Por: José Gil Olmos. Proceso. 26/09/2016
Concluida su gestión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza define su postura sobre asuntos que confrontaron al organismo internacional con el gobierno mexicano. Ahora dice con todas sus letras: el de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, la negación de la crisis de derechos humanos ha llevado a una mayor descomposición del país, y la administración de Peña Nieto ha establecido un sistema de complicidades con el Ejército, así como otras autoridades lo hacen con el crimen organizado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Más que una crisis de derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto sufre una descomposición peligrosa en esa materia porque nada detiene el cáncer de la violencia, la corrupción, la injusticia y la connivencia entre el crimen y agentes del Estado, afirma el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
En la primera entrevista a su regreso de Washington, donde está la sede de la CIDH, Álvarez Icaza advierte que el gobierno peñanietista tiene una enorme responsabilidad porque no atendió a fondo la crisis de derechos humanos que ya se registraba hace dos años y porque ha sido evidente la incapacidad de las autoridades y su colusión con el crimen organizado, como en el caso de Ayotzinapa.
Además sostiene que esta administración ha sido más opaca que las panistas en su relación con el Ejército porque con Vicente Fox y Felipe Calderón el vínculo era más institucional. Con Peña Nieto, señala, “el entendimiento del PRI y la Secretaría de la Defensa Nacional es más próximo y de cuasi complicidad. El Ejército ha ganado muchísimo espacio en esta administración y más peso en algunos casos de ejecuciones y desapariciones como la de los jóvenes de Ayotzinapa.
“Esta negativa de investigar qué pasó con el batallón en Iguala es insostenible. En una regla democrática, el Ejército es una institución de la democracia y no se puede seguir pensando y entendiendo bajo códigos de excepción. La normalidad democrática presupone que, con respeto al principio de la Ley de Seguridad Nacional, los militares también están sometidos al escrutinio y la revisión de cuentas. Sin embargo, el Ejército sigue reproduciendo su estado de excepción que está por encima de la Constitución. En esta administración se protege, solapa y cubre al Ejército”.
Para Álvarez Icaza es claro que el gobierno mexicano ha tratado de minimizar a nivel internacional la dimensión del problema, como si pudiera resolverse con una buena imagen oficial:
“La cancillería ha actuado en pleno retroceso. No sólo no ha querido reconocer el problema, sino que se ha dedicado a atacar todo cuestionamiento. El subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, es un hooligan con corbata que se ha dedicado a atacar y amenazar como en los peores tiempos del PRI; es un golpeador que intriga y miente pretendiendo construir una narrativa oficial similar a lo que ahora vimos en el informe de gobierno de que las buenas noticias no se cuentan.”
Sin embargo, el exfuncionario de la CIDH señala que esta política internacional del gobierno peñanietista ha fracasado, pues representantes diplomáticos en derechos humanos de varios países tienen la información de sus inversionistas, quienes denuncian las dificultades que tienen en México por la extorsión, el pago de derecho de piso, las amenazas, el moche y los secuestros del crimen organizado.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2082 de la revista Proceso, ya en circulación.
Fuente: http://www.proceso.com.mx/456267/ayotzinapa-fue-crimen-alvarez-icaza
Fotografía: proceso
