Por: Beatriz Guillén. El País. 07/07/2026
Es, por desgracia, una historia vieja en Veracruz. Un comando armado entró en casa del periodista Moisés Sánchez en Medellín de Bravo el 2 de enero de 2015, lo sacó delante de su familia y de la mirada omisa de policías municipales y lo encontraron sin vida 22 días más tarde. El principal sospechoso de haber encargado su muerte sigue siendo el alcalde Omar Cruz. Sergio Landa se reunió con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz el 22 de enero de 2012 y esa fue la última vez que lo vieron con vida sus compañeros de Diario Cardel. Todavía sigue desaparecido. María Elena Ferral recibió ocho tiros en marzo de 2020 después de haber investigado durante años desapariciones forzadas y corrupciones del poder. Había denunciado las amenazas constantes de una red política encabezada por el exalcalde y exdiputado Basilio Picazo, todavía prófugo. En Veracruz mataron a Regina Martínez, a Noel López, a Cándido Ríos, a Jorge Celestino Ruiz, a Jacinto Romero, a todos después de haber denunciado las amenazas. La lista de periodistas asesinados crece y crece en el Estado hasta llegar este viernes al número 34, el de Roxana Guzmán. El último crimen contra la prensa que revela, de nuevo algo viejo, el vínculo entre el crimen organizado y el Estado.
En total, ocho personas han sido detenidas por el secuestro y el asesinato de Roxana Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, una página de Facebook que gestionaba desde Nanchital, donde vivía con sus padres, sus dos hijos, su hermano y sus sobrinos, repartidos en dos casas y un patio compartido. La familia tenía un negocio de mariscos, otro de botanitas y un último, más reciente, de micheladas. Recibían pedidos por teléfono y los repartían por esta localidad, de apenas 30.000 habitantes, del sur de Veracruz. Por esa razón en Pulso Informativo se colaban también publicaciones de las promociones. Convivían con los anuncios de acontecimientos médicos y deportivos, con las noticias de accidentes de tráfico, de manifestaciones, y también de ejecuciones y desapariciones. Este tipo de medios localísimos son, a veces, lo único que se encuentra en regiones tomadas por el crimen organizado. Nanchital es una zona de silencio.
Sin una investigación es difícil saber si a Roxana Guzmán la secuestraron y la mataron por su labor informativa, como es difícil identificar cuál de los artículos disparó la persecución de otros compañeros asesinados antes que ella. De momento, su caso está en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende la Fiscalía General de la República (FGR).
La gobernadora morenista Rocío Nahle todavía no se ha pronunciado sobre el hallazgo de los restos de la periodista, confirmado este viernes, pero hace días que trató de desmarcar la labor informativa de la investigación. “Las agresiones no son por su trabajo periodístico. Aquí en mi Gobierno hay absoluta libertad de expresión”, dijo la mandataria, a quien ya se le acumulan sin respuestas los cadáveres de tres comunicadores. Carlos Leonardo Ramírez y Luis Ángel López Valdez fueron asesinados en enero y en junio en Poza Rica. En México en 2026 han matado a tres periodistas, los tres han sido en Veracruz.
En el caso de Guzmán, la Fiscalía estatal ha comunicado la detención de ocho personas: cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en el sur de Veracruz y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, la localidad vecina a Nanchital. El primero en caer fue José del Carmen, apodado como el Delta 7. Él fue reconocido por la madre de Roxana, Rubicelia Ramírez, como uno de los hombres que entró a la vivienda a llevarse a la periodista. Era un “objetivo prioritario” de la Fiscalía de Veracruz y quien pone los ojos en el brutal video que grabó la familia de Roxana de cuando llegaron a llevársela el 2 de junio. A partir de él llegaron hasta Javier Iván, alias Delta 1, y Luis Arturo N, conocido como Delta 11. Los tres participaron en el secuestro de la comunicadora.
Algunos medios locales han vinculado a los tres hombres con el Grupo Sombra, una célula criminal que nació tras escindirse del Cártel del Golfo, en el norte de Veracruz, y que ahora opera en todo el Estado, y también tiene presencia en Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, según la consultora de seguridad Lantia Intelligence, que recoge reportes de agresiones a civiles desde Poza Rica hasta Coatzacoalcos en el último año. La Secretaría de Defensa recogía que Grupo Sombra “estaba en guerra” con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2019, según información revelada por el grupo de hackers Guacamaya.
La Fiscalía de Veracruz encontró los restos de Roxana la pasada semana en un rancho en Moloacán, pero no confirmó hasta este viernes —después del análisis genético con su familia— que fuera ella. El reporte de La Silla Rota en Veracruz apunta a que la periodista fue calcinada en ese predio, donde ayudó a ocultar evidencia Karen N, apodada La Hiena, y a donde llegaban los policías municipales. Esta información sí ha sido confirmada por la Fiscalía que acusa a los agentes Julio César N, Luis Enrique N, Juan Carlos N y al comandante Ismael N, de “proporcionar recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo”. Esa información concuerda con lo que la madre de Roxana Guzmán relató a este periódico de que los cuatro hombres que secuestraron a su hija iban vestidos como policías y que incluso, cuando ella les preguntó que a dónde la llevaban, ellos respondieron que “a la comandancia”.
Esta es la última incursión del crimen organizado en el aparato del Estado, una además confirmada con detenciones. Será la Fiscalía ahora quien deberá seguir investigando por qué policías y criminales se aliaron para secuestrar y matar a Roxana Guzmán.
Fotografía: Tamara Corro. Excelsior