Por: Nicolas Mayta. 05/11/2025
Como organizaciones sociales e individualidades, denunciamos que la represión policial administrada por el gobierno de turno cobró una vida: la del compañero del hip hop, conocido como Trvko. Además, dejó varios heridos y a otro joven con el cerebro destrozado, actualmente en coma.
La policía negó inicialmente que el asesinato, registrado en videos, fuera cometido por un agente encubierto del grupo Terna. Sin embargo, tras las evidencias, el propio jefe superior de la Policía Nacional reconoció que el responsable sí era un policía, perteneciente a la División de Investigación Criminal, aunque intentó justificarlo diciendo que “no estaba dentro de la planificación del operativo”, sin ofrecer más explicaciones.
El presidente del congreso peruano, Fernando Rospigliosi, se refirió despectivamente a Trvko llamándolo “terruco” (término usado en el Perú para estigmatizar y criminalizar a los ciudadanos acusados de terrorismo, especialmente a quienes participaron o simpatizaron con Sendero Luminoso en los años 80 y 90). Ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo admitieron responsabilidad alguna. Por el contrario, solo expresaron “preocupación” por los policías que resultaron con leves lesiones durante la represión.
A pesar de ello, las manifestaciones continúan —y continuarán— impulsadas por una juventud y una ciudadanía que rechazan la captura mafiosa de los poderes del Estado y de las principales instituciones de la democracia representativa peruana. A esto se suma la crisis de criminalidad organizada en Lima y otras regiones, que ha cobrado múltiples vidas mediante extorsiones a choferes de transporte público, comerciantes y pequeños empresarios.
El actual mandatario del Perú, José Jeri, arrastra denuncias por violación y otros escándalos políticos. Llegó al poder tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez asumió el cargo luego de la destitución del exmandatario Pedro Castillo, proveniente del sector de izquierda, cuya figura incomodaba profundamente a la ultraderecha peruana.
Desde 2022, las protestas han dejado decenas de muertos, cientos de heridos y numerosos encarcelamientos arbitrarios. Las persecuciones políticas continúan y hasta ahora no existe justicia ni reparación civil para las víctimas. La violación de derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza policial se han vuelto característicos de los últimos años de gobierno en el Perú. Los procesos judiciales para esclarecer estos casos avanzan con lentitud, perpetuando la impunidad.
Este escenario se agrava con la cercanía de nuevas elecciones, donde la ultraderecha y un sector de la izquierda cooptada han decaído en sus principios y se han fusionado en mafias políticas que controlan múltiples instituciones del Estado, garantizando su permanencia en el poder.
La democracia representativa peruana atraviesa su mayor crisis histórica, mientras los ciudadanos se movilizan contra la corrupción estructural y la ola de criminalidad que involucra a sectores de la policía y de la clase política.
Ante esta realidad, las organizaciones sociales y las individualidades conscientes deben autoorganizarse para ejercer presión sobre los partidos políticos, de cualquier ideología, y sobre el gobierno central, en defensa de la seguridad, la dignidad y la justicia social. Asimismo, es urgente construir espacios propios de autocuidado y apoyo mutuo, porque el Estado, como maquinaria de control y violencia, no responderá al bienestar del pueblo. Solo cuidará los intereses de los grandes capitales y de aquellos individuos que se amparan en la seudo-legalidad para mantener poder y riqueza.
El pueblo peruano merece una vida digna y un futuro sin miedo. Se espera que la situación del país mejore, y que, desde la autoorganización, la solidaridad y el apoyo mutuo, podamos construir un Perú donde la justicia no sea privilegio, sino práctica colectiva.
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Fotografía: Redes libertarias