Por: Etxebarria Manoli. 06/11/2024
Entre julio y agosto del 2024, una “Caravana Humanitaria por la Vida, la paz y la Permanencia en el Territorio” recorrió algunas comunidades de Colombia visibilizando la profunda crisis humanitaria que afecta a regiones como Arauca, Sur de Bolívar, Chocó, el suroccidente colombiano y el oriente de Antioquia. Este recorrido no solo expuso las duras realidades que enfrentan estas comunidades, sino que también dejó en claro la urgente necesidad de un cambio estructural en la respuesta del Estado y de la sociedad civil frente a esta crisis.
Un grupo de personas de Euskal Herria (organizadas por Komite Internazionalistak), participaron junto a otros internacionalistas y nacionales en esta caravana organizada por REDHER (Red Hermandad de Solidaridad Por los Pueblos de Colombia).
Entre otras, viento sur realizamos una entrevista a Sonia Milena López, una líder social amenazada por los paramilitares como tantas otras líderes sociales. Traemos a través de ella la realidad que sufren día a día militantes del movimiento social de Colombia: las nuevas estructuras del paramilitarismo, la implicación de las multinacionales en los territorios, así como lo que está suponiendo el nuevo gobierno y el proceso de paz en estos territorios para el movimiento social.
Sonia Milena López es Presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y forma parte del equipo regional del Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente Colombianos.
viento sur (VS). Les hemos escuchado hablar constantemente sobre el último periodo del conflicto, que de alguna manera empieza en el 2022. ¿Qué marca este nuevo periodo?
Sonia Milena SML). Nosotras hemos hablado y denunciado la continuidad del plan de exterminio contra el movimiento social que ha sido sistemático y, obviamente, direccionado hacia querer desarticular y callar al tejido social, no solamente en el territorio sino a nivel nacional, y que ha tenido varias etapas o varias fases. También hemos evidenciado varias estrategias de esa nueva estrategia criminal.
Veníamos de unos ejes basados en la estigmatización, en la persecución judicial, en los asesinatos selectivos de líderes y en la intencionalidad y la insistencia del régimen
de implementar el proyecto paramilitar, aquí en el territorio, como lo hicieron en los años 2002 y 2003. Posteriormente han seguido insistiendo a partir de traer grupos de personas, que, con la información que la fuerza pública les entrega, y posteriormente mediante el sicariato, han asesinado a líderes en este territorio. También se está produciendo una constante estigmatización desde los medios de comunicación.
Después del proceso de diálogo y firma del acuerdo final en el que se da la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quedan en el territorio unas estructuras de grupos ligados de manera directa a la extorsión, a las labores de narcotráfico, de microtráfico en territorios como Saravena.
Desde enero del 2022 amanecemos con un alto número de homicidios selectivos, principalmente en Saravena. Por esas fechas asesinaron a 22 personas y se empieza a conocer públicamente una confrontación armada entre la guerrilla ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las estructuras que se conocen como disidencias de las extintas FARC.
Estas estructuras declaran objetivo militar el 9 de enero del 2022 al movimiento social,
bajo el mismo argumento con el que históricamente nos han judicializado. Utilizan el
argumento de decir que el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente, con sus organizaciones, sus procesos y sus liderazgos, hacen parte de la guerrilla del ELN y que, por tanto, una manera de afectar al ELN, según su lógica, es atacar al movimiento social. Y es así como se inicia una arremetida brutal contra el movimiento social de lanzarnos granadas contra nuestras sedes sociales. Más de 11 granadas nos lanzaron entre enero y octubre del 2022. El asesinato de más de 12 líderes de nuestro proyecto social y la declaratoria de objetivo militar.
Fue una época de una sensibilidad clave en las luchas sociales y populares por la reivindicación de derechos, por la defensa del territorio, por la defensa de la vida. Veníamos saliendo de una movilización y una negociación muy importante después de una movilización social frente al Estado y a las empresas petroleras, donde había unas reivindicaciones muy concretas por derechos laborales, por derechos ambientales y por inversión social. Y en ese momento es cuando llega esa arremetida en nuestra contra.
Hemos dicho que aquí no hay una confrontación entre dos guerrillas. Primero porque las FARC como guerrilla se desmovilizó en el 2016 y lo que quedó de ahí en adelante puede ser cualquier otra cosa menos una guerrilla. Y segundo, porque la guerra que han declarado la han declarado al movimiento social. Los muertos los hemos puesto los dirigentes, los procesos de las organizaciones sociales que hacemos parte del Movimiento Políticos de Masas Social y Popular.
Históricamente el departamento ha tenido una situación de una tasa alta de homicidios de personas protegidas en el marco de un departamento altamente militarizado, con más de 9000 militares, sin contar policías y miembros de inteligencia militar. Ese es el control territorial que hay. Entonces es contradictorio que en un departamento tan militarizado todos los días estén muriendo de manera violenta personas que en el marco del derecho internacional humanitario deberían estar protegidas, estaban en estado de indefensión en su mayoría y siendo una obligación del Estado proteger la vida, honra y bienes de la población.
VS ¿Qué actores se podría decir que están participando en este conflicto? ¿Se puede hablar en concreto de para-estatales, pero también de organizaciones tipificadas como criminales ligadas al narcotráfico?
SML. En el marco del Derecho Internacional Humanitario, decíamos que acá hay dos
actores, por un lado los estatales y para-estatales y por el otro lado las organizaciones.
El Estado aquí ha estado representado por su fuerza pública, ejército, policía y miembros de inteligencia militar. Y por otra parte está la guerrilla del ELN.
El Estado también históricamente aquí ha tenido sus estructuras para-estatales con
diferentes nombres. Entonces acá estaba el bloque Vencedores de Arauca, entre el 2000- 2005 con la supuesta desmovilización. Después quedaron los Rastrojos, las Bacrim, que han actuado a nombre del Clan del Golfo de las Autodefensas Gaitanistas. El tren de Aragua, que se supone es una banda delincuencial del hermano país, ha estado aquí en función de ese mismo plan de exterminio.
Y actualmente están las que se denominan disidencias de las FARC, pero como les digo, con esas características ligados al narcotráfico, al microtráfico, a la prostitución, a la extorsión y en el plan de exterminio contra movimientos sociales.
VS. Todas estas expresiones del para-militarismo de los que nos has hablado, ¿cómo se relacionan, por ejemplo, con los intereses de las empresas petroleras o las prácticas de extractivismo que han estado históricamente en la región? ¿Hay alguna relación entre ellas?
SML. Con la guerra contra el movimiento social los principales beneficiados son las
empresas petroleras, porque mediante la guerra sucia para-estatal han querido desplazar a la gente de sus territorios donde posteriormente implementan proyectos petroleros. Eso ha sido así y sigue habiendo esa relación en el sentido de que se ataca a quienes venimos exigiéndole a las corporaciones petroleras y al Estado unas mínimas garantías para permanecer en condiciones de dignidad.
Para terminar de caracterizar estos nuevos grupos, señalemos que sus principales comandantes son personas que pertenecieron a las FARC y que se desmovilizaron mucho antes del proceso de paz. Por ejemplo, Antonio Medina se había desmovilizado por allá en el 2008-2009, se acogió a la Ley de Justicia y Paz creada en el marco de las negociaciones con los paramilitares.
A partir de allí, entonces, tuvo beneficios. También participó en ejecuciones extrajudiciales y en los procesos de judicialización contra personas que fueron señaladas por él de pertenecer a la guerrilla. Entonces es una persona que ya estaba trabajando con el Estado desde mucho antes y que ahora viene a autodenominarse como el más revolucionario de todo el país. Si hablamos de este señor “pescado”, estuvo también involucrado en el asesinato, en la desaparición y posterior asesinato de un compañero, el exalcalde Samuel Bohórquez, a quien lo secuestraron y le pedían a la familia una suma de dinero a nombre de las Autodefensas de Colombias, comandadas por este señor.
Si hablamos de Arturo Paz, que dicen que murió abatido ahí en un operativo del ejército, era conocido acá en el territorio como Gerónimo, era mando el del Frente 45 de las FARC en esa época también desmovilizado. Y desde mucho antes participó con los paracos en el Meta.
Y entonces ahora vienen a decir que esos son los continuadores de la lucha revolucionaria, personas que incluso en el conflicto anterior entre las FARC y el ELN, por allá en el 2006, 2007, 2008, eran de lo más enfáticos en exterminar el movimiento social bajo ese mismo argumento de que pertenecemos o somos aliados de la organización guerrillera.
VS ¿Nos podría contar un poco sobre el control territorial de las disidencias aquí en Arauca? ¿De qué manera eso también ha agudizado el conflicto?
SML. Actualmente tienen una presencia nutrida o una presencia más notable en esa zona de límite de Tame con Puerto Rondón. Allí es donde ha habido últimamente más confrontaciones bélicas con el ELN. Allí la gente ha denunciado confinamientos, amenazas y control a la población de quién entra, quién sale en esa zona del territorio.
Lo que pasó el 31 de marzo de este año en la vereda Pueblo Seco del municipio de Tame, donde entraron en una acción de comando en camionetas y asesinaron a dos compañeros campesinos de la vereda y volvieron por la ruta, precisamente una ruta altamente militarizada. En esa zona de Santo Domingo, es donde tienen sus campamentos.
Y aquí en Saravena, Arauca y Fortul lo que han hecho es utilizar a personas, incluidos menores de edad, para lanzar las granadas o para hacer labores de sicariato. Hemos tenido conocimiento de que han reclutado gente, incluso gente que no es del territorio, sino personas que vienen de Cúcuta, de Bogotá, para que mediante fotografías de líderes sociales y direcciones de nuestras sedes y que con eso hagan acciones de sicariato contra esos líderes.
Esa es la forma que operan en esta zona donde no tienen una presencia notable, pero que los proyectos perseguidos por ellos como somos nosotros, pues estamos mayormente en esta zona del Piedemonte.
VS. ¿Cuáles son esas prácticas que ustedes han identificado como dirigidas hacia el exterminio del movimiento social?
SML. Nosotras hemos identificado la estigmatización que se hace desde estamentos militares, desde algunos gobernantes y desde algunos medios de comunicación. Eso de los gobernantes ha venido cambiando en este último periodo en este nuevo gobierno con el presidente Petro, donde hay una modulación del lenguaje. Pero aún siguen existiendo medios de comunicación que hacen parte de la élite y que son la caja de resonancia en el marco de esa hegemonía de las comunicaciones que tenemos a partir de esa estigmatización.
Se han aplicado las judicializaciones masivas y selectivas. Nosotras desde el 2002 hasta el 2019 habíamos documentado alrededor de 360 casos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que fueron judicializados. Aún tenemos compañeros y compañeras que están en las cárceles o que tienen procesos penales, principalmente por rebelión, terrorismo, concierto para delinquir o incluso secuestro y homicidio, que muestra que se ha utilizado la legislación para perseguir el movimiento social.
A nosotras, como líderes sociales, los procesos que se nos han abierto desde el 2019 para acá, están en el marco de la Ley 1908, que salió del acuerdo de paz con las FARC. Esa ley creó nuevos delitos, también aumentó las penas y aumentó los tiempos procesales. Antes, si le abrían un proceso penal, usted más o menos se preparaba para un año de proceso para que o lo condenaran o lo absolvieran. Resulta que esos tiempos ahora pueden ser de hasta cuatro años en la cárcel sin que se celebre el juicio.
Está también, la Ley de Seguridad Ciudadana, que judicializa ahora las acciones que
legítimamente el pueblo hacía en el marco de la movilización, como cortar una vía y trancar el transporte, que ahora es obstrucción de vía pública y obstrucción de transporte público.
Son delitos que no son excarcelados porque tienen penas mayores a cuatro años. El uso de la legislación para reprimir y encarcelar también es otra de las prácticas genocidas. Obviamente los asesinatos selectivos de los líderes sociales, también. Y las amenazas, los desplazamientos, son las principales prácticas que nosotros hemos identificado y señalado.
VS. En estos años de gobierno Petro ¿ustedes sienten que ha habido algún cambio o alivio? ¿Las cosas siguen igual o peor?
SML. Bueno, nosotras hemos reconocido que efectivamente hay, digamos, un cambio en el lenguaje y en la actitud de este gobierno para atender y escuchar, pero desafortunadamente acá no se necesita eso, se necesita más allá de la escucha, porque claro, instalamos mesas de interlocución en un marco más respetuoso, más de reconocimiento, pero luego cómo se materializa y cómo se cumple es la tarea. Hemos dicho que el poder no lo tiene el Gobierno. El Estado sí y sigue siendo un instrumento de poder de la oligarquía. Pues ahí está el tema de los otros poderes, no del suyo.
El Poder Judicial sigue estando en función de defender los intereses de las empresas, de los empresarios y de la oligarquía. Gran parte de la fuerza pública sigue estando también al servicio de esos intereses. Se sigue aplicando la política de seguridad nacional, donde siguen viendo al movimiento social y a las comunidades organizadas como el enemigo interno y bajo esa doctrina militar se rigen por la fuerza pública en el país.
En los territorios sigue habiendo intereses de las corporaciones nacionales y transnacionales y principalmente en nuestra región está el tema del petróleo; pero en otras zonas es la minería, en otras zonas la biodiversidad, el agua, dependiendo de la misma ubicación estratégica de los territorios.
Entonces, a pesar de que se ha mostrado una supuesta buena voluntad de este gobierno, y a pesar de las exigencias del movimiento social, del acompañamiento de la comunidad nacional e internacional, pues lo cierto es que no se ha logrado parar la matanza. Si bien es cierto han bajado algunos índices en los homicidios contra los líderes sociales, pero la cifra sigue siendo alarmante.
Las estructuras paramilitares siguen actuando en los territorios, la judicialización sigue siendo una práctica y, entonces, la pregunta es cómo se materializa esa buena voluntad del gobierno. Es que definitivamente desborda su buena voluntad porque el poder en las manos de los de siempre.
VS. En las reflexiones que ustedes han tenido como movimiento social, ¿cuál es la postura que ustedes tienen frente a esa propuesta de la paz total?
SML. Nosotras tenemos una crítica frente a la paz total, en el sentido de que mete a todos los actores en un solo saco, como decimos popularmente, y mientras no se caracterice de manera distinta tanto a los actores como a las dinámicas en los territorios, difícilmente va a poder buscarse una solución política al conflicto, que es social, que es político y que es armado.
Cuando se dialoga con todo el mundo en las mismas condiciones, cuando se ha aprovechado este marco de la paz total para darle la legitimidad y estatus político a estructuras criminales que en su esencia no tienen ningún proyecto político, pues se confunde la cuestión y se hace más difícil caracterizar las agresiones hacia el movimiento social porque entonces pierde el carácter político que tiene este conflicto armado.
VS. ¿Qué consecuencias cree que pueden existir para el territorio tras el levantamiento del cese al fuego en el ELN? ¿Ustedes consideran que para la región podría traer consecuencias positivas o consecuencias negativas, el avance, por ejemplo, o la ruptura de un proceso de diálogo con la insurgencia del ELN o con otro grupo armado?
SML. Pues realmente las expectativas yo creo que no cambiarían mucho la verdad, porque el cese al fuego se sabía que es un cese bilateral de hostilidades entre actores armados. Desafortunadamente las agresiones contra el movimiento social no han parado, los informes de inteligencia siguen estando a la orden del día. La utilización de la población civil en el marco del conflicto sigue.
Sigue habiendo homicidios contra la población, contra personas de la población civil. Este año, por ejemplo, nos quedamos con una cifra de alrededor de 90 personas que han sido asesinadas, entonces si bien, pues lo que lo que ha pasado es que no hay choques armados entre esos dos actores, la cotidianidad de la gente, el plan de exterminio contra el movimiento social ha continuado igual.
Hemos dicho que en el marco de la solución política es necesario que los actores armados se sienten a dialogar y que se pueda superar mediante el diálogo, pues las diferencias que tienen como actores armados. Ahora, hemos insistido en que, al margen de las negociaciones entre los actores armados, el Estado debe dar unas garantías básicas para que la población civil, sus organizaciones, sus proyectos de vida se puedan materializar y puedan continuar sin temor.
Creo que siempre se ha insistido mucho desde las instituciones y los medios que el problema acá es que existe la guerrilla y que hay un conflicto armado. Y nosotros/as consideramos que el problema aquí son los intereses que hay económicos sobre ese territorio, que las petroleras tienen responsabilidad y siguen teniendo responsabilidad en la guerra, que el Estado tiene una obligación de garantizar unas condiciones de vida digna para la gente y que no lo hacen y no lo están haciendo. Y por eso entonces, cuando la gente se organiza y le exige al Estado esas garantías, pues entonces lo que hemos recibido es represión y guerra sucia.
VS. ¿Cuáles son los principales retos que tienen las organizaciones en Arauca, pero principalmente para los próximos dos años, que es el periodo que le queda a este gobierno?
SML. Nosotras hemos planteado que uno de los retos que tenemos como movimiento social, como líderes sociales, es poder seguir haciendo resistencia en nuestro territorio y poder mantenernos vivos y en libertad para seguir continuando con este proyecto político que todos tenemos. El reto es que mediante la gestión popular y la incidencia política debemos lograr que se materialice y se sigan fortaleciendo esos embriones de poder popular que históricamente hemos venido construyendo.
También seguimos manteniendo los espacios de interlocución con este gobierno en el marco de la disputa institucional de cara a que desde las instituciones y desde ese proyecto, que el presidente ha catalogado como potencia mundial de la vida, realmente se vea reflejado en las condiciones de vida de la gente, que regiones como esta, como el Chocó, como el Catatumbo, el sur de Bolívar, como Nariño… Estas regiones que han sido históricamente abandonadas estatalmente en términos de inversión social, pero que hemos tenido que sufrir de manera sistemática las agresiones del Estado y de sus estructuras armadas, legales y paraestatales, y que hemos tenido además que sufrir las consecuencias del conflicto armado.
VS. ¿Cuáles han sido las principales prácticas de resistencia del movimiento social frente a esas prácticas de exterminio?
SML. Nosotras no hemos dejado de hacer nuestro proceso de formación política con nuestras bases sociales, de organizar esas bases sociales, de fortalecer los procesos organizativos de base y de ejercer el ejercicio de ese derecho fundamental, legal, legítimo que tenemos como comunidades, como lo es la protesta y la movilización social. Consideramos que la movilización social, además de un derecho, es una herramienta fundamental que hemos tenido como movimiento social para exigir la garantía de otros derechos fundamentales y para exigir garantías para la acción, para la vida y para la permanencia.
También ha sido muy importante para nosotros y nosotras el acompañamiento y el hermanamiento que ha habido entre sectores sociales, aquí mismo en el territorio, esa unidad entre pueblos indígenas, campesinos, afro, sectores populares, obreros, mujeres, jóvenes en torno a nuestro plan de vida.
Ha sido el plan de vida que nos marca un derrotero de construcción permanente y de transformación permanente de las realidades sociales y políticas. Y también el hermanamiento que hemos tenido con organizaciones nacionales y con organizaciones internacionales.
VS. Qué significa para ustedes la pérdida de un líder?
SML. Pues realmente cuando un compañero es asesinado o es encarcelado, o se tiene que ir, pues, para salvaguardar su vida y su integridad, es realmente una agresión directa contra el tejido social, contra las comunidades, contra el proyecto de vida, contra el plan de vida. ¿Por qué? Pues porque los líderes sociales en esta región y bueno en el país, encarnan precisamente esos anhelos de vida digna que tenemos todas y todos.
Esto sumado a que hay compañeras y compañeras que han dedicado toda su vida a este proceso social y es el caso de Josué Castellanos que desde niño inició el trabajo en el movimiento social, en el movimiento juvenil estudiantil primero y después en el movimiento comunal, en el movimiento campesino, pues realmente es un tema muy sensible para nosotros, para el municipio de Tame, para el departamento y para la región. Entonces, cuando matan un líder no solamente se le hace daño a él y a la familia, sino a todo un entramado social que confío en él, las banderas de lucha por los derechos colectivos y por supuesto que que es un golpe también al corazón de las comunidades.
Manoli Etxebarria, de Komite Internazionalistak.
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Fotografía: Viento sur
