Por: JoseManu Gutiérrez, Iñaki Uribarri. 22/03/2026
El próximo 17 de marzo tenemos otra cita en la calle. No es una convocatoria más. Saldremos porque, cuando el salario no alcanza, la dignidad se organiza. Esta huelga es la respuesta colectiva a una acumulación de decisiones políticas que han ignorado demandas sociales ampliamente respaldadas -como las Iniciativas Legislativas Populares sobre pensiones mínimas o sobre un salario mínimo propio- y apoyadas por cientos de miles de personas en Hegoalde. Frente al negacionismo institucional, la dignidad toma la palabra y se convierte en acción colectiva.
La dignidad no es negociable, y recibir salarios que nos permitan vivir -no solo sobrevivir- es un derecho, no un privilegio. Desde una mirada ecosocialista, la dignidad no puede desligarse ni de la justicia social ni del respeto a los límites del planeta. No hay vida digna en empleos precarios ni en territorios degradados. No hay transición ecosocial posible si se construye sobre salarios de miseria, vidas agotadas y zonas de sacrificio.
Las ultimas subidas del SMI siguen muy lejos de garantizar vidas dignas, anuladas rápidamente por el coste de la vivienda, la energía o la alimentación. Malvivir con el salario mínimo implica destinar una parte desproporcionada de los ingresos a gastos básicos originados por nuestra innata ecodependencia (dependencia de la naturaleza) e interdependencia (dependencia de otras personas). Europa recomienda que el salario mínimo sea el 60% del salario medio, lo que en Euskal Herria supondría 1.600 €.
Sin embargo, el problema no es solo cuánto se cobra, sino para qué modelo económico trabajamos. Un salario digno es una condición material imprescindible para escapar de la inseguridad económica. La precariedad laboral estructural -temporalidad, subcontratación, brecha salarial- no solo empobrece, sino que impide planificar la vida, cuidar, participar en la comunidad y construir alternativas.
Hablar de salarios hoy es, además, hablar de crisis ecosocial, global y local. La crisis de la vivienda se agrava cuando los ingresos no alcanzan, se potencia un turismo descontrolado -que solo beneficia a unos pocos- y el territorio se pone al servicio de la especulación. La siniestralidad laboral crece cruelmente en los sectores más precarizados. La pérdida de poder adquisitivo debilita la vida comunitaria y los vínculos sociales, especialmente entre los sectores más vulnerables. La inflación, la pobreza energética, el deterioro de la sanidad y educación públicas golpean con más fuerza a quienes menos tienen. Las demandas de las personas pensionistas o con dependencia- en un contexto de inexistencia de políticas publicas de asistencia social- surgen de una grave crisis de los cuidados, apenas paliada por el sacrificio de miles de mujeres, muchas de ellas migrantes. Los megaproyectos, que nos venden desde la tramposa “colaboración publico-privada”, ligados al turismo, la movilidad o la energía se presentan como soluciones verdes, pero reproducen un extractivismo explotador de personas y naturaleza. El ecosocialismo plantea una idea tan simple como radical: no se puede sostener una vida digna en una economía que arruina sus bases materiales.
Por eso, esta huelga traspasa la reivindicación salarial. Lo que está en juego es la posibilidad de un proyecto colectivo, que ponga la vida en el centro, basado en la suficiencia, los cuidados y la cooperación. Frente a la centralidad de una economía del saqueo, centralidad de la vida. Frente a la individualización de las crisis, lo común: servicios públicos fuertes, empleo con sentido social y ecológico, y comunidades vivas e inclusivas, donde a nadie se deje atrás.
La huelga es, en sí misma, un ejercicio de democracia directa. Debe ser una herramienta para decidir colectivamente qué trabajos son ecosocialmente útiles, qué entendemos por riqueza y qué merece la pena ser cuidado. Cuando la dignidad se organiza, se amplía el campo de lo posible.
Lo que está en juego el 17 de marzo, entendemos, va más allá de las nóminas. Nuestra fuerza reside en la articulación de muchas y diversas luchas: sindicalismo, feminismo, ecologismo, antimilitarismo, derecho a la migración, pensionistas, juventud, trabajadoras de lo público, del transporte, redes vecinales y de cuidados… El ecosocialismo actúa aquí como marco común, capaz de unir justicia social y sostenibilidad ecológica. No se trata solo de rebelarse, sino de construir poder popular para transformar el modelo productivo y reproductivo, señalando responsabilidades institucionales y exigiendo políticas transformadoras valientes.
La huelga es una herramienta de presión real y legítima. Cada voz que se suma amplifica el mensaje: “queremos vivir mejor, no producir más a cualquier precio”. La diversidad de voces de quienes participan -jóvenes, familias, trabajadoras precarias, estudiantes, personas desempleadas, pensionistas, migrantes, colectivos vulnerables, barrios y pueblos- es su mayor fuerza.
Secundar la huelga, acudir a las convocatorias, participar en comités y asambleas locales o difundir y explicar sus razones, son formas complementarias de implicarse. La organización desde lo cercano es clave para sostener el proceso.
El 17 de marzo es un paso, no una meta. Es un día para encontrarnos y reconocernos, para comprobar que no estamos solas. Una invitación a seguir tejiendo red y a construir una alternativa ecosocial justa y digna. Porque la dignidad no se mendiga: se organiza y se conquista.
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Fotografía: Viento sur