Por: DARINKA RODRÍGUEZ. El País. 28/01/2019
Además, el INEGI canceló la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y otros doce proyectos estadísticos
México no contará con datos valiosos sobre su población en 2019. El Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados, no contempla ingresos suficientes para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pueda cubrir su calendario de actividades.
De acuerdo con datos proporcionados por el organismo, este año se llevarán a cabo varios censos que se levantan cada diez o cinco años, como el de Población y Vivienda que se realizó en 2010 o los Censos Económicos que se obtuvieron en 2014. Para ello, estimó que requeriría 17.000 millones de pesos (unos 900 millones de dólares) para cubrir estos censos además de su calendario regular de encuestas.
Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto menor en casi 5.000 millones de pesos, por lo que ha anunciado que recortará 13 proyectos estadísticos que incluyen trabajo infantil, consumo de drogas y datos sobre el trabajo no remunerado de las mujeres mexicanas, entre otros.
Aquí una mala noticia como resultado de recortes presupuestales con efectos contraproducentes: no habrá encuestas del @INEGI_INFORMAsobre temas cruciales. Y no se puede cambiar o modificar o diseñar mejor política pública para algo que no se puede medir ?? pic.twitter.com/d0Jf6WkR23
— Denise Dresser (@DeniseDresserG) January 24, 2019
El hecho de que @INEGI_INFORMA haya tenido que eliminar ciertas encuestas por falta de presupuesto, es gravísimo.
El trabajo tan fundamental del INEGI ayuda a entender los problemas desde las estadísticas y a aportar soluciones más efectivas.
Necesitamos más encuesta.?
— El MIJIS (@mijisoficial) January 25, 2019
Preocupante, la cancelación de varias encuestas del INEGI por razones presupuestales.
Sin datos fidedignos, no hay políticas públicas que puedan ser evaluadas interna y externamente, y todo se resuelve en ocurrencias y resultados a ojo de buen cubero.
— Francisco Báez (@franciscobaezr) January 25, 2019
Julio Santaella Castell, presidente del INEGI, indica a Verne que la cancelación de estos programas tendrá un efecto importante para la administración que inicia, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. “Postergarlas un año más, fuera de la pérdida del dato este año, con una administración iniciando y que tiene que establecer un plan de desarrollo, significa una pérdida de oportunidad, dejar de contar con información como base para el diagnóstico y la aplicación de la política pública”, dice, vía correo electrónico.
Leonardo Núñez González, integrante de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala a Verne que el efecto inmediato de la cancelación de varias encuestas periódicas que levantaba el INEGI es la falta de información. “De un plumazo dejaremos de tener datos sobre problemas públicos relevantes, como los niveles de corrupción entre el sector privado y el gobierno”, dice, vía telefónica. “Esto es extremadamente preocupante porque nos quedaremos sin la posibilidad de evaluar si las cosas mejoran o empeoran. Lo único que tendremos serán las declaraciones del Gobierno”, comenta Núñez.
Para Irene Tello Arista, directora de la organización Impunidad Cero, un área de cuidado es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que se emitió por última vez en 2016. “Tan solo en ese año había más de 200.00 personas encarceladas, y de ellas, 43,2% no habían recibido una sentencia”, dice a Verne, vía telefónica. “Es importante tener datos nuevos porque nos quedamos en fenómenos que ya pasaron y no podemos saber qué se debe hacer”, indica.
⚠️#Comunicado? OSC y especialistas urgimos al @INEGI_INFORMA a transparentar los criterios para cancelar encuestas.
Contar con datos públicos, fiables y oportunos, debe de ser un eje toral de la acción del gobierno #SinDatosSinDerechos
?? https://t.co/mpxS15nyEf pic.twitter.com/xIoIeYUkjy
— EquisJusticia (@EquisJusticia) January 25, 2019
A finales de 2018, la Cámara de Senadores aprobó una ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, y en febrero se planea discutir en el Senado que se pueda ampliar más esta lista de delitos. “Si no se tienen los datos actualizados no se pueden hacer reformas al sistema de Justicia”, dice Tello.
El INEGI es un organismo autónomo según el artículo 26 de la Constitución, pero la ley no le dota de autonomía presupuestal. “El INEGI está consciente que dejar de producir estos programas es dejar de reportar información valiosa que permite, al estado y a la sociedad, evaluar avances en las diversas políticas públicas, incluida la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la que participa nuestro país”, señala Santaella.
Estas son los principales cambios que ha tenido el INEGI derivado del presupuesto 2019.
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Fotografía: José I. Hernández Cuartoscuro