Por: Gato Encerrado. 03/12/2025
El juzgado consideró insuficientes los múltiples arraigos presentados por los abogados de los defensores ambientales y decidió que sigan en prisión. La Policía los capturó en mayo, tras acompañar a una comunidad que se manifestó pacíficamente por sus tierras. A pesar de que la manifestación fue transmitida en vivo y quedó constancia de que fue pacífica, las autoridades insisten en que los defensores ambientales cometieron desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto.
El abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Ángel Pérez seguirán en prisión preventiva. Ambos enfrentan acusaciones de desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto, presuntamente vinculadas a una manifestación pacífica que acompañaron el 12 de mayo. A pesar de que sus abogados presentaron pruebas sustanciales —incluyendo constancias laborales, evidencia de servicio comunitario, registros penales limpios y referencias familiares—, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, una instancia del Órgano Judicial salvadoreño subordinado a los intereses del bukelismo, decidió que esos múltiples arraigos eran insuficientes para conceder que siguieran su caso en libertad condicional.
A la fecha, llevan cuatro meses y 20 días en el Centro Penal La Esperanza. Con la decisión del juzgado, continuarán en la cárcel, al menos, hasta enero de 2026, cuando tendrán que enfrentar la audiencia preliminar, donde un juez decidirá si el caso debe continuar a la etapa de juicio.
El abogado defensor, Oswaldo Feusier, lamentó la decisión del juzgado y dijo que además de los múltiples arraigos, ofrecieron pagar el doble de la fianza, o incluso más si así lo establecía la juzgadora. Sin embargo, la jueza no accedió a concederles la libertad provisional. Por ello, Feusier se mostró incrédulo y decepcionado de la resolución.
“Lo vemos inexplicable para nosotros. Es un nefasto precedente para la vigencia de derechos fundamentales en el país. La manera en que está funcionando el Órgano Judicial en El Salvador. No podemos dejar, como mínimo, de expresar nuestra profunda tristeza y decepción con lo que se ha dado esta mañana en el tribunal, por desgracia”, mencionó Feusier.
Luis Rivera, parte del equipo defensor, comentó que, a pesar de tratarse de delitos comunes, no se les ha dado un tratamiento apegado a derecho. Señaló que para ellos, las resoluciones han estado fundamentadas en razones políticas y no en cumplimiento de una verdadera justicia.
La abogada Emperatriz Flores aseguró que van a apelar la decisión una vez sean notificados con el auto judicial. A partir del siguiente día de la notificación, tendrán cinco días hábiles para presentar un nuevo recurso de apelación. Por su parte, Feusier enfatizó en la solicitud que han mantenido desde el principio: un tratamiento apegado a la Constitución, a derecho nacional e internacional. También agradeció a los diferentes organismos internacionales por su compromiso y apoyo para los dos defensores.
Desde el momento de su captura, diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado exigiendo la pronta liberación de Alejandro y el pastor José Ángel. De hecho, el pasado 1 de julio, Amnistía Internacional los declaró, junto a la abogada Ruth López, como presos de conciencia. Esto quiere decir que son personas privadas de libertad únicamente por expresar sus ideas de forma pacífica, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad.
Una de esas organizaciones para exigir la libertad de los dos defensores de derechos humanos fue la Red de Líderes Religiosos de Chicago para Latinoamérica (CRLN, por sus siglas en inglés). En su comunicado expresaron que la detención de Alejandro y el pastor José Ángel es un acto de persecución política.
También se pronunció Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos. Hizo un llamado para que se retiraran los cargos en contra de Alejandro y José Ángel, y que fueran puestos en libertad inmediatamente.
Tras la decisión de la jueza, Cristosal emitió un comunicado mostrando su respaldo a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. La organización señaló que hay suficiente prueba documental que expone la ausencia de hechos que justifiquen la acusación penal y que la resolución de la audiencia especial de revisión de medidas “vulnera el derecho a la presunción de inocencia al prolongar su detención sin fundamento, al no tomar en cuenta los arraigos presentados por la defensa, las condiciones de salud de ambos defensores y la existencia de cargos infundados en su contra”.
Consecuencias en la salud de Alejandro y José Ángel
Poco más de cuatro meses han sido suficientes para que Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez ya estén padeciendo los efectos del hacinamiento, insalubridad, mala alimentación y poca o nula atención médica al interior de los centros penitenciarios de El Salvador. Estas problemáticas, denunciadas incontables ocasiones por personas que han recuperado su libertad, han sido ignoradas por la Dirección General de Centros Penales y por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
De acuerdo con la abogada Evelyn de Guely, Alejandro Henríquez presenta afectaciones en la piel de sus brazos a causa de las condiciones insalubres en las que se encuentra en el Centro Penal La Esperanza. No ha recibido ningún medicamento que le ayude a contrarrestar esa condición. Mientras que el pastor José Ángel ha perdido completamente la audición en su oído izquierdo. También sufrió una fiebre alta los primeros días que llegó a la cárcel. A raíz de estos problemas, solicitó hasta en tres ocasiones que le brindarán asistencia médica y medicinas, pero sus peticiones no fueron correspondidas en ninguna ocasión, dejándolo sin ayuda para sobrellevar sus malestares.
Capturados por apoyar a una comunidad
Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez fueron capturados tras acompañar a más de 300 familias de la Cooperativa El Bosque que estaban bajo amenaza de ser desalojadas de sus viviendas por un caso que tuvo su origen a finales de la década de los 90. La cooperativa adquirió una deuda que no fue capaz de pagar, pero en el camino hacia una posible solución ofrecida por un banco, aseguran que fueron estafados por el representante legal de Sociedad Proyectos e Inversiones (PROYIN S.A. de C.V.), Luis Palomo Urbina, quien luego los demandó.
Ante esta situación, la cooperativa decidió organizarse para pedir un alto a la orden de desalojo. Habían preparado una vigilia pacífica para solicitar la intervención de Nayib Bukele. Se concentraron en una zona aledaña a la residencia del mandatario. Su respuesta fue reprimirlos con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar. Esa noche del 12 de mayo fue capturado el pastor José Ángel. Al día siguiente, agentes de la PNC llegaron hasta el lugar de trabajo de Alejandro Henríquez y se lo llevaron detenido.
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Fotografía: Gato encerrado. El abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez tendrán que permanecer en prisión. Los abogados defensores apelarán la decisión de la jueza.