Por: Guadalupe Poujol Galván. Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 24/03/2026
La aprobación del dictamen por el que se expide la nueva ley orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para convertirla en un órgano descentralizado del Estado, con autonomía y patrimonio propio, se encuentra detenida en el senado desde el 13 de marzo de 2024. Con ello, tanto las y los representantes en el senado y el congreso están incumpliendo con la obligación establecida en un artículo transitorio de la Ley General de Educación Superior, aprobada el abril de 2021, que definió la obligación del Congreso de expedir la nueva ley orgánica de la UPN, al mismo tiempo que hacen de lado los resolutivos del Congreso Nacional Universitario (CNU) de UPN entregados al senado en diciembre de 2021, que por mayoría, eligió la autonomía por ley para la UPN.
Esta situación se produce en el país en el marco de una política educativa centrada en la ampliación de la cobertura en educación media superior y superior, privilegiando a las universidades fundadas por la actual administración y desatendiendo el desarrollo y fortalecimiento de otras instituciones de educación superior, dejándolas a un nivel de sobrevivencia, pese a que tienen una trayectoria en la atención educativa a las juventudes y han contribuido al avance científico del país y a la resolución de problemas en distintas áreas del conocimiento, entre ellas a la Universidad Pedagógica Nacional con las Unidades UPN en los estados. Con ello se evidencia que no se está poniendo atención en la formación docente y de profesionales de la educación.
La educación cobra más relevancia cuando se sitúan las políticas educativas ante las condiciones históricas que se atraviesan. En las interacciones geopolíticas, se ha incrementado la tensión entre los procesos de apropiación-violencia del occidente hegemónico y los procesos de regulación- emancipación. Lo que está en juego para la humanidad y el planeta es lo que representan cada uno de estos procesos, los de regulación-emancipación reconocen el derecho de las personas y de la naturaleza, promueven una nueva pauta de relaciones, se guían por los principios de equidad y por el reconocimiento a la diferencia. Mientras que la apropiación, implica incorporación, cooptación y asimilación; la violencia resulta en destrucción física, material, cultural y humana. Los procesos de apropiación y violencia están profundamente entrelazados (Santos, 2009) y ello nos da un contexto para comprender lo que ocurre en el país y sus instituciones, sus rezagos y contradicciones. En los días que corren, días de guerra, los procesos de apropiación violencia se caracterizan por la exhibición del poder de muerte como ley, para ese poder, no hay estado de derecho que valga, y pone en acto constantemente la pedagogía de la crueldad (Segato, 2018).
En este contexto crítico, se hace necesario formular la pregunta ¿cuándo y cómo se perdió el carácter nacional de la UPN y cuáles han sido sus efectos en las Unidades? En el trabajo de investigadoras e investigadores de este proceso, se destaca que la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) de 1992, cambió para siempre la estructura de la UPN. “La UPN fue utilizada como una pieza de negociación entre el gobierno federal y el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) para facilitar la federalización de la educación básica, dejando a la universidad en un limbo jurídico” Ferreiro (2012).
Ferreiro (2012) describe que a consecuencia de este acuerdo, se crearon «UPN estatales» con recursos, normativas y criterios de contratación distintos. Mientras la Unidad Ajusco (CDMX) conservó cierta autonomía y presupuesto federal, las unidades en los estados quedaron a merced de las Secretarías de Educación locales, muchas veces más interesadas en el control administrativo que en el proyecto académico.
Es necesario apuntar que en 1992, en pleno período neoliberal, se intensificó la política marcada por el predominio de la educación como mercancía y en correspondencia con ese enfoque, esta medida resulta en los hechos en el debilitamiento de la educación pública, ya que de acuerdo con Jiménez (2012) tras la descentralización, las unidades quedaron en un vacío legal. Mientras que en la Ciudad de México (Ajusco), los académicos son considerados trabajadores de la educación superior (con esquemas de investigación), en los estados, muchos fueron absorbidos por las estructuras de educación básica, perdiendo sus derechos como investigadores y quedando bajo el control directo de las secciones sindicales del SNTE.
Esto ocurrió en la Unidad de la UPN en Morelos que fue adscrita al Instituto para la Educación Básica, dando lugar a una situación de ambigüedad, en la que el presupuesto y la administración de la Unidad están a cargo del Instituto, pero la normatividad laboral, académica, los programas educativos se rigen todavía por la UPN Ajusco. Una universidad que se inserta en una institución que se orienta a la educación básica, con administraciones que no comprenden, ni valoran y por tanto no impulsan sus funciones sustantivas. En los hechos, las distintas administraciones han ido marginando a la Unidad, que pasó de ser una dirección a quedar actualmente en apenas una subdirección del Instituto. El presupuesto de la Unidad se ha ido reduciendo, no se pueden ejercer con autonomía los recursos propios. Ese limbo legal ha resultado en un estancamiento institucional y en la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de la Unidad, quienes han ido resistiendo en diferentes etapas, a lo largo de 33 años.
La experiencia de la Unidad de Morelos coincide con la caracterización de las Unidades UPN que hace Ferreiro (2012) como híbridos institucionales. No son plenamente universidades autónomas, pero tampoco son escuelas normales, ni oficinas burocráticas. Esta ambigüedad ha provocado precarización académica, dificultad para consolidar cuerpos académicos y realizar investigación de alto nivel. Así mismo, se ha realizado cotidianamente el trabajo académico en la Unidad Morelos en la tensión normativa, ya que las unidades deben cumplir con programas nacionales diseñados en Ajusco, pero operan con calendarios y presupuestos decididos por funcionarios estatales que no siempre comprenden la lógica universitaria. A ello habría que agregar la incertidumbre política generada por los diferentes gobiernos de diferentes partidos a nivel estatal, que se han limitado a la gestión burocrática de la Unidad, manteniéndola en un nivel mínimo de operación pese al esfuerzo de sus trabajadores por mejorar y ampliar su oferta académica.
Lo más grave es que esta ambigüedad y desinterés en lo académico, en la gestión estatal de la Unidad, ha afectado la formación de las y los estudiantes, Elizondo (2001) estudió que esta situación se repite en las diversas Unidades del país, en las que cambió el perfil del egresado de la UPN. Esta autora identificó una gran heterogeneidad en la oferta educativa; algunas unidades prosperaron mientras otras quedaron en el abandono institucional por parte de los estados. En Morelos, como en muchas Unidades del país los programas se sostuvieron y se crearon 3 posgrados nuevos, entre ellos un doctorado regional, por la conciencia en las trabajadoras y trabajadores académicos y administrativos de la responsabilidad social de la UPN como opción de educación superior pública para la formación continua de las y los docentes y la formación de las juventudes, en momentos de ataque a la educación pública, el agravamiento de la desigualdad, la exclusión y la violencia.
A la tensión normativa, la precarización laboral, la incertidumbre política, habría que agregar la gestión autoritaria de la Unidad UPN Morelos en el período 2015 a 2025, que ha dejado un amplio deterioro académico, a partir de la arbitrariedad de las decisiones tomadas al ceder espacios laborales al SNTE, permitiendo el nepotismo y otras prácticas contrarias a la ética, que han resultado en la incorporación de profesores sin el perfil académico que requieren los programas que se imparten en la Unidad.
En la formación de las y los estudiantes ha pesado mucho esta gestión autoritaria, que ha limitado su desarrollo autónomo y las oportunidades de tener una experiencia auténticamente universitaria, ya que su formación ha estado centrada en el control y la obediencia. A esta situación se aplica la crítica de Giroux (2013) quien analiza cómo las universidades imponen una lógica de mercado que reduce a los jóvenes a simples consumidores, eliminando su papel como ciudadanos críticos. La educación a la que tienen acceso es irrelevante ya que ignora los problemas sociales urgentes (racismo, desigualdad, crisis climática), enfocándose solo en habilidades técnicas para el empleo, lo que despoja a los jóvenes de un propósito profundo.
Sobre las implicaciones para la formación de docentes y estudiantes en un clima institucional autoritario, Yurén (2013) plantea que la construcción de autonomía sale perdiendo frente al disciplinamiento que favorece la obediencia a la autoridad y el apego acrítico de las normas sociales que suelen promoverse en el aula y en la escuela. Esta autora plantea que queda claro que no se puede preparar a las y los jóvenes para la ciudadanía activa en un ambiente prescriptivo que deja poco espacio para la deliberación y la crítica, resulta casi imposible formar para la democracia en un ambiente autoritario que tiende a homologar y a castigar la diferencia.
La irrelevancia del conocimiento propiciado por una gestión autoritaria y neoliberal, desconectada de la realidad de las y los jóvenes y las y los docentes, ha sido abordada por Santos (2005) quien señala que la universidad ha perdido su compromiso social, dejando a los jóvenes sin herramientas para enfrentar las injusticias de sus contextos locales. Por otra parte, tratándose de una población estudiantil de mayoría de mujeres en la Unidad Morelos es pertinente el cuestionamiento de Hooks (1994) a la jerarquía rígida que exige que el estudiante deje sus emociones y su identidad en la puerta antes de entrar al aula, favoreciendo así la desconexión entre el intelecto y el bienestar emocional. El régimen autoritario en la Unidad Morelos, con sobrepoblación y desatención a las situaciones de vida de sus estudiantes no tuvo ningún protocolo, o estrategia de prevención de la violencia, para evitar el feminicidio de una de nuestras estudiantes en 2025.
El desinterés del gobierno local en la institución y la conexión entre la gestión autoritaria de la Unidad Morelos con la visión patriarcal de quienes la ejercían han solapado diversas formas de violencia: maltrato a estudiantes, durante todos estos años, así como el acoso sexual, el hostigamiento, dejando de lado la formación relevante de las estudiantes, su desarrollo integral. También algunos trabajares han sufrido discriminación y abuso de autoridad, estancamiento en las condiciones laborales. Situaciones como éstas se favorecen en un limbo legal. Es necesario que las autoridades y representantes asuman ya su responsabilidad para que la UPN recupere su carácter nacional mediante la autonomía por ley, para hacer frente con un marco jurídico estable el desafío de las universidades públicas, que no es no solamente lo que corresponde al país, desde la educación que es mucho, sino también frente al apocalipsis capitalista, frente al mandato violento que nos sume en guerras esparcidas por diferentes partes del mundo.
Referencias
Elizondo Huerta, A. (coord.) (2005). La profesionalización de los maestros en México. México: UPN.
Giroux, H. (2013). La universidad en cadenas: Desafiando el complejo militar-industrial-académico. Herder.
Hooks, b. (1994). Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Routledge.
Jiménez Nájera, Y. (2012). «El proceso de descentralización de la UPN: saldos y perspectivas». En Revista CPU-e.
Rivera Ferreiro, L. (2012). «La UPN en el marco de la federalización educativa: una mirada a 20 años de distancia». En Revista de Educación y Desarrollo.
Santos, B. de S. (2005). La universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. UNAM.
Segato, Rita (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo Libros.
Yurén, Teresa. (2013). Ciudadanía y educación. Ideales, dilemas y posibilidades de la formación ético polít ica. México, Juan Pablos y UAEM
Fotografía: UPN-Morelos. Web oficial