberalismo se entiende: el movimiento político que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos, y deja libertad absoluta a los empresarios y procura el libre mercado.
Para lograr este cambio, los neoliberales ocupan puestos en el ámbito académico, en los medios de comunicación, en las entidades financieras, en las juntas directivas de las corporaciones, en el Estado como Secretaría de economía y bancos centrales, en instituciones internacionales que regulan el mercado y las finanzas a nivel global como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, y posee penetrantes efectos en los modos de pensamiento.
Este sistema ha ocasionado un proceso de destrucción masiva en los poderes institucionales, ha destruido la soberanía Estatal, las divisiones del trabajo, las relaciones sociales, áreas de protección social, las combinaciones tecnológicas, las formas de vida y de pensamiento, las actividades de reproducción, los vínculos con la tierra, destruye la ecología, la vida humana y destruye al planeta tierra. El neoliberalismo, como la parte del capitalismo salvaje, es un sistema de muerte total. Es la necrofilia del sistema económico neoliberal que provoca la muerte de los ciudadanos y concentra la riqueza en pocas manos; 60% de la población en la miseria, 30% de pobres y 1% de nuevos ricos en México. Cientos de miles de trabajadores fueron despedidos de sus trabajos, ahora sin derecho a jubilación, ni seguridad social, y se aceleró la inflación para despojar a la población del poco dinero que tenía. El neoliberalismo se convierte en un recurso para reorganizar al capitalismo internacional. Desde aquí se disolvió la solidaridad social y se instaló el individualismo como forma de vida, se privatizaron las empresas públicas o paraestatales, sin oposición de la población, se instauró el ¨Pacto por México ¨el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec, por Enrique Peña Nieto y los Partidos políticos PRI, PAN, PRD, y se aplicaron las reformas estructurales, que en el sector educativo pretendían una educación privada con el principio de las ¨Competencias¨, que pretendía despojar a los trabajadores de sus derechos laborales, sindicales, de seguridad social, vivienda de interés social, y se pactó una medida que viola nuestra Constitución Política, que es el pago de jubilaciones y pensiones, no con salario mínimo, sino con una medida arbitraria que atenta contra la integridad de la vida de los adultos mayores jubilaos y los deja en la indefensión; es la UMA, Unidad de Medica y Actualización, creada de la nada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Institución es un reducto del Conservadurismo de México, que mantiene una actitud neoliberal en contra de los derechos del pueblo y en favor de la oligarquía de México, que es la caquistocracia de nuestro país.
LA UMA.
El 26 de diciembre de 2016 se decreta: La Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en Diario Oficial de la Federación, y se comienzan a pagar las jubilaciones y pensiones en UMA (en febrero de 2017), y no en salario mínimo como establece el artículo 17 de la Ley del ISSSTE, ¨Las cuotas y aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho salario… del Distrito Federal¨, ahora Ciudad de México. Esta medida violenta también el Artículo 14 Constitucional que garantiza ¨en ninguna Ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna¨.
El 20 de septiembre de 2019, el Tribunal Colegiado de Primer Circuito de la Ciudad de México emite una jurisprudencia que dice ¨La Unidad de Medida y Actualización no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidos por el salario mínimo¨. Esto nos adjudica la razón jurídica a los jubilados y pensionados. Debido a esto exigimos al Gobierno Federal la abrogación del decreto de la Ley de la UMA impuesta desde 2016 y aplicada retroactivamente a los trabajadores del país, así mismo, un bono anual por el día del jubilado hasta por un mes del equivalente a la pensión o jubilación, aumento a la jubilación y pensión de acuerdo al índice inflacionario y con base al salario mínimo y no en UMA.
El 16 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirma la Constitucionalidad del Decreto de Reforma a la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Pensiones de Ahorro para el retiro y legaliza el pago en UMA para jubilados y pensionados aún cuando la Constitución Política establece pago en salario mínimo. La UMA se usaba como factor de cálculo para determinar el porcentaje que debe erogarse por concepto de cuotas patronales y cuota social, pero la Corte la impone como pago de jubilaciones y pensiones por debajo del salario mínimo Constitucional. Con este cambio, en 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 7.82%, y la UMA gira en relación a esta inflación, por ello el aumento equivale $ 103.74 de UMA. En tanto el salario mínimo aumentó 20%, pasando de $172.87 a $207.44 pesos respectivamente, así, la UMA pierde $103.7 pesos diarios (50%) respecto al salario mínimo que debemos percibir los jubilados y pensionados.
En contraste con la deplorable situación de los jubilados y pensionados de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece como una Institución que no está al servicio del pueblo trabajador, sino al servicio de los intereses de los conservadores y sirve para legalizar el despojo o robo de los derechos de los trabajadores. La SCJN ya no imparte justicia y es un instrumento legitimador del control del pueblo, legitimadora del robo al erario publico y es un instrumento que cuida los privilegios de un grupo minoritario de conservadores neoliberales que roban la riqueza nacional.
Como expuso el periodista Salvador García Soto, en el Universal, el 13-02-23: la SCJN posee 14 fideicomisos para prestaciones de los Ministros, Consejeros y Magistrados, durante toda la vida. (6 fideicomisos la SCJN; 6 la CJF; 2 el TEPJF) que asciende a $ 20,149 millones de pesos. Sueldos y apoyos de los Ministros del Poder Judicial: sueldo mensual $297,403, 77; aguinaldo de 40 días $ 586,092,53; prima vacacional $ 95,474,68; gastos de alimentación en restaurantes $ 60,307,52 mensuales que suman $ 723,690,24 pesos al año y pago por riesgo de trabajo de $ 640,372,31; pago para sus familiares como medicamentos para él y su conyugue de $ 188,099 pesos por año; apoyo de lentes para ministros, conyugues e hijos de $ 3100 pesos anuales. Estímulo por antigüedad $ 1000 mensuales; pago de defunción $ 1,189,615,08 pesos y $ 30 mil pesos de ayuda de gastos funerarios; seguro de vida $12 millones de pesos; seguro de gastos médicos para conyugue e hijos y familiares $30 millones de pesos; dos vehículos blindados de más de 3 millones de pesos; apoyo para gasolina $22 mil pesos mensuales; servicio de peaje en autopistas ilimitado; escolta de protección federal, reservaciones en restaurantes, trámite de licencias, visa, gastos de avión, hospedaje y alimentos, viajes oficiales al interior de la República y al extranjero, atención exclusiva en aeropuerto para viajes oficiales y un largo etcétera más.
Los Ministros son una casta aristocrática éticamente perversos, encubridores del orden injusto de la desigualdad social. El Derecho moderno que imparten es un derecho burgués, encubridor del acto moralmente perverso de la injusticia, por eso son insensibles a los derechos de los trabajadores y legitiman el pago de jubilaciones por debajo del salario mínimo que marca la Constitución.
Fotografía: capital21