Por: Laura Cruz. Alainet. 13/08/2019
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre cómo está otorgando el FMI los fondos a Argentina, concluye con que se ha hecho en flujos discontinuos para favorecer a Macri electoralmente.
El CEPA (Centro de Economía Política Argentina) ha presentado un informe sobre la forma en la que se está desarrollando el rescate financiero que Mauricio Macri, presidente de Argentina, solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado. En él, declaran que “el cronograma de desembolsos del programa está diseñado a medida del cronograma electoral argentino”, ya que el 90 % del desembolso se llevará a cabo antes del 27 de octubre de este año, fecha de las elecciones presidenciales, en las que Macri se juega su permanencia en el cargo.
El programa que el FMI aprobó para el país sudamericano, es el denominado “Stand by” (o derecho de giro), un instrumento crediticio que busca solventar problemas en la balanza de pagos y cuya duración no suele superar los 36 meses como máximo. En este tipo de programa, hay varias modalidades, entre las que se encuentran las dos más rápidas: acceso con mayores desembolsos iniciales y el acceso rápido, un tipo de financiación de emergencia.
Una de las advertencias de la CEPA es que la ayuda financiera por valor de 57.000 millones de dólares que el FMI aprobó para Argentina, constituye una de las mayores cantidades otorgadas en las últimas décadas, por delante incluso del primer rescate a Grecia en 2010 (44.000 millones) o a Brasil en 2002 (36.000 millones). Como contraprestación, el FMI pide además de forma complementaria a la devolución económica también “medidas estructurales” —lo que tradicionalmente llaman ‘reformas’ y que suele llevarse por delante parte del sistema público del país solicitante—.
DE LA DÉCADA PERDIDA AL GIRO NEOLIBERAL
Argentina ha ido encadenando crisis económicas desde la llamada “década perdida” de los 80, especialmente desde que en 1985 se lanzase el “Plan Austral”, bajo la supervisión del FMI. Esto llevó a varios escenarios de hiperinflación y a otro acuerdo en los 90 con el FMI, esta vez con Carlos Menem al frente del ejecutivo argentino. Aquello produjo un desahogo financiero temporal para el Estado, a costa de un mayor desempleo, que luego se traduciría en la crisis de 2001, punto de partida del famoso “Corralito”. El FMI acusó entonces a Argentina de no haber cumplido correctamente con sus obligaciones al efectuarse la devolución del préstamo.
Sobre si hay miedo a que algo así pueda repetirse, Hernan Letcher, director del CEPA, cuenta a El Salto que “el escenario actual es de default o impago, es decir, de imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones. Esto deriva de un error de diagnóstico del Gobierno: no es el déficit fiscal el problema, sino la balanza de pagos. Argentina presentará serias dificultades para acceder a los dólares necesarios para enfrentar esta crisis”.
Las diferencias más notorias sobre este rescate y el Corralito, son, según Letcher que, “aunque las reservas netas (depósito de moneda extranjera controlado por el Banco Central de cada país) son similares a las de aquel momento, en esta etapa es más factible devaluar y que eso pueda ‘resolver’ temporalmente el estrangulamiento, con los costes sociales que ello conlleva”. Sin embargo, no parece un escenario muy favorable para una crisis bancaria como en 2001 porque “no hay un escenario de desconfianza del sistema bancario, en principio. Esto no quita que si se produce una crisis cambiaria (fuerte depreciación de la moneda), ello derive en una posterior crisis bancaria”, señala Letcher.
En el informe del CEPA también se advierte del cambio en las estimaciones y proyecciones económicas de los indicadores, los cuales creen que son “por exceso de optimismo”. Es decir, las previsiones son más halagüeñas de lo que deberían ser.
Cuando se superan límites de seguridad para la devolución de estos desembolsos financieros, el FMI tiene cuatro criterios para otorgar un acceso excepcional a fondos. Estos son: una crisis de balanza de pagos que no pueda solventarse convencionalmente, deuda pública en un sendero de alta probabilidad de refinanciación a medio plazo, perspectiva favorable para poder volver a los mercados de crédito internacional y una perspectiva de éxito muy elevada, con capacidad institucional y política de poder llevarse a cabo. Según la CEPA, al menos los tres últimos “son de dudoso cumplimiento, violando incluso las normas internas del FMI”.
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Fotografía: Rebelión
