Por: Capire. 26/06/2024
La abogada socioambiental analiza cómo la economía verde sirve a los intereses financieros, transformando bienes comunes en activos financieros
La crisis ambiental de este siglo está directamente relacionada con el modelo de agronegocio, basado en latifundios y monocultivos de commodities. La producción intensiva y predatoria que avanza en el campo está prácticamente anclada en la deforestación de la Amazonía y del Cerrado brasileño, dos de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. En una era de creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad, la economía verde, el capital verde y el mercado de carbono emergen como «conceptos» en la búsqueda de soluciones ambientalmente responsables y «viables».
La página del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST) entrevistó a Larissa Ambrosano Packer para abordar esta dinámica entre el agronegocio y el medio ambiente, enfocando aspectos sobre las nuevas tecnologías capitalistas en la organización de la agropecuaria y las expresiones de la financiarización de la economía en la dinámica agraria y ambiental. Packer es abogada socioambiental, magíster en Filosofía del Derecho y integrante del equipo de Grain para la América Latina.
¿La economía verde, que hoy parece estar “de moda”, aporta soluciones al problema de la crisis ambiental global?
Esta relación entre mercados de capitales, agronegocios y medio ambiente es parte de esta tendencia de buscar inversionistas institucionales que generen miles de millones de dólares en el mundo, buscando la mayor rentabilidad posible para las “élites rentistas”, tanto personas físicas como jurídicas. Me refiero a BlackRock, Vanguard, State Street, Global Advisors, que gestionan billones de dólares, a veces mucho más grandes que el PIB de Estados Unidos y China. Estos inversores institucionales profesionales, ante las fluctuaciones del mercado de capitales, los movimientos inflacionarios y la caída de los tipos de interés, buscan activos físicos, bienes físicos tangibles, como inmuebles, infraestructuras de transporte, puertos, aeropuertos y metales preciosos como el oro, las tierras agrícolas y los recursos naturales en general.
Esta alianza de inversores institucionales en el mercado de capitales y estos activos físicos y tangibles son introducidos en tiempos de crisis, tanto como estrategia para proteger el dinero frente a la inflación, como para situar esa sobreacumulación de dinero sobre alguna base física que garantice una rentabilidad de largo plazo más segura que los activos financieros tradicionales, como acciones y títulos de crédito. Esto es parte de este momento de fiebre por el oro, por la tierra, por los bienes raíces, que se ha intensificado en los últimos 15 años, desde la crisis hipotecaria de 2008 en los Estados Unidos, que también generó un enorme volumen de capital financiero sin garantía de bajar a la tierra y que acabó dando lugar a más o menos tres grandes movimientos.
¿Y cuáles son estos movimientos?
Grain documentó que hubo un aumento en los acuerdos internacionales de tierras, de 2008 a 2009, de 4 millones de hectáreas a 45 millones de hectáreas. A esto se le llamó en la literatura land grabbing, esta fiebre por las tierras agrícolas que en 2011 el Banco Mundial también acabó avalando.
En 2012, por ejemplo, varios inversores institucionales buscaban empresas que gestionaran tierras agrícolas en Estados Unidos para adquirir y poner esta sobreacumulación de capital en un mercado de tierras limitado. Y esto llevó a precios estratosféricos en el valor de la tierra, pagándose hasta 67 mil dólares por hectárea en Wisconsin. Para que haga una idea, estos llamados activos reales –que en realidad son los mercados inmobiliario, comercial y residencial– correspondieron en 2021 al 51% del total de activos circulantes en el mundo, lo que representa 290 billones de dólares.
El segundo mercado más grande es el de los instrumentos de deuda, que tiene menos de la mitad de ese valor (123 billones de dólares) y el tercer mercado más grande es el del oro. También es un activo muy buscado en tiempos de crisis, que proporciona mayor seguridad y protección contra la corrosión del dinero en tiempos de inflación, y es un mercado de 12 billones.
También según AGBI Real Assets, gestora de activos reales, las propiedades rurales representan más de 35 billones de dólares, lo que representa más o menos el 6% de los activos de la economía mundial. En los últimos 20 años, las tierras agrícolas se han revalorizado un 300%.
Si combinados, estos fondos inmobiliarios que invierten en propiedades comerciales, residenciales y rurales suman más de 320 billones de dólares, lo que supone más o menos cuatro veces el PIB mundial en 2020. Por lo tanto, la alianza entre inversionistas financieros y agronegocios y recursos naturales es parte de ese momento de intensificación de las crisis financieras, buscando protección contra la corrosión del dinero frente a la inflación y también mayor rentabilidad, distribución de dividendos a inversionistas y élites rentistas.
¿Cómo impacta toda esta fiebre por el capital en las tierras y bienes comunes de los países?
Esto afecta principalmente a los países que tienen tierras agrícolas, que cuentan con recursos naturales. Hay un desplazamiento de esta sobreacumulación de capital hacia otras geografías del sur global, que tienen abundantes tierras y recursos naturales. Muchos inversores institucionales persiguen una sobrevaloración de estos activos, aumentando el precio de la tierra y de las commodities agrícolas, lo que acaba impactando el valor de los alimentos, el acceso a la tierra y los bienes comunes que proporciona la tierra, como el agua, la biodiversidad, la vegetación nativa y la calidad e integridad ambiental, que son derechos humanos vinculados a la dignidad de la vida y la salud, tanto de los seres humanos, como de los animales y del planeta.
En tiempos de crisis financiera, estos inversores financieros aprovechan este entorno de excesiva concentración y escasez para introducir bienes hasta ahora comunes en el régimen jurídico de la propiedad privada y, peor aún, en el régimen financiero. Acercan estos bienes comunes no solo al régimen jurídico de la mercancía, sino también a los propios activos financieros. Subordinan activos entonces comunes, como la tierra, el agua y los recursos naturales, a los intereses de distribución de dividendos de los inversores de fondos. Esto significa que, cuanto mayor sea la expansión de la agroindustria, produciendo pocas commodities de baja calidad nutricional para la exportación, con más deforestación, apropiación de tierras y agua, mayor será el precio de estos activos reales que se convierten en activos financieros, y mayor será la distribución de dividendos para estas gestoras de activos y para estas élites rentistas globales. Esto termina subordinando los bienes comunes y el interés de la población a la estrategia de ganancias financieras de unas pocas familias, de unos pocos y súper ricos del mundo.
¿Es esta la llamada economía verde?
La economía verde es más un slogan para legitimar o popularizar un interés que es de clase, restringido a una pequeña élite rentista y a aquellos agentes financieros que trabajan para ella. Por lo tanto, se involucran los intereses de clase y se los presenta como si fueran un interés global, mayor, de todos.
La narrativa hegemónica afirma querer una economía verde en la que estos inversores ayuden al planeta, ayuden a todas las poblaciones a recaudar recursos para proyectos ambientales de bajo impacto. Pero dice esto precisamente para ocultar el hecho de que ésta es una economía del rentista, del capitalista, del inversor financiero, que quiere cada vez más una mayor rentabilidad basada en el aumento del valor de la tierra y el valor de las commodities y de los alimentos.
El resultado es una minoría de propietarios y una mayoría de personas sin acceso, sin techo, sin tierra, lo que hace que este acceso forme cada vez más parte de la composición del valor de estos activos, pase cada vez por el interés de mayor rentabilidad para estos inversores.
Por mucho que se diga que estos recursos serán utilizados para el bien del planeta, la búsqueda de una mayor rentabilidad es intrínseca a la dinámica de las inversiones financieras. La mayor rentabilidad está ligada a negocios con compra de tierras a bajo valor y su venta a alto valor.
No sorprende que haya muchas denuncias sobre la participación de estas gestoras de activos en tierras, incluidos fondos de pensiones, que compran tierras muy baratas en Matopiba [acrónimo que se refiere a una región brasileña que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía], que son baratas precisamente porque toda su cadena de propiedad está contaminada de vicios y fraudes por el acaparamiento de tierras públicas y colectivas. Al cabo de unos años, deja de ser tierra de pastos degradados para monocultivos de soja, degradada por otros motivos, para producir commodities para la exportación. Esto aumenta el valor de la tierra y, cuando se vende, los beneficios se distribuyen entre unos pocos inversores financieros.
Hay toda una dinámica de aumento de precios o apreciación de estas tierras y quienes no tienen dinero se ven obligados a vender las tierras. Hay una concentración de estas tierras, expulsión de la población y de los pequeños agricultores, de pueblos y comunidades tradicionales, mayor deforestación, etc. Cuando realmente se sigue el fenómeno del capital vinculado a lo que se llama economía verde, lo que se ve es una economía marrón, una economía que conduce a una gran violencia contra las personas y el medio ambiente.
En 2008, con la sobreacumulación de capital sin un lastre sobre el que aterrizar con la crisis hipotecaria en Estados Unidos, hay una fuga de capitales y una búsqueda de nuevos lugares, nuevos activos más seguros para que esos billones de dólares aterricen. Y se han producido más o menos tres fenómenos: el land grabbing, con una fiebre global por la tierra en el mundo, especialmente en los países del Sur global; la especulación financiera con las commodities agrícolas, con una concentración por parte de unos pocos fondos de contratos futuros para la compraventa de soja y maíz, etc., generando un boom en el índice de precios de los alimentos; y la valoración económica autónoma, referida al valor de la tierra y los valores medioambientales.
Antes existía la calidad o integridad ambiental, que pertenecía al régimen jurídico de los bienes comunes. Estos eran impropios para una sola persona y no podían comercializarse como cualquier otra mercancía, precisamente porque estaban destinados a todos y todas, a las generaciones presentes y futuras. Ahora hay una apreciación económica del régimen de propiedad privada, que autoriza a algunos actores a emitir títulos de propiedad sobre lo que empiezan a llamar servicios ambientales o servicios ecosistémicos.
¿Puedes explicar más cómo funciona esto?
Esto es ahora un principio del derecho ambiental, pero, en realidad, se está construyendo todo un mercado de compraventa basado en la fijación de precios y autorizaciones de contratos y en la circulación de nuevas mercancías en torno a bienes ambientales, que ahora se consideran activos reales y pueden integrar intercambios como cualquier otro producto básico, especialmente en el entorno de activos financieros.
En Brasil, la cuota de reserva ambiental (CRA), que representa una hectárea de vegetación nativa en cualquier etapa de regeneración, no necesita ser un bosque primario o secundario, puede ser un área degradada o que se esté regenerando allí. Ello está brindando un servicio ambiental de secuestro de carbono con crecimiento, permitiendo que esa área se regenere y crezca.
Desde estos territorios se pueden emitir valores financieros negociados en bolsa de valores y mercado extrabursátil. De la misma manera, Nasdaq y la Bolsa de California también incluyeron el agua como un activo financiero, que también se negocia en las bolsas y se fija su precio; a partir de entonces, se habla de cuotas de agua.
Estamos viendo cómo bienes comunes que eran de todos pasan al régimen de propiedad privada y, además, se convierten en un activo financiero. Esto puede conducir a la deforestación. Situar la gestión ambiental dentro de la lógica de la oferta y la demanda, dentro de la lógica de los precios de mercado, puede generar movimientos especulativos muy peligrosos contra el medio ambiente. La lógica es: cuanto mayor sean los incendios en California o el Pantanal, y cuanto menor sea la cantidad de agua disponible y más escasa, mayor será el valor de la acción en bolsa. Y quien posea estas acciones tendrá mayor rentabilidad, comenzará a comprar y vender estas acciones por un valor mayor en el mercado secundario. Asimismo, las cuotas de reserva ambiental en lugares con mayor expansión de la minería y la agroindustria, con monocultivos de soja, algodón y maíz, tendrán menor cantidad de bosques o vegetación nativa y protegida, y el valor de las cuotas será mayor. Esto no tiene nada que ver con la protección del medio ambiente. Estamos hablando de economía financiera, que no tiene nada de verde.
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Fotografía: Biodiversidad la
