Por: La COPIPEV. 26/08/2016
Los motivos que nos congregan hoy, 25 de agosto de 2016, tienen una gran importancia para los jubilados y pensionados , pero también para los trabajadores en activo.
El primero tiene que ver con la RECOMENDACIÓN 16/2016, emitida por la CEDH el 21 de julio del presente. Dicha RECOMENDACIÓN marca un hito en la historia de las Recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, tanto estatales como nacionales e internacionales por lo siguiente:
. Reconoce que recibir una pensión es un derecho humano que ha sido violentado, en este caso, tanto por el IPE como por SEFIPLAN, al retrasar su pago.
. La RECOMENDACIÓN no se limita al universo de los 707 quejosos, sino que se extiende a TODO AQUEL QUE ESTÉ EN SITUACIÓN DE RECIBIR UNA PENSIÓN
. No se agota en la inmediatez de la administración actual, sino que involucra a las futuras administraciones estatales
. Sienta un PRECEDENTE importantísimo para los jubilados de hoy y de mañana, en México y en todos los Estados miembros de la OEA.
Ahora bien, quedaba la duda de si los entes señalados aceptarían la Recomendación y sí, la ACEPTARON. La CEDH dará seguimiento puntual a su cumplimiento.
Éste es un gran triunfo de los jubilados organizados en la COPIPEV y en el Frente Estatal en Defensa del IPE.
En el segundo punto vamos a referirnos a la campaña que ciertos dirigentes sindicales están llevando a cabo para convencernos de la quiebra financiera del IPE, misma que es atribuida insidiosamente, a los jubilados. La propuesta de estos dirigentes está encaminada a minar todavía más la situación financiera del Instituto proponiendo la venta de los bienes inmuebles que forman parte de su patrimonio. Quieren hacer esto, sin rendir cuentas de nada y sin explicar por qué el Consejo directivo del que forman parte, permitió que los recursos provenientes de las cuotas y aportaciones, pasaran a manos de la SEFIPLAN, hecho que debilitó al Instituto y lo hizo depender de esa Secretaría.
Nosotros tenemos serias objeciones a estas maniobras porque la información que hemos recabado nos indica que en el manejo y administración de dichos bienes hay una serie de situaciones por demás extrañas, que provocan que no se contabilicen ganancias, sino pérdidas. Aquí tenemos una muestra de una de esas anomalías: el ACTA constitutiva de una sociedad mercantil de la cual el IPE es socio mayoritario, con poder para administrar los hoteles Xalapa y Chachalacas, que siempre están en números rojos y que, según nos decían, habían sido dados “en comodato a una sociedad privada” La situación es por demás irregular, por decir lo menos: no se conocen las utilidades, los pasivos, las cargas fiscales. No se sabe nada de algo que debiera ser del conocimiento de los derechohabientes y de la sociedad veracruzana. Lo mismo sucede con inmuebles tales como la Plaza Agua Santa, en 20 de Noviembre y Maestros Veracruzanos, cuyos locales han sido vendidos; con terrenos en Coatzacoalcos, Veracruz, Boca del Río; con los cines y estacionamientos; con la Estancia Garnica, espacio que debería ponerse al servicio de los pensionistas y con muchas otras propiedades mal administradas, cuyo estatus legal se mantiene en la más profunda opacidad. La tendencia actual es la “venta de garaje” para justificar el saqueo y los malos manejos, con el agravante de que varios dirigentes sindicales están dispuestos a aceptar que, en un futuro muy próximo, los patrones de los trabajadores carguen con la responsabilidad de pagar las pensiones.
Los jubilados de Veracruz, que hemos estado defendiendo al IPE, somos sin embargo, conscientes de que el OBLIGADO PRIMARIO es el Estado; que es él quien tiene la obligación TOTAL de garantizar y otorgar la seguridad social, tal como las Leyes nacionales y los Tratados internacionales lo establecen ; que hemos obtenido, no sin sacrificios, una HISTÓRICA RECOMENDACIÓN de la CEDH y que la haremos valer. El gobierno del Estado tiene que pagar la deuda de 7 000 mdp que mantiene con el IPE y los consejeros deben aclarar por qué han contravenido la Ley prestando dinero a los gobiernos estatales.
Nuestra EXIGENCIA de RENDICIÓN DE CUENTAS y TRANSPARENCIA al Consejo directivo del IPE cobra más vigencia que nunca.
¡EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!
