Por: Óscar Hernández. 05/02/2025
El Salvador se sometió al escrutinio internacional durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el régimen de excepción, la medida de seguridad insignia del gobierno, dividió opiniones. Mientras el gobierno defendió como logros la reducción de homicidios y delitos, países como Alemania, Canadá y Reino Unido expresaron su preocupación por los abusos en materia de derechos humanos, la falta del debido proceso y el impacto en sectores vulnerables como mujeres, niñez y defensores de derechos humanos. Con más de 200 recomendaciones sobre la mesa, el Gobierno de Nayib Bukele debe elegir si acatarlas o simplemente tomar nota.
or cuarta ocasión desde 2010, la situación de los derechos humanos en El Salvador fue evaluada durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La delegación salvadoreña, encabezada por Yesenia Lozano, embajadora de El Salvador ante Suiza, y Andrés Guzmán, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, defendió las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele, calificándolas como “el mayor avance en derechos humanos en la historia reciente del país”. No obstante, las observaciones internacionales expusieron una realidad que contradice la narrativa oficialista.
Durante su intervención, Andrés Guzmán destacó los resultados que, a su juicio, colocan a El Salvador en una senda de transformación sin precedentes. Según sus palabras, el país ha logrado una disminución histórica del 98.2% en la tasa de homicidios en menos de una década. Un dato que en términos estadísticos suena impresionante, pero omite que otras formas de violencia —como la violencia feminicida y los abusos de policías y militares durante el régimen de excepción— siguen ocurriendo en el país.
“En 2024, El Salvador logró reducir los delitos en un 44.53% respecto al año anterior y alcanzó el nivel más bajo de impunidad en la historia con un 1.8%”, mencionó Guzmán. También señaló que este cambio significa más que cifras: “cada vida salvada representa una comunidad más segura y, al final, una nación que empieza a sanar las heridas de la violencia”.
Sin embargo, en medio de las cifras, resuena la realidad de las violaciones a los derechos humanos que acompañan la supuesta “guerra contra las pandillas”. A pesar de la disminución de la criminalidad, las detenciones masivas y otras acciones bajo el régimen de excepción han desatado preocupaciones internacionales, particularmente en torno a la falta de garantías procesales y a la transparencia del sistema judicial.
Como resultado, El EPU arrojó más de 200 recomendaciones para El Salvador, la mayoría dirigidas directamente a los “efectos colaterales” de la política de seguridad del gobierno. Países como Bélgica, Alemania, Canadá y Reino Unido pidieron explicaciones sobre las detenciones arbitrarias, el trato a los detenidos, el hacinamiento en cárceles, la violencia sexual que sufren las mujeres y la falta de acceso a la justicia en el contexto del régimen de excepción. En resumen, los países enfocaron sus señalamientos en la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de la ciudadanía sin poner en peligro sus derechos fundamentales, especialmente de los sectores más vulnerables.
La delegación del Reino Unido hizo énfasis en la persecución de activistas y la criminalización de defensores de derechos humanos, quienes han sido acusados de colaborar con las pandillas, a pesar de la falta de pruebas que así lo demuestren. Esta acusación ha sido uno de los puntos más polémicos de la administración de Bukele, que ha utilizado la lucha contra el crimen como justificación para su enfoque militarista, el cual, según sus críticos, le ha llevado al abuso de poder y la represión.
La sociedad civil, representada por organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso, Cristosal, Red de la Infancia y Adolescencia, entre otras, ha dejado claro que, si bien la seguridad es una prioridad, el país no debe ignorar la persistente crisis en derechos humanos. Las recomendaciones en temas como el acceso a la justicia, la no discriminación a la población LGBTIQ+, la reparación a las víctimas del conflicto armado y la atención de la salud mental en la población infantil deben acatarse según lo manifestado por las organizaciones.
El discurso oficial de Andrés Guzmán sobre el progreso de la seguridad en El Salvador parece estar en conflicto con las críticas de organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil. Si bien el gobierno defiende sus políticas de seguridad, las recomendaciones internacionales sugieren que, a pesar de los avances en la reducción de homicidios, la lucha contra el crimen no justifica el deterioro significativo en términos de derechos humanos, acceso a la justicia y protección de las libertades fundamentales.
Postura de organizaciones defensoras de derechos
Gabriela Santos, directora del IDHUCA, destacó que el ejercicio del EPU es un espacio invaluable para analizar las políticas públicas de El Salvador en materia de derechos humanos, aunque lamentó la postura retórica del gobierno salvadoreño. “Tenemos una crisis de derechos humanos bastante profunda, un retroceso significativo, y este no se reconoce. Al contrario, se traslada la idea que hemos avanzado en áreas claves de protección”, aseveró Santos.
Las recomendaciones de otros Estados sobre derechos de las mujeres, niñez y personas LGBTIQ+ fueron valoradas positivamente por el IDHUCA. En temas de género, se subrayó la urgencia de atender la violencia contras las mujeres y garantizar su protección, mientras que en el ámbito de la niñez y educación se insistió en la importancia de mejorar las políticas públicas para garantizar derechos fundamentales como acceso a la educación y programas para evitar la deserción escolar.
“Es positivo que estos temas hayan sido retomados por los Estados miembros. Sin embargo, el verdadero desafío será la implementación de estas recomendaciones en un contexto donde muchas de estas poblaciones enfrentan violencia estructural”, afirmó Santos.
Un aspecto que generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos fue la falta de consulta real a la sociedad civil durante la elaboración del informe que presentó El Salvador en el EPU. Aunque el gobierno aseguró haber trabajado de la mano con las organizaciones, Santos señaló que varias de ellas no fueron incluidas en el proceso.
“Esperemos que en esta etapa de implementación de las recomendaciones el gobierno cumpla con su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil. Es fundamental que nos tomen en cuenta para avanzar en las áreas en las que necesitamos mejorar como país”, enfatizó.
Por su parte, Georgina Villalta, coordinadora de la Red de Infancia y Adolescencia, señaló los avances y retos desde la perspectiva de la niñez, adolescencia y género, haciendo énfasis en las recomendaciones clave de la comunidad internacional. Villalta celebró que países como Colombia, Brasil, Estados Unidos y Namibia señalaran aspectos fundamentales para la protección de la infancia. Uno de los puntos más relevantes fue la crítica a las reformas que disminuyeron la edad penal en El Salvador, una medida que contradice las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
“Colombia hizo un énfasis importante en este tema, subrayando que estas reformas vulneran los derechos de los niños y niñas y van en contra de los estándares internacionales”, indicó Villalta.
Asimismo, Brasil resaltó la necesidad de políticas integrales para la población en situación de vulnerabilidad humana, que incluye a niños y niñas migrantes; mientras que Namibia hizo hincapié en la salud mental como prioridad. Este tema es especialmente crítico en el contexto salvadoreño, donde el estado de excepción ha tenido un impacto profundo en la estabilidad emocional de la población infantil, especialmente en aquellos cuyos padres están encarcelados. “El suicidio infantil es una problemática creciente, y es alentador que al menos un pais haya puesto el foco en este tema tan sensible”, agregó Villalta.
El documento final con las recomendaciones será adoptado el 7 de febrero, y marcará el inicio de un periodo en el que El Salvador deberá definir cuáles acepta como compromisos concretos. Para Villalta, el éxito de este proceso dependerá del seguimiento y la presión de la sociedad civil.
“El EPU es más que un ejercicio diplomático; es una oportunidad para avanzar en derechos humanos y para corregir las violaciones que persisten. Ahora nos corresponde a todos, como sociedad, exigir el cumplimiento de estas recomendaciones y trabajar para que no queden en el olvido”, concluyó.
Recomendaciones para una prensa libre
Desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia en junio de 2019, los ataques a la prensa independiente aumentaron. De hecho, según la clasificación mundial de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, El Salvador ocupaba la posición 66 en 2018, pero solo 6 años después, el país cayó a la posición 133 de un total de 180 países evaluados. Es decir, durante el periodo constitucional de Bukele, los medios de comunicación y periodistas enfrentaron más dificultades para producir y difundir información.
En consonancia, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 277 agresiones sufridas por periodistas y personas trabajadoras de la información en el trimestre de septiembre a noviembre de 2024. La mayoría de las agresiones se dieron en el espacio digital, principalmente en la red social X. De acuerdo a la APES, estos datos evidencian un clima hostil y complejo para el ejercicio del periodismo en El Salvador.
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Por estas razones, los Estados que participaron en la evaluación de El Salvador durante el EPU también emitieron sus recomendaciones sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad de prensa. La delegación de Canadá pidió que se fortalezca la “protección de la libertad de expresión, incluidas disposiciones jurídicas que impidan el acoso, la intimidación y la violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y voces disidentes”.
El representante de España, Marcos Gómez Martínez, siguió la misma línea al instar al gobierno a “garantizar que las personas defensoras de los derechos humanos y del sistema democrático, incluidos operadores judiciales y periodistas, puedan ejercer su actividad profesional con libertad”.
Aceptar las recomendaciones o solo tomar nota
El proceso de respuesta permite al gobierno salvadoreño asumir dos posturas frente a las recomendaciones hechas por los demás países: aceptarlas, lo que implica un compromiso para adoptar medidas concretas, o “tomar nota”, una fórmula diplomática que implica reconocer las observaciones sin asumir responsabilidad directa. “Es como decir muchas gracias por participar, trataré de hacerlo, pero no me comprometo”, explicó Juan Carlos Sánchez, representante de la Fundación para el Debido Proceso.
El periodo de evaluación no se limita a un ejercicio de rendición de cuentas ante el sistema internacional, sino que representa una oportunidad para que el gobierno salvadoreño reflexione sobre compromisos por asumir para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Las organizaciones de sociedad civil esperan que el gobierno acate las recomendaciones más relevantes y no opte por el simple acto de “tomar nota”.
“Es el momento de transformar estas recomendaciones en acciones concretas”, destacó Sánchez, quien también aseguró que la adopción del documento que se dará a conocer el 7 de febrero será el primer paso de un proceso que requiere voluntad política, recursos y transparencia.
A partir de las recomendaciones recibidas, el gobierno tiene la posibilidad de comprometerse a desarrollar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de las y los salvadoreños. Las próximas semanas serán claves, porque más allá de las palabras diplomáticas, El Salvador tiene la responsabilidad de pronunciarse sobre las recomendaciones y definir qué compromisos asumirá concretamente.
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Fotografía: Gato encerrado
