“Gobierno e iniciativa privada avanzan en el cumplimiento de la Agenda 2030”.
Jorge Salazar García.
El artículo 35, fracción VIII, de la Constitución establece el Derecho de “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. Para ejercer este derecho el Congreso debe convocarlo, previamente solicitado por Presidente; el 33% de alguna de las Cámaras o de, al menos el 2% de los ciudadanos, (1.8 millones), “inscritos en la lista nominal de electores”. Con esta prerrogativa se pretende fortalecer la democracia participativa fundamentada en el artículo 39 de la Carta Magna. Lamentablemente se encuentra acotado por, entre otros, el requisito de vinculación, que exige la participación del 40 por ciento de ciudadanos. Es decir, si no acuden a dar su opinión 37.5 millones de mexicanos, el resultado no es obligatorio.
Tal Derecho, tomando en cuenta la participación registrada en las dos consultas realizadas [juicio a expresidentes, (8 %), y revocación de mandato, (18 %)], es letra muerta. Habría que agregar que el ejercicio es bastante oneroso y manipulable, debido a que los neoliberales, acostumbrados a dar “atole con el dedo” al pueblo, colocaron candados haciéndolo inalcanzable para quienes no tienen dinero. Sólo los dueños del dinero cuentan con el capital necesario para difundir, promover, y sobornar a compinches: INE, TRIFE, magistrados, partidos, jueces… Por el momento, con un pueblo sin identidad de clase, fraccionado y confrontado por los partidos políticos, los únicos que pueden convocar a 37.5 millones de ciudadanos a participar en un evento ajeno a la sucesión presidencial son esa elite corrupta nacional.
Entonces, se preguntará usted: ¿Por qué la derecha no logró revocar el mandato a AMLO? Simplemente porque no le convenía. El presidente atempera tempestades y rabias populares, les deja seguir explotando al trabajador, no grava la riqueza, no les aumenta los impuestos, no sanciona drásticamente los abusos en precios y gasolineras, les vende dólares baratos, los exime del impuesto general de importación, les respeta las concesiones y tienen derecho de picaporte en palacio nacional. No tenía caso gastar billetes propios a lo pendejo.
Como sea, aún con sus limitaciones, ese derecho conlleva la intención de democratizar la toma de decisiones en asuntos de trascendencia nacional. No obstante, como se citó antes, seguirá sin funcionar mientras todo el control lo mantenga un Estado entreverado con la élite económica. Esta insana mezcla de poderes, que el Presidente dijo querer separar, realmente se reagrupa y consolida, incluso en MORENA; la cual hasta modificó sus Estatutos en la pasada Convención. En este evento formalizó ese amasiato incorporando el artículo 37 Bis cuyo objetivo es legalizar (controlar) “la elección del Presidente y Secretario General del partido mediante el método de encuestas abiertas a la población”. Si bien es cierto que consulta y encuesta no son lo mismo, ambas comparten la esencia de recabar información. La primera nos remite a lo político y la segunda a lo mercantil. Por esta razón es objetable que un partido legalice mediante sus Estatutos una técnica de mercado en sus procesos de “elección” internos; sobre todo MORENA que condenaba la intromisión del poder económico en las decisiones políticas.
Desafortunadamente, MORENA, colonizada por el neoliberalismo, con dicho artículo traslada al mercado la facultad de los militantes de elegir a sus dirigentes nacionales. Con esa norma institucionaliza el actuar antidemocrático de sus dirigentes y despoja de ese derecho a sus afiliados. Lo peor del asunto es que el poder político vuelve a depositarse en manos del económico, dueño de las principales compañías encuestadoras.
Respecto a la sucesión presidencial, tanto las «corcholatas» como los dirigente del partido buscarán contratar la encuestadora que les garantice el resultado deseado. La empresa contratada obrará en consecuencia, haciendo lo que sabe hacer bien: inducir tendencias. Los precandidatos serán ofrecidos como artículos de mercado y la empresa declarará ganador a quien el Presidente, los dirigentes de MORENA y los grandes magnates hayan elegido para ocupar la silla presidencial durante el próximo sexenio. Lo que ya no es seguro es que todas las «corcholatas» se sumen a la “cargada” y apoyen al ”destapado”. La función del pueblo será legitimar, no elegir, de entre los candidatos impuestos por el poder, al próximo presidente de México; a menos que surgiera una candidatura surgida de un movimiento popular organizado, desde abajo.
Comentario aventurado: Dada la extraordinaria sagacidad de AMLO, ¿será que la renuncia de Tatiana sea una jugada maestra acordada con la mera élite empresarial para postularla como candidata de unidad nacional en caso de que, como se vislumbra, se desaten los demonios en el proceso de sucesión? Esta señora declaró al informativo “La Octava” (31/03/22) que México estaba avanzando en el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2015 rumbo a la agenda 2030, cuya esencia es poner por encima de los intereses nacionales los de las trasnacionales y corporaciones estadunidenses que esparcen su apocalipsis por doquier.
