Por: Zósimo Camacho. Luces del Siglo. 03/12/2025
Al amigo Jorge Retana Yarto, erudito, generoso: in memoriam
Mientras la Secretaría de Economía federal abraza a la industria minera en Acapulco, una comunidad en Guerrero vive el lado más amargo del extractivismo: criminalización, tierra arrasada y despojo.
Apenas unos días antes de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, elogiara a la industria minera al inaugurar la XXXVI Convención Internacional de Minería en Acapulco, el ejido de Carrizalillo emitía un boletín desgarrador: “Ante la imposibilidad de someternos, Equinox apuesta por criminalizar nuestra lucha”.
Esta coincidencia temporal revela la profunda esquizofrenia que vive México con respecto de su modelo de desarrollo: libertad al capital para reproducirse… pero –faltaba más– “con prosperidad compartida”.
Mientras Ebrard hablaba de “acelerar permisos” y “facilitar la inversión” para garantizar “la seguridad de la cadena de suministro”, los ejidatarios de Carrizalillo denunciaban que la canadiense Equinox Gold –después de ocho meses de conflicto– ha escalado su estrategia de la negligencia ambiental a la criminalización directa. No contenta con haber destruido casi mil hectáreas, envenenado manantiales y causado graves problemas de salud a las familias de la región, la empresa ahora busca pintar a los defensores del territorio como delincuentes.
El contraste no podría ser más elocuente. En el salón de convenciones, Ebrard celebraba que “ya logramos, creo, que los primeros tres” permisos y anunciaba el reinicio de la exploración a mayor escala. A 200 kilómetros de allí, en Carrizalillo, la mina a tajo abierto explotada por Equinox Gold está clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por contaminación y mantiene ocupadas ilegalmente las tierras que se niega a rehabilitar.
El discurso oficial habla de “sustentabilidad y responsabilidad laboral ambiental”, pero la realidad en Carrizalillo muestra el verdadero rostro del extractivismo.
Primero, la farsa de la responsabilidad social corporativa. Mientras Equinox se preparaba para “presumir los más altos estándares internacionales” en la convención minera de Acapulco, sus operadores locales intensificaban una campaña de desinformación para vincular a los ejidatarios con la delincuencia organizada.
Segundo, el cinismo canadiense. El mismo gobierno de Canadá que emitió alertas de viaje a Guerrero para sus ciudadanos, por razones ciertas o supuestas de inseguridad, guarda “silencio sepulcral sobre la violencia que las empresas mineras canadienses realizan en nuestro estado”, como denuncia el ejido.
Y tercero, la complicidad institucional. La Secretaría de Economía –anfitriona de la convención minera– sigue omitiendo retirar la concesión a Equinox Gold a pesar de su suspensión indefinida, unilateral e ilegal de la mina, de violar las normas ambientales y burlarse de las familias campesinas. ¿Por qué tanta demora en hacer cumplir la ley?
El caso Carrizalillo desnuda las mentiras del “desarrollo” minero: después de 25 años de extracción de oro, la comunidad queda con tierras inservibles, agua envenenada y salud quebrantada. La prometida prosperidad se tradujo en abortos, enfermedades de piel y pulmones, y una propuesta de indemnización que equivale a menos de dos despensas mensuales por familia.
La pregunta crucial que Ebrard eludió en su discurso es: ¿qué tipo de “seguridad de cadena de suministro” se construye sobre la inseguridad jurídica y ambiental de las comunidades? ¿Qué “bienestar de nuestra nación” se alcanza arrasando el bienestar de los pueblos originarios?
El mensaje de Carrizalillo al gobierno es claro: “No es una necedad nuestra, es lo que la ley dice”. Las familias campesinas exigen lo que el marco legal establece: si la minera no quiere operar, debe negociar el cierre formal y rehabilitar las tierras destruidas.
México enfrenta una encrucijada histórica: puede seguir el camino fácil de la simulación –donde se firman compromisos de sustentabilidad en hoteles de lujo mientras se ignora la devastación real– o puede empezar a alinear su retórica desarrollista con el cumplimiento efectivo de la ley.
La lucha de Carrizalillo no es sólo por mil hectáreas arrasadas; es por el alma de un país que dice querer transformarse mientras permite que empresas extranjeras traten a sus pueblos con desprecio. El verdadero examen para la “cuarta transformación” no está en los salones alfombrados de Acapulco, sino en los campos envenenados de Guerrero.
¿Bastó un sexenio para sacar a la industria extractivista de la lista de la oligarquía rapaz que desangra México? ¿Por el bien de todos, siempre sí, primero la acumulación de capital?
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Fotografía: Otros mundos Chiapas