Ante el miedo, la organización

“Lo más importante, vecinos, es que nadie va a hacer nada por nosotros. Vamos a tener que organizarnos en grupos por calle, por manzana, por zona y entre todos organizarlo. Nada que ustedes no hagan, lo va a hacer alguien por ustedes”.

El que habla es Sergio González, un vecino de la colonia Juárez. Con un megáfono en la mano se dirige a medio centenar de personas reunidas en un parque bajo una carpa, vecinos del barrio en asamblea. Es domingo 24 de septiembre, apenas 5 días después del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México.

Desde ese momento, muchos chilangos supieron que de ellos dependería volver a tener la certeza de que las casas, los cafés, las escuelas y demás edificios en los que desarrollan su vida son seguros. Ante eso, algunos de los vecinos de la colonia decidieron poner manos a la obra y crear un Atlas de riesgo específico para esa colonia.

La idea es asegurarse de que no haya un socavón debajo de la escuela de sus hijos o que por debajo de sus departamentos no pasa una grieta geológica. Al momento de la propuesta vecinal, los mapas de riesgo de la ciudad no eran públicos y no había manera de conocer esa información; pero incluso ahora, que es público, los vecinos no confían en él.

“La bronca de los edificios afectados es que no hay dictámenes serios, porque la gente los hizo a ojo de buen cubero” dice Sergio González, y explica que los peritajes los hicieron solo con inspección ocular. Sergio también es parte de ‘la cero sesenta y seis cero cero’, una plataforma y observatorio vecinal que está haciendo frente a la contingencia del sismo en esta zona.

Los vecinos quieren un atlas de riesgo edificio por edificio, cuadra por cuadra y manzana por manzana. Un atlas que se haga escaneando las estructuras de cada edificio.

Para ello los vecinos de la Juárez deben superar varios obstáculos. El primero son los recursos. Y por eso decidieron pelear el recurso de los parquímetros, al que tienen derecho como vecinos. Sin embargo, esto puede ser difícil, porque, a pesar de que ese fondo se debe destinar a iniciativas vecinales, los vecinos nunca han decidido sobre su uso. Esta decisión recae, en parte en el gremio de restaurantes, antros y bares de la zona rosa, que no parecen estar muy interesados en el proyecto. El segundo problema, es conseguir un equipo responsable para desarrollar el proyecto, uno en el que los vecinos puedan confiar.

“El Atlas lo hacen empresas o universidades. La UNAM tiene toda la infraestructura. Habría que armar un equipo transdisciplinario, con oenegés especialistas, universidades para que ellos decidan las metodologías y la tecnología que se necesitan usar”, explica Sergio.

Vecinos organizados en la Benito Juárez.

Un grupo de vecinos en la Delegación Benito Juárez, nacido a partir de la contingencia, están tomando un camino diferente a la iniciativa de los vecinos de la Juárez.

Uno de los días que siguieron al sismo, Mónica Solchaga, vio una convocatoria por Facebook a una reunión vecinal en la explanada de la delegación. Dudosa en ir, por no saber si verdaderamente acabaría haciendo un trabajo valioso o sólo gritando consignas, le dio una oportunidad.

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Manifestaciones en la delegaición Benito Juárez

La sorpresa fue grata

En la junta se llegó a la conclusión de armar un pliego petitorio; en una segunda reunión, con ideas concretas, se redactó y se conformaron tres mesas de trabajo, no solo para dar seguimiento a las demandas, sino también para tomar acciones que lleven a su correcto cumplimento.

“Esto es el construir una nueva ciudadanía, el que hagamos que nuestros gobernantes, no importa de qué color sean, hagan lo que tiene que hacer. Y ni modo, nos toca ser los vigilantes”, cuenta Mónica, quien se integró a la mesa de verificación de construcciones irregulares.

La finalidad de la mesa es dejar una metodología, no solo para distinguir si una construcción está en regla o no, sino también saber a qué instancias puede acudir un ciudadano para reclamar.

Para lograrlo se han apoyado en vecinos con experiencia desafiando construcciones “voladas de pisos”, porque, como explica Mónica, la información sobre desarrollos inmobiliarios está atomizada, una parte la lleva el Invea y otra la llevan las delegaciones. Entonces, cuando uno como ciudadano intenta consultarlas se vuelve un laberinto burocrático.

Una de las vecinas que las guía en el proceso para vigilar construcciones irregulares libró una batalla contra una constructora que ponía departamentos de más a un desarrollo. Logró parar la obra, por un rato. Después, la constructora la demandó a ella por pérdidas. Al final, los departamentos se completaron.

“Resulta que los ciudadanos tenemos que hacer el trabajo de supervisión, porque no hay un ente que supervise todo esto”, se queja Mónica mientras explica que para cambiar las cosas el trabajo de los vecinos se ha vuelto como de detectives que arman un rompecabezas de firmas, permisos, documentos, pero que nadie verifica.

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#LaCorrupcionMata Mesas de trabajo en la explanada de la delegación Benito Juárez

Otra de la mesa es la del censo de los daños. En ella están Andrea Colores Ramo, de la Narvarte Oriente, y Erika García, de la Narvarte Poniente, quien se sorprendió cuando el gobierno anunció que clasificaría los inmuebles en un semáforo (verde, amarillo y rojo) para determinar su grado de afectación. Su edificio, de acuerdo con esta lista, era inhabitable, a pesar de que sólo presentaba daños en los acabados.

Con la espina de la desconfianza, y ya en la mecánica de la organización vecinal, Erika y Andrea vieron que era necesario hacer un levantamiento independiente de los daños. Entre las peticiones del pliego, solicitaban a la delegación una lista de daños. Cuando se las entregaron, muchos vecinos saltaron a decir que faltaban muchos edificios.

Así, decidieron acercarse a los habitantes, que descubrieron fue la mejor fuente de información. Con ellos están armando un censo participativo, como varios más que han surgido en la ciudad a partir del terremoto. La idea es comparar los datos que les entregó la delegación con los que ellos recabaron a través de la plataforma de mapeo Open Street Map. También esperan juntarla con otros esfuerzos ciudadanos de localización geográfica de afectaciones.

En la lista que el gobierno les entregó, sólo hay 35 edificios que están siendo o serán atendidos, sin embargo, en la mesa han recibido cerca de 100.

Otro de sus objetivos, es verificar que los peritajes del gobierno hayan sido confiables y que abarquen a todos los inmuebles.

“Estamos trabajando es ver si los edificios tienen dictamen o no, porque está muy poco claro. Hay edificios que no tienen dictamen, pero sí daños muy visibles, otros que sí tienen dictamen y que no tienen daños visibles o hay otros en los que nadie sabe nada, más que están totalmente deshabitados”, dice Andrea.

Con el levantamiento que han hecho, se dieron cuenta que el 20 por ciento de los edificios que registraron, con la ayuda de los vecinos, no cuentan con un dictamen oficial, que es necesario para una declaratoria de habitabilidad o para que sus habitantes tengan acceso a apoyos para la reconstrucción. De esos, al menos 10 por ciento sólo cuentan con una revisión ocular, o como dicen ellas ‘a ojímetro’. “La gente que vive ahí está muy preocupada”, aseguran.

Programa de dictámenes de seguiridad estructural e instalaciones y proyectos de reforzamiento estructural del Multifamiliar Tlalpan

Lo que viven en el multifamiliar

Héctor Toledo no tiene claro si vivía o vive aún en el Multifamiliar Tlalpan. Su duda es la de 500 familias más. Después del terremoto de septiembre, un edificio del complejo habitacional se derrumbó y otros diez tuvieron daños, dejando a más de 2 mil personas damnificadas. Héctor Toledo está entre ellos y forma parte de la asamblea de vecinos que busca regresar a sus hogares.

En la asamblea, como en otros grupos ciudadanos formados a partir de la emergencia, los vecinos se dividen en comités. Héctor es parte del que revisa dictámenes de habitabilidad de los edificios dañados, y como pasa también en otros grupos ciudadanos, en Tlalpan tampoco confían en las autoridades.

“Estos dictámenes son una revisión ocular de cómo están los edificios después del sismo, no es un dictamen en forma, no tiene un sustento técnico”, explica por teléfono Héctor, quien también es ingeniero civil.

De acuerdo con los dictámenes, tres de los edificios dañados de la unidad ya podían volver a ser habitados. Pero en estas inspecciones sólo se revisó la parte estructural de los edificios, sin fijarse en el resto de la estructura. De acuerdo con Héctor, en varios hay fugas o problemas con las tuberías de gas, por lo que no pueden hacer uso de energía eléctrica ante el riesgo de un incendio. Sin luz, las bombas de agua no funcionan. Son edificios habitables sin agua, luz, ni gas.

A casi dos meses del sismo, hay gente de la unidad que sigue viviendo en campamentos; eso no les ha impedido presionar al gobierno para que les brinden atención. Sin embargo, con los tiempos políticos que se avecinan, Juan Carlos Miranda, otro de los vecinos, siente que las acciones del gobierno podrían verse aceleradas y poner sus vidas en peligro.

Tanto Héctor como Juan Carlos saben que si no fuera por la organización vecinal que tienen ninguna de las acciones que ahora lleva a cabo el gobierno en sus hogares, estarían pasando, por ejemplo, el gobierno de la ciudad ya está haciendo estudios básicos de mecánica de suelo y de topografía para conocer el estado del subsuelo de la zona.

A diferencia de los vecinos de Benito Juárez o de la colonia Juárez, el ingeniero Héctor Toledo dice que la gente de Tlalpan tiene ingresos muy bajos, por lo que es difícil que ellos solos puedan contar con acciones para reconstruir sus viviendas.

En estos tres casos, la preocupación de los vecinos no es gratuita y la respuesta de las autoridades no ha sido la mejor.

Luis Zambrano es ecólogo urbano del Instituto de Biología de la UNAM y se dedica a estudiar sistemas complejos en la ciudad de México, o sea, cómo interactúan diversos factores ecológicos en un lugar; por ejemplo, cómo una torre nueva en Santa Fe podría causar desabasto en una colonia en Coyoacán. De acuerdo con él, ni los planes generales de desarrollo urbano ni el de ordenamiento territorial de la ciudad contemplan vulnerabilidades ante sismos.

“Se está obviando mucho la participación de los vecinos y la única forma, de empezar a incidir es que los vecinos empecemos a presionar para que se incluyan este tipo de temas de manera fundamental”, asegura Zambrano.