Por: Marcos Muñoz Robles. 15/04/2023
[Santiago, 6 de abril de 2023] Resulta cada vez más evidente que el gobierno de Gabriel Boric tiene poca o muy poca capacidad de alinear a sus dos coaliciones a la hora de votar las leyes de seguridad, y que tampoco puede soportar las presiones de la derecha y la ultraderecha en el parlamento, para poner sobre la mesa una agenda de seguridad alternativa al populismo penal. El oficialismo en el congreso se muestra fragmentado y reaccionando a una agenda que no es propia, y su efecto político es que como tal no se constituye en un bloque legislativo capaz de sustentar una agenda de seguridad progresista y pertinente a la crisis actual.
Esta incapacidad, que es tanto del gobierno como de las fuerzas oficialistas en el parlamento, se evidencia a nivel del sentido común, como una falta de coherencia entre lo que se dice y se hace. Reflejo de ello parecen ser, por una parte, las grandes volteretas del ministerio del interior en el congreso y su consecuente derrota frente a la derecha, lo que deja como resultado una división interna aún más profunda entre las dos coaliciones de gobierno. Por otro lado, desde un punto de vista emocional, no hay duda de que duele demasiado haber anunciado a los cuatro vientos la refundación de Carabineros y ahora tener que caer en la “realidad” y reconocer cómo estos mismos “pacos” resultan necesarios para el orden público, a los cuales hay que financiar y proteger de la delincuencia.
Sin duda esta incoherencia es una tremenda derrota cultural y político-estratégica de la izquierda y el progresismo, que se suma a la derrota histórica principal, ocurrida el año pasado en el plebiscito de salida por una nueva constitución, las cuales se viven psicológicamente como una total contradicción, un mal-estar. En este contexto, cabe esperar que, como efecto de lo anterior, se produzca una nueva derrota electoral del gobierno en las próximas elecciones de consejeros constitucionales.
Sabemos que toda “disonancia cognitiva” duele, y que, por ello, urge reponer un equilibrio psico-político en las ideas y convicciones propias que se tiene frente a una determinada situación, lo que implica aprender y adaptarse a la realidad cambiante. Por ello, para aliviar este nuevo malestar post estallido social, tanto el gobierno como las dos coaliciones oficialistas deben aprender de esta crisis política que se revela al país a propósito de la crisis de seguridad.
Se acabó el tiempo para estar atrapados en este limbo político-existencial, no es el momento para seguir legislando e intentando “gobernar desde el malestar”, mostrándose literalmente asustados, desencajados o en pánico, y sin una cabeza fría capaz de pensar en las consecuencias estratégicas y culturales de las decisiones políticas. No es admisible despotricar un malestar sin comprender que simplemente no se puede prescindir del orden público ni del monopolio de la violencia estatal.
Pero en esta materia todos los gobiernos postdictadura y el Estado chileno han estado al debe. La formación del Estado supone la generación de controles estatales y autocontroles de los individuos, que se forman en una sociedad, lo cual deja el monopolio de la violencia en manos del Estado. Chile se jactaba de ese poder, se creía patrimonio nacional la presencia del Estado en todo o casi todo el territorio nacional. El Estado nacional también estaba y sigue estando en muchos casos presente en las conductas cívicas de la población, en sus hábitos y costumbres, siendo una tarea histórica y socializadora realizada por las escuelas y las familias que formaron el carácter de la población en base a normas de civilidad establecidas.
Sin embargo, la actual crisis de seguridad desafía esta visión, a lo que se suma la crisis migratoria producida en Chile en los últimos años, donde no solo ingresó Pedro, Juan y Diego, de forma irregular y sin control, sino también ingresaron al territorio nacional sujetos “incivilizados”, portadores de la narcocultura y con un evidente desprecio por la vida humana. Más allá de la muerte de tres carabineros en menos de un mes, es un hecho que en el Chile actual hay más delitos violentos que antes, hay muchísimas más armas de fuego y que tenemos tipos de crímenes y delitos importados que antes jamás se habían cometido en el país.
Creo que una forma de empezar a salir de este atolladero es llegando a una nueva convicción, que no es nueva, por cierto, pero es útil y necesaria en estos tiempos que corren: el Estado debe asegurar el monopolio de la violencia legítima. Ningún proceso de transformación social desde el Estado puede flaquear en este punto, sin seguridad pública no hay ley ni derechos sociales. Hemos escuchado voces emergentes en este sentido, pero aún con muy poca fuerza. Existen voces progresistas que afirman que es una falsa dicotomía la seguridad pública y los Derechos Humanos.
Ante la crisis político-institucional interna, que se suma a la crisis migratoria y de seguridad, que se expresa en un agudo descrédito de la sociedad hacia la clase política, las policías y fuerzas armadas, la pregunta que nos queda pendiente responder no deja de ser inquietante ¿Estamos presenciando un incipiente “proceso de incivilización” que tiene como destino probable el abismo del estado fallido en Chile?
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Fotografía: Revista de frente
