Por: Animal Político. 11/12/2017
De 2012 a 2017, 302 organizaciones resultaron afectadas por diversos delitos, desde amenazas hasta homicidios. Los estados más peligrosos para los defensores son Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México.
En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).
El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.
De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.
Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.
Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.
En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.
Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).
Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.
En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.
Periodo manchado por los abusos
Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.
Incluso desde el 2012 se publicaron cinco leyes en diferentes estados que, en síntesis, criminalizan las protestas y legalizan el uso indiscriminado de la fuerza pública.
Por ello, a partir de 2015, las organizaciones de la Red TDT implementaron acciones colectivas basadas en “seis graves situaciones de disputa en el país” como lo son: tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; derechos económicos, sociales culturales y ambientales; movilidad humana y finalmente, derecho a defender los derechos humanos.
Estas medidas surgen tras las cifras alarmantes que ha dejado la administración de Peña Nieto, en la cual según el texto se contabilizan por lo menos 90 mil 694 asesinatos. Los feminicidios en los primeros tres años de su gobierno equivalen al 60% de los presentados en todo el sexenio de Felipe Calderón, por lo que la cifra alcanzaría niveles históricos, según datos del Inegi.
En materia de pobreza, datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelaron que de 2012 a 2014, 11.4 millones de mexicanos pasaron a niveles de pobreza, en tanto que el 73.2% de los pueblos indígenas (8.7 millones de personas), se encontraban en condiciones de pobreza y pobreza extrema. En pocas palabras, el país nunca había enfrentado, las condiciones de racismo, desigualdad y discriminación que se viven hoy en día, señala la Red TDT.
Un hecho que incrementó los casos de abusos y violencia contra los defensores, dice el texto de la Red TDT, fue la implementación de las Reformas Estructurales de Peña Nieto (energética, educativa y telecomunicaciones) las cuales desencadenaron una serie de protestas y denuncias por las violaciones a derechos humanos que trajeron consigo, detalla el reporte 67 de los 302 casos estuvieron ligados a ellas.
Con base en sus resultados, la Red TDT llegó a la conclusión de que las 4 regiones en el país más peligrosas para trabajar en la defensa de los derechos humanos son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Los tres primeros se encuentran entre los estados con mayor índice de pobreza extrema.
Las organizaciones lamentan que los abusos, violaciones y agresiones a los derechos humanos de los defensores hayan incrementado en el presente sexenio, a pesar de que el gobierno se “jacta de reconocer los derechos de todas las personas”.
El hecho de que durante el periodo de Peña Nieto, una buena parte de los homicidios hayan sido cometidos por agentes del estado, resulta “particularmente grave pues demuestra como “el Estado es omiso ante la crisis de violencia contra las personas defensoras”.
Por tanto, la Red TDT recomienda en el documento que en las investigaciones de delitos y/o violaciones de derechos humanos contra personas defensoras siempre debería implementarse una indagación especial ya que las agresiones no deben ser vistas como hechos aislados. Además, insta a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar acciones de prevención, para reconocer y respaldar la labor de los defensores.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (red TDT), está conformada por 84 organizaciones, de 23 estados de México.
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Fotografía: Animal Político
