Por: *Jorge Ivan Peña Rodríguez. 09/05/2020
La crisis sanitaria originada con la aparición de un nuevo tipo de coronavirus, conocido popularmente como COVID-19, ha puesto en entredicho lo que ya por sí era cuestionado en un sector de la población mexicana: el modelo económico neoliberal.
Durante este periodo, que comprende poco más de 35 años, las inversiones netas al sistema de salud nacional resultaron insuficientes; el abandono del campo nos llevó a la dependencia internacional alimentaria; la entrega de los recursos naturales, petróleo y minerales, principalmente, agrandó la polarización económica entre la población; claro, la educación no quedó exenta.
El abandono de las escuelas rurales, el desprestigio al magisterio nacional, el cierre y hostigamiento hacia las normales, sobre todo las rurales, y el nulo interés por garantizar el acceso al nivel superior, han sido campo de cultivo de una economía de remesas, de inseguridad y, claro, de violencia.
Ahora que se prevé un control de la pandemia y, con ello, un posible regreso a las aulas en el nivel básico, los estragos de esa política económica volverán a ser notorios en la mayoría de los centros educativos del sistema de educación obligatoria. Solo por poner algunos ejemplos: de acuerdo con, el ahora extinto, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se estima que el 97% de las escuelas de nivel básico tienen al menos una carencia de infraestructura y tres de cada diez centros educativos presentan problemas estructurales. Expresado de otra manera, poco más de 17 millones de estudiantes acuden a una escuela con carencias o daños estructurales.
Casi la mitad de centros educativos carecen de conexión a drenaje; el 20% ni siquiera tiene una red de agua potable y todavía el 5% no cuenta con energía eléctrica. En todo lo anterior, las escuelas ubicadas en zonas rurales y/o indígenas son las más afectadas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en estas, la falta de agua potable asciende a más de la mitad y en ocho de cada diez no tienen acceso a drenaje.
Sin duda alguna, el programa “La escuela es nuestra” es fundamental en los tiempos venideros. Se tiene, por fin, un conteo de 192 mil 801 escuelas públicas de educación básica concentradas en 173 mil 742 planteles. El programa pretende atender con recursos económicos a poco más de 103 mil escuelas, en una primera etapa. Los recursos, que son entregados de manera directa, van de entre los 150 mil a los 500 mil pesos, dependiendo del número de escolares y tienen como objetivo ser ocupados para sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa. A la fecha se cuentan con 25 mil cuentas liberadas a los Comités Escolares de Administración Participativa, CEAP, referidos comités surgen de un modelo innovador (en México), de Asambleas Escolares que integran a madres y padres de familia, tutores o cuidadores, directivos, docentes o figuras educativas, estudiantes (a partir del 4° grado de primaria) y miembros de la comunidad.
Lo que implicaba en un origen (los tiempos pre-pandemia), un reto para toda la comunidad educativa para lograr aterrizar, en tiempo y forma el programa, ahora se convertido en un esfuerzo tiene que ser multiplicado si se quiere garantizar la salud e integridad de las niñas y niños.
La pandemia dejará lecciones. Pensar que México estaba preparado para impartir educación a distancia es una de ellas, pero también nos dejará la enseñanza de que la escuela fue abandonada, que ha sido sostenida por las madres y padres de familia, por algunos profesores y directivos, y muy, muy poco por los gobiernos en todos sus niveles. Aunque por decisión de más de treinta millones de mexicanas y mexicanos, eso comienza a cambiar.
Jorge Ivan Peña Rodríguez. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, UNAM.
Fotografía: Unicef.
