Por: David Roca Basadre. 06/09/2024
En el país latinoamericano se ha impuesto una forma inédita de dictadura, liderada por una coalición con intereses particulares y ultraconservadores, que legisla al dictado de Keiko Fujimori
Costó ir desmontando el andamiaje, quizá por inédito. La figura de Dina Boluarte empezó a desinflarse poco a poco, no solo por la frivolidad de sus gestos, sino por la poquedad de sus recursos personales. Una persona, que fue de su entorno, la describe como incapaz de prestar atención a ninguna explicación, incapaz de leer, de escuchar más de dos minutos. Hace poco, mientras regresaba del desfile militar por las fiestas patrias, en carro descapotado y cuando, en patética comedia para las cámaras oficiales, hacía ademán de saludar –vaya uno a saber a qué, porque nadie la saludaba a ella–, de entre los pocos espectadores, una mujer le gritó: “¡Corrupta!”. Por el poco ruido, Dina Boluarte la pudo escuchar. Entonces se dio la vuelta, y desde su altura móvil le respondió: “¡Tu mamá!”. Así es la presidenta a cuyo Gobierno el dirigente de Vox Herman Tertsch felicitó por conocer el resultado electoral en Venezuela antes de que la gente terminara de votar.
Fue fácil. En medio de una población descolocada por la pobreza, y el desempleo, y desencantada de la política, una alianza envalentonada de corrupción fujimorista, extremistas de derecha, delincuentes con fortunas de origen desconocido, pero por todos supuesto (en el país que es primer productor de cocaína), delincuentes con etiqueta “de izquierdas”, y más aventureros, generaron una mayoría en el Congreso de la República, coordinaron con las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales, y desde allí fueran cooptando poco a poco los espacios del poder estatal, para instalar una dictadura. Hasta ahora, solo algunos fiscales y jueces independientes, la Junta Nacional de Justicia (que nombra jueces y fiscales), y los órganos del Jurado Nacional de Elecciones, se interponen en su ruta hacia la dictadura absoluta. Dina Boluarte había sido captada previamente para el proceso que, aprovechando debilidades flagrantes de Pedro Castillo, logró sacarlo del poder.
El irrelevante rol de Dina Boluarte, mero instrumento de un grupo que la necesita hasta lograr ese control total, ya no admite dudas. Boluarte también los necesita, porque penden sobre ella acusaciones por las masacres de 2022 y 2023 contra manifestantes, y mientras permanezca en el cargo es inimputable.
El personaje de paja, y sus ministros venidos de submundos tecnocráticos, se retratan fácilmente. Con un ministro de Relaciones Exteriores que elogia al mariscal Pétain en la recepción diplomática por el día nacional de Francia, (y que acaba de recibir un tirón de orejas público en la reunión de cancilleres de la OEA, por su lenguaje y maneras); un ministro de Educación que explica como un asunto cultural la violación de menores en internados escolares de una provincia indígena; un ministro de Economía que obedece órdenes de gasto caprichoso, a pesar de tener informes técnicos que los desaconsejan; un ministro del Interior que desmantela una de las pocas unidades policiales que funcionan bien solo porque investigaba el caso de los Rolex y joyas de Boluarte; un ministro de Salud que no sabe cómo solucionar una gravísima crisis por escasez de medicamentos en el sistema público porque no hicieron las compras a tiempo… No seguimos.
Boluarte se fue a China a vender burros
Dina Boluarte viajó a China en viaje oficial previsto con muchísima antelación, y se encontró con Xi Jinping. Antes de viajar, su oficina estuvo pidiendo proyectos a los ministerios. Con improvisación y alboroto, viajó la señora Boluarte.
Si hay algo que puede hacer hoy el Perú es sentarse a la mesa y hablar de igual a igual a los chinos. Y no es porque súbitamente Perú se haya convertido en potencia mundial, sino porque el azar, la geografía y la Historia lo ubican en el centro de un escenario geopolítico por el que todos se pelean: el Pacífico Sur. Allí transcurre lo principal del comercio de los países integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que contiene al 50% de la población del planeta, el 56% de la producción mundial, y en conjunto representa el 46% del comercio global.
El secreto de esta fortaleza peruana se llama Chancay. En ese pequeño poblado que, con su propia lógica, amenaza con transformarse de localidad menor en gran ciudad, como ocurrió con Shenzhen en China, se está construyendo el que será el puerto más importante del Pacífico Sur y uno de los mayores del mundo, capaz de acoger simultáneamente a decenas de buques de los de mayor calado, fundamental para la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda china en América Latina. Los proyectos de comunicación con el resto del continente incluyen, asimismo, un corredor bioceánico Perú-Brasil. Todo pasará por Chancay.
Con esos intereses en juego, era previsible que un gobernante hábil, y capaz de sacar ventaja de la situación para el país, llegara a China con un plan delineado de proyectos y preocupaciones que, con seguridad, el Gobierno chino estudiaría con atención. Pero no, en esta afortunada circunstancia, al Perú le tocaron Boluarte y su banda.
En la conferencia de prensa que dio a su retorno, tras tres meses de silencio desde el escándalo de los Rolex, no respondió a ninguna de las preguntas de los medios sobre ese tema. Tampoco acerca de su desaparición para hacerse una cirugía plástica, ni de los varios problemas nacionales pendientes, algunos muy graves. Ni siquiera un caso gravísimo de violación de más de 500 niñas en una olvidada provincia indígena, por sus propios maestros, durante varios años, le hizo mover ni una pestaña.
Solo habló sobre los convenios de cooperación obtenidos con China, nada extraordinarios. No hubo informe sobre los reclamos que debió hacer al Gobierno chino por los centenares de navíos pesqueros de ese país que depredan el mar peruano y que han hecho de China el primer exportador de pota a nivel mundial, ni por las continuas violaciones ambientales de las mineras chinas que abundan en el territorio, ni por el dumping en las importaciones chinas. No. Llamó la atención de todos el compromiso que asumió para la exportación de burros, cuya grasa usan los chinos para cosmética. Tal cual.
Hazañas del Kongreso
Pero Dina Boluarte no gobierna. En Perú gobierna, como dijimos, el Congreso de la República. Y la coalición de partidos que conforman la mayoría congresal dispone de ministerios e impone sus decisiones. Boluarte acata.
Los peruanos escriben Kongreso, porque allí se impone Keiko Fujimori, la hija del dictador, ladrón y asesino, convicto y confeso, Alberto Fujimori. Ella misma está acusada en un proceso judicial por lavado de dinero, mucho dinero, cuyo desarrollo es una de las noticias centrales de la política peruana. Aunque los abogados de Fujimori ya han planteado anularlo, apelando al Tribunal Constitucional nombrado por la mayoría congresal y que, previsiblemente, ordenará archivar todo el proceso, una investigación de varios años. De esta manera, Keiko Fujimori y su partido, acusado por la fiscalía de organización criminal, tendrían vía libre para su candidatura presidencial en 2026.
Los peruanos escriben Kongreso, porque allí se impone Keiko Fujimori
Por lo pronto, el Kongreso aprobó una ley de amnistía que dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002. Esta norma libera de responsabilidad a un importante grupo de militares procesados por asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos durante el periodo de violencia entre los años 1980 y 2000. Son alrededor de 600 casos de crímenes de lesa humanidad, con 550 víctimas directas, los que corren el riesgo de ser archivados, luego de que Boluarte promulgara la nueva Ley de Amnistía. Esto liberaría, también, a Alberto Fujimori, que tiene aún causas pendientes de juicio por ese tipo de crímenes. Se trata de matanzas, desapariciones forzadas, torturas, sobre todo de campesinos de los Andes y de la Amazonía. De paso, libera de juicios a senderistas. Esta ley viola tratados internacionales, como el Estatuto de Roma.
Luego, a pesar de ser un condenado indultado, pero aún culpable, el Kongreso le concedió pensión vitalicia como expresidente de la República a Alberto Fujimori. La misma que le negó a Pedro Castillo, que está siendo enjuiciado y aún sin sentencia.
Este Kongreso ha modificado cerca de 60 artículos de la Constitución. Entre otras cosas, volvieron a la bicameralidad que la población había rechazado en referéndum para poder reelegirse. La ley prohíbe la reelección, así que ahora los actuales congresistas podrán postular al nuevo Senado de 60 miembros, diseñado como muy poderoso, que elige a los miembros del Banco Central de Reserva (BCR), al defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional, y puede remover a la Junta Nacional de Justicia. El presidente de la República no podrá nombrar al superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, ni al contralor general de la república, sin la ratificación del Senado. Con todo ello, se privó al fiscal de la nación de la facultad de tramitar una acusación constitucional, para eso basta el Senado. Planea en el aire la idea de que sea el Senado el que nombre a los funcionarios del sistema electoral.
Este Kongreso ha modificado cerca de 60 artículos de la Constitución
En determinadas circunstancias, el presidente de la República podrá disolver la Cámara de Diputados y llamar a elecciones, pero al Senado no lo podrá tocar ni con una pluma. Asimismo, la Cámara de Diputados será totalmente sumisa a la de senadores que, si lo deciden por mayoría, podrán archivar toda propuesta de los diputados.
Leyes con nombre propio
El Kongreso aprobó leyes con nombre propio. Así, una que plantea que los allanamientos fiscales a inmuebles se realicen en presencia de la persona investigada y de su abogado. De haber existido esta ley en tiempos de la captura de Abimael Guzmán, el principal dirigente de Sendero Luminoso, hubieran debido avisarle con tiempo para que llamara a su abogado antes de que fuera capturado. ¿Por qué esta norma? Para proteger a Vladimir Cerrón, dirigente del partido “de izquierdas” Perú Libre, sobre el que pesa orden de detención y, hasta ahora, misteriosamente y a pesar de que el señor tuitea y debate por internet, nadie logra capturar.
Otra norma –en atención a que varios congresistas tienen acusaciones diversas– aprobó que se pueda otorgar la condición de pena suspendida a las condenas de hasta cinco años de prisión (antes era tres años), evitando que los sentenciados vayan a la cárcel, así como la prescripción de delitos en menor tiempo del vigente (lo que benefició al saliente presidente del Kongreso).
Hay leyes que liberan de impuestos a casinos, a peluquerías, a restaurantes, que otorgan beneficios tributarios a agroexportadoras y empresas textiles, atendiendo a las relaciones de los congresistas con los gremios referidos. El caso de los casinos, sospechosos de ser centros de lavado de dinero ilegal, es particularmente escandaloso.
La ley que dejó sin capacidad operativa real a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) cancela una importante reforma a un mal originado en tiempos de la dictadura fujimorista que liberó de impuestos al 100% a la inversión privada en educación. Lo que hizo de esta actividad un estupendo y lucrativo negocio, sin control alguno. Las nuevas universidades han arrojado al mercado muchísimos profesionales de escaso nivel. La novedad es otra nueva ley que declara a todas las universidades con licencia permanente.
Como ejemplo, al terminar la carrera de Medicina, para poder ejercer en el espacio público, los graduados deben rendir un examen nacional de medicina elaborado por la Asociación de Facultades de Medicina. Hay universidades, entre las nuevas privadas, con un 80% de graduados que suspenden ese examen.
La SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), creada hace pocos años durante un momento democrático, había empezado a corregir esto. Había logrado quitar licencia a 45 universidades y limitado la creación de facultades. Pero ya no hay SUNEDU, y varios propietarios de universidades chatarra son congresistas, y sonríen.
Han prohibido el lenguaje inclusivo, han facultado a las asociaciones de padres de familia a revisar los manuales escolares, han eliminado la paridad en las elecciones presidenciales y regionales, han dado una ley para otorgar derechos al concebido, han eliminado los partidos regionales…
Los delincuentes al poder
De entre las normas más graves que ha aprobado el Kongreso figuran la que incentiva la deforestación en la Amazonía, que elimina la protección del bosque y de las zonas vírgenes y comunales, y deja en libertad a mineros ilegales y taladores de árboles. La ley va contra las poblaciones indígenas que habitan esos territorios y que, en defensa de sus fueros, son amenazados; ya han sido asesinados más de 30, que se conozca. Perú es el segundo país amazónico después de Brasil y la afectación de la Amazonía peruana puede tener consecuencias graves no solo para el Perú.
La minería ilegal es una plaga destructiva en los bosques de todos los países amazónicos. Sus alianzas con el narcotráfico, la trata de personas, y otros crímenes son conocidos. En el Parlamento peruano tiene lobbys que les facilitan las cosas. Un congresista, Eduardo Salhuana, del partido de uno de los millonarios propietarios de universidades chatarra, él mismo electo por una provincia con amplia población minera ilegal, es una de las figuras que con más ahínco promueve las normas que favorecen a los mineros informales.
De entre las normas más graves que ha aprobado el Kongreso figuran la que incentiva la deforestación en la Amazonía
Y ahora, Salhuana ha sido elegido presidente del Kongreso para el periodo 2024 hasta 2025. Con la bendición de Keiko Fujimori.
Salir de esto
Con el poder acumulado, mediante maniobras de lawfare y otras triquiñuelas, la mayoría congresal quita del camino a cualquier eventual candidato con posibilidades en las elecciones generales de 2026. Basta que alguno asome la cabeza para que aparezca alguna guadaña. Al modo guatemalteco.
No será fácil salir de esta trampa. Y, cuando se logre, habrá que iniciar una tarea de reconstrucción del país, dicen algunos, como el exdefensor del pueblo Walter Albán.
El 95% de rechazo de la población hacia Boluarte y el Kongreso no es suficiente. La población expresa su enfado y rechazo siempre, pero el control de los medios de comunicación y de la represión hacen complicada la resistencia: es una dictadura caradura y capaz de matar, ya lo demostró.
Sin embargo, hay esperanza, eso aún respira.
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Fotografía: CTXT. Protestas en Lima contra Dina Boluarte. / Ángela Villón Bustamante
