Por: MÓNICA GUZMÁN. 13/01/2023
Si bien el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce ampliamente los derechos indígenas, la mayoría de las leyes y políticas poseen palabras técnicas que dificultan su comprensión. En paralelo, faltan traductores, intérpretes y peritos que acompañen a los indígenas en los procesos judiciales. La perito indígena Mónica Guzmán narra su experiencia en la región del Chaco, donde trabaja sobre todo con mujeres y niñas guaraníes abusadas.
A partir de mi trabajo como perito en cuestiones indígenas en el Tribunal de Sentencia Monteagudo de Chuquisaca y en el Tribunal de Sentencia de Santa Cruz de la Sierra, considero necesario que el Estado socialice los derechos indígenas y las leyes en las comunidades porque no todos los indígenas entienden el lenguaje técnico del derecho, lo cual dificulta su aplicación. La complejidad aumenta por los problemas con la comprensión del idioma.
Por otro lado, existe una falencia de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional para nombrar peritos especialistas, intérpretes, traductores y técnicos en medio ambiente que acompañen a los indígenas en los procesos judiciales. Esta carencia dificulta la respuesta a las necesidades de los pueblos indígenas. Peor aún, en el Estado Plurinacional de Bolivia son muy pocos los especialistas que trabajan ad honorem para sus pueblos.
Mónica Guzmán explica las dificultades que atraviesan las personas indígenas para comprender el lenguaje técnico, el idioma y las diferencias culturales.
Delitos que duelen
Las debilidades organizativas y el resquebrajamiento del tejido social de las comunidades se manifiestan en casos de violación, acusaciones de brujería y violencia intrafamiliar. En este contexto, a las comunidades se les complica resolver los conflictos y muchos de ellos terminan siendo resueltos en la justicia ordinaria. Este panorama no hace más que generar malestar dentro de la comunidad.
Ser perito indígena no es una actividad fácil. El trabajo diario implica enfrentar problemáticas muy duras que afectan a nivel emocional.
- En el Tribunal de Sentencia de Monteagudo se han denunciado ocho casos de violación a niñas guaraníes cometidos por los mismos comunarios entre 2018 y 2022.
- En el Tribunal de Justicia de Santa Cruz se han llevado tres casos de violación donde están involucrados guaraníes urbanos.
- Asesinatos cometidos por temas de brujerías en comunidades donde se involucra a una familia entera.
- Mientras las denuncias de brujerías en las comunidades del Chaco son constantes, la justicia ordinaria no termina de comprender el rol de la magia negra en la cosmovisión guaraní.
En este marco, es necesario reflexionar qué está pasando con las comunidades y, al mismo tiempo, interpelar al Estado sobre el ejercicio de la autonomía indígena. Por un lado, que los pueblos puedan ejercer de manera efectiva sus normas comunales y sus formas propias de organización. Por otro lado, es necesario tomar medidas para evitar que estos delitos que afectan a los sectores más vulnerables se sigan cometiendo.
Muchos conflictos no pueden ser resueltos por la justicia indígena, lo cual socava el ejercicio de su autonomía.
La importancia del especialista
La Constitución Política del Estado y el artículo 391 del Código del Procedimiento Penal son fundamentales porque establecen que tanto el acusado como la víctima tienen derecho a un traductor o a un perito especialista en cuestiones indígenas. El objetivo es que la persona pueda comprender el debido proceso y, al mismo tiempo, explicar su cosmovisión y sus prácticas culturales. Por su parte, el perito o la perita deben avalarlo con un informe documentado y defenderlo en un juicio oral. En los hechos, el perito es un traductor cultural y un puente entre mundos diversos.
Si bien esta normativa significa un avance en el acceso a la justicia, en algunos casos, el acusado puede hacer un uso abusivo de este derecho y argumentar que el hecho no constituye un delito según sus prácticas culturales. En otros casos, los abusadores intentan justificarse alegando que no tenían conocimiento de las leyes; finalmente hay personas que se hacen pasar por indígenas para ser absueltos de culpa. Por supuesto que abordar este tema significa una complejidad difícil de profundizar en pocas líneas.
Como perito indígena, hacer justicia en casos de violación a mujeres y niñas guaraníes me ha traído problemas con los acusados, sus familias y sus comunidades. Varias noches, la carga emocional no me ha permitido dormir. Para enfrentar esta situación he conversado con la dirigencia para que tomaran en cuenta esta problemática. Cuando son niñas, a las mujeres guaraníes casi no se las toma en cuenta y sus derechos son vulnerados. Cuesta mucho, pero es necesario seguir explicando los derechos de las mujeres y de las niñas en las comunidades.
Mónica Guzmán es socióloga, perito cultural e intérprete de la lengua guaraní del Tribunal de Sentencia de Monteagudo. Además, es técnica en idioma guaraní por el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC) e integra el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní (ILCG).
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Fotografía: iwgia
